Ť Es el instrumento esencial para consolidar la democracia, sostiene Luis Javier Solana

Periódicos y universidades dan a conocer iniciativa de acceso a la información pública

Ť Máxima apertura, rendición de cuentas, transparencia y gratuidad, entre los puntos relevantes

Oaxaca, Oax. En representación de las empresas periodísticas más importantes del país y de distintas universidades y centros de investigación, Luis Javier Solana dio a conocer hoy la propuesta de ley de acceso a la información pública, entre cuyos puntos más importantes se encuentran los principios de máxima apertura, rendición de cuentas, transparencia y gratuidad en el acceso a la información que posean las entidades públicas, tanto del Poder Ejecutivo federal como de los poderes Legislativo y Judicial.

Promotor desde hace más de dos décadas del derecho a la información, Luis Javier Solana subrayó que esta propuesta, avalada por los periódicos El Universal, Reforma, La Jornada y los agrupados en la Asociación Mexicana de Periódicos y la Asociación de Editores de los Estados, "constituye un instrumento fundamental para consolidar la democracia. La experiencia comparada con otros países demuestra que garantizar el acceso a la información pública ha sido un factor decisivo en el avance político, para mejorar el ejercicio de la función pública y la calidad de vida de las personas".

El organismo contempla sanciones

Durante cuatro meses de trabajo se analizaron las experiencias acumuladas en esta materia por otros países, se intercambiaron criterios con instituciones académicas, nacionales e internacionales y se llevaron a cabo consultas en diversos ámbitos.

El proyecto establece la creación de un organismo autónomo para promover la protección del derecho de acceso a la información. Este organismo será autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y será el responsable de capacitar, difundir, ofrecer asesoría, resolver controversias e imponer sanciones administrativas a quienes incumplan la norma.

 El proyecto también establece que el procedimiento de entrega de información no debe exceder los 10 hábiles a partir de su solicitud y sólo se establecen excepciones al acceso en relación con aquellos asuntos de la vida privada de las personas, considerados como de seguridad nacional, seguridad pública, política exterior o secretos científicos, industriales y bancarios.

"La información no es propiedad de gobernantes, sino de gobernados"

El investigador Ernesto Villanueva, promotor de la comisión técnica que elaboró la propuesta, destacó que este proyecto es distinto al que anunciara el contralor del gobierno federal, Francisco Barrio. "En principio -enumeró Villanueva- el ámbito de aplicación de nuestra propuesta abarca no sólo al gobierno federal sino a todos aquellos organismos públicos, incluyendo las empresas que operan con recursos públicos y los poderes Legislativo y Judicial.

"Al mismo tiempo, establece un plazo máximo de 10 años para mantener el resguardo de la información y crea un organismo autónomo encargado de la aplicación de la ley.

"Esta ley permitirá conocer toda la información que tiene el Estado. No debemos olvidar que la información es propiedad de los gobernados y no de los gobernantes", subrayó Villanueva, coordinador del programa sobre Derecho a la Información de la Universidad Iberoamericana.

A su vez, Jorge Islas, investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó que este proyecto de ley, a diferencia del que ha propuesto el gobierno, sí contempla sanciones y crea un organismo autónomo, que evitará ser juez y parte en el caso de controversias y de requerimientos de acceso a la información.

Entre las instituciones académicas signantes del documento se encuentran el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, las universidades Iberoamericana, Anáhuac, de Guadalajara, de Occidente, José Vasconcelos y la Mesoamericana, ambas de Oaxaca, así como la Fraternidad de Reporteros, la Academia Mexicana de Derechos Humanos y 72 periódicos del interior de la República Mexicana.