SABADO Ť 29 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

Ť El gasto de $55 millones en publicidad no afectó programas prioritarios, concluye

Legal, el contrato que suscribió la gestión de Robles con Publicorp, determina la PGJDF

Ť Interpondrá AN recurso de inconformidad; si vuelven a exonerar a la ex mandataria "recurriremos ante un juez federal": Widmer Ť Partidizada, la justicia en la ciudad: PRI

ANGEL BOLAÑOS Y GABRIELA ROMERO

Al resolver en definitiva que no existió conducta ilícita alguna en el contrato que suscribió el gobierno de la ciudad con la empresa Publicorp en enero de 2000 y determinar el no ejercicio de acción penal en contra de la ex mandataria capitalina, Rosario Robles, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal señaló que "no se rige por principios políticos, sino estrictamente jurídicos y de derecho".

El coordinador de agentes del Ministerio Público auxiliares del procurador, Alejandro Robledo Carretero, y el fiscal de Servidores Públicos, Roberto Pérez Martínez, informaron que la asignación del contrato por 55 millones 62 mil pesos se realizó con apego a la legalidad y con recursos derivados de una mayor recaudación fiscal, por lo que no se afectaron programas prioritarios.

Al conocer el dictamen de la PGJDF, el diputado panista Walter Widmer López anunció que antes de 10 días interpondrá un recurso de revisión ante la Procuraduría General de Justicia del DF. "Aunque sabemos que la volverán a exonerar, por lo que una vez que esto suceda recurriremos ante un juez federal".

Agregó que ya no tiene confianza en la Procuraduría capitalina, porque ni siquiera llamó a comparecer a Robles Berlanga, mientras que otros no perredistas sí tienen que hacerlo.

Por su parte, Armando Quintero Martínez, coordinador de la bancada perredista en la Asamblea Legislativa, señaló que la campaña sucia que promovieron algunos diputados de Acción Nacional en contra de Rosario Robles se ha venido desmoronando en la medida en que se basó en infundios y mentiras. "Se está a un paso de que Rosario Robles quede absuelta de todos los cargos que se han hecho en su contra".

Estableció que la resolución emitida por la PGJDF rompe las ilusiones de quienes pensaron que a mediante una guerra sucia podrían desprestigiar no sólo a la ex jefa de Gobierno, sino también a la administración perredista.

Jorge Schiaffino Isunza, delegado especial del PRI capitalino, señaló que la exoneración de la ex jefa de Gobierno es un "hecho vergonzoso y lamentable, ya que demuestra cómo la justicia en la ciudad está partidizada".

Al dar a conocer la resolución, Robledo Carretero aseguró que "la procuraduría actuó con total imparcialidad. Se buscaron los elementos que acreditaran o desvirtuaran los hechos denunciados y se llegó a esta conclusión no porque se trate de un asunto político. La institución no se dedica a proteger a nadie, simplemente actúa con la legalidad y la imparcialidad que la Constitución ordena".

De la misma manera se actuará en otras denuncias en contra de miembros del PRD, manifestó por su parte el fiscal Pérez Martínez en relación con las que presentaron la semana pasada el secretario de Elecciones del PRI, Felipe Solís Acero, contra Armando Machorro, presuntamente por desempeñar las funciones de asesor en la SSP y al mismo tiempo de jefe de prensa en la campaña de Lázaro Cárdenas Batel al gobierno de Michoacán; asimismo, en la denuncia de Paola Durante Ochoa contra el ex procurador Samuel del Villar, por el proceso al que fue sometida como supuesta coautora del homicidio del comediante Francisco Stanley.

En el caso de la denuncia que presentaron los diputados Federico Doring, Walter Widmer y Ernesto Herrera, del PAN, y Arturo Barajas, del PRI, contra Robles Berlanga, el ex oficial mayor Porfirio Barbosa y el ex director de Comunicación Social, Agustín Granados, el MP propuso el 11 de julio pasado el no ejercicio de la acción penal, pero en la revisión, la Coordinación del MP auxiliar la devolvió y ordenó practicar otras diligencias.

Una vez concluidas éstas, propuso una vez más el no ejercicio al concluir que conforme al decreto de Presupuesto de Egresos "la Jefatura de Gobierno del DF puede asignar recursos que se obtengan en exceso de los previstos en el artículo primero de la Ley de Ingresos, a programas prioritarios y al apoyo de otros programas que resulten necesarios", y que los recursos gastados por Comunicación Social "no fueron tomados de programas prioritarios, sino que se derivaron de una mayor recaudación fiscal".

Dejó en claro que el gobierno enteró oportunamente a la ALDF de las asignaciones para el contrato con Publicorp, en los informes trimestrales de junio, septiembre y diciembre de 2000, y contó con la autorización del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios en un dictamen de fecha 26 de enero de 2000. Aunque el contrato se firmó el primero de enero de ese año, la Ley de Adquisiciones señala que dicho comité puede dictaminar sobre la procedencia o no de las adjudicaciones directas con independencia del momento en que se realicen.

Ayer, finalmente la Coordinación del MP Auxiliar admitió la procedencia del no ejercicio, envió al archivo la averiguación previa y notificará a los denunciantes que tienen un plazo de 10 días para inconformarse y exponer las razones por las que consideran improcedente el no ejercicio de acción penal, y la fiscalía deberá responder en los siguientes 15 días.