domingo Ť 30 Ť septiembre Ť 2001

Antonio Gershenson

Refinerías y política de inversión

Los sucesos relacionados con los aviones estrellados absorbieron la atención al punto de que otros asuntos importantes recibieron menos atención que la que hubieran tenido en otro momento. Es el caso de las irregularidades detectadas, con la revisión de la cuenta pública, por la Auditoría Superior de la Federación, en las obras de la refinería de Cadereyta. Este organismo del Poder Le-gislativo, que cumple las funciones antes realizadas por la Contaduría Mayor de Hacienda, presentó, en su Informe de resultados, información y análisis que muestran cómo no se deben hacer las cosas.

Se incluyen los siguientes datos: el costo de la inversión se elevó, frente al original, en casi mil millones de dólares, para resultar casi el doble de lo contratado; la refinería ya con sus actualizaciones debió entrar en operación comercial el 2 de julio de 2000, y es la hora que eso todavía no sucede, acumulándose un retraso del orden de un año y medio; inconsistencias entre los documentos del concurso; manejo discrecional del modelo contractual; se contrató un administrador del proyecto cuando la obra llevaba ya un avance de 83 por ciento; se realizaron pagos que contravienen la Ley General de Deuda Pública; se instalaron válvulas que habían sido rechazadas por el Instituto Mexicano del Petróleo, y otros problemas. Esto contribuye a que estemos importando más gasolina y otros productos refinados.

La revisión de la cuenta pública por la Cámara de Diputados y el trabajo de la mencionada auditoría no deben servir sólo para debatir. Se deben extraer conclusiones de estas experiencias. De cada uno de los problemas mencionados pueden desprenderse posibles medidas preventivas y de control, encaminadas a evitar que se vuelvan a dar. Pero aquí abordamos el problema de conjunto, que lleva a un cambio total en la forma que la tecnocracia impuso para llevar a cabo las grandes obras públicas.

Esta forma tiene como rasgo importante el consolidar todos los rubros del gran proyecto en un solo concurso. Cada concursante debe ofertar los materiales, la obra e incluso el financiamiento total. Esa consolidación, en un proyecto de gran tamaño, implica que muy pocos, en el mundo, van a poder participar. En Cadereyta no llegó a la licitación formal ningún grupo de empresas, ya no digamos de México, ni siquiera del continente en el que vivimos. Uno de los concursantes fue un consorcio de las cinco mayores empresas japonesas, y el otro fue una asociación del gigante coreano Sunkyong, Siemens de Alemania y, a cargo de la obra civil, la ICA mexicana. A esta última, encargada, por decirlo gráficamente, de la albañilería, ni siquiera toda ésta le tocó, porque Sunkyong trajo de Corea desde los trabajadores hasta prefabricados que sustituían buena parte de la obra civil local.

El argumento, hoy hecho pedazos en la cuenta pública, era que así era más barato hacer las cosas. Al reducirse al mínimo la competencia, difícilmente van a mejorar los precios. La posible economía de escala se ve rebasada por la acumulación de costos indirectos, porque la empresa que dirige el proyecto contrata con otras empresas muchísimas funciones y muy buena parte del suministro de componentes. También contrata el crédito. En cada uno de esos pasos queda un margen de intermediación.

Otro problema es que, al no haber un equipo propio de Pemex que trace y dirija el proyecto, y que supervise su cumplimiento, la empresa que dirige todo es la que puede actuar en su propio beneficio. Los funcionarios de Pemex, aun suponiendo que no hubiera manejos ocultos, quedan inermes ante la empresa y el consorcio ganador del concurso. Si no aceptan los diferimientos en el tiempo y los aumentos en el costo, se exponen a un ridículo público con el fracaso del proyecto como tal. Por si fuera poco, con este sistema no puede haber en Pemex una acumulación de experiencias que sólo podría darse a partir del equipo que traza, dirige y supervisa el proyecto, y que aquí no existió.

Entre las decenas de miles de despedidos, o jubilados a fuerza, o de alguna manera expulsados de Pemex, había ingenieros experimentados de los que deliberadamente se decidió prescindir. Se dijo que sus funciones podrían ser cumplidas por empresas consultoras del extranjero. Aquí está la realidad, y más vale que se rectifique rápido, porque los daños ya fueron graves y si no se rectifica el camino lo serán más, y quienes se empeñen en seguirlo tendrán que hacer frente a su responsabilidad.