SABADO Ť 29 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

Ť Se pondrá "especial cuidado a la parte administrativa", adelanta

Ordenará Alvarez Icaza auditorías a la CDHDF

Ť En entrevista con La Jornada afirma que promoverá una política de rendición de cuentas para recuperar la confianza de la sociedad

GABRIELA ROMERO SANCHEZ

El ombudsman electo Emilio Alvarez Icaza Longoria señala que como parte del proceso de entrega-recepción de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se realizará una serie de auditorías para conocer cuál es la situación administrativa y financiera del organismo.

"Sin duda hay que poner especial cuidado en la parte administrativa; hasta ahora sólo conozco lo que se ha manejado a través de los medios de comunicación, sobre el no pago de impuestos, pero no quisiera hablar de irregularidades, porque éste es un calificativo fuerte. Primero tengo que informarme y luego actuar conforme a la norma".

En entrevista con La Jornada -la primera que concede a un medio impreso como nuevo ombudsman-, adelanta que promoverá una unidad de contraloría interna de la CDHDF y una política de transparencia en el manejo de los recursos, porque sólo así se puede recuperar la confianza de los capitalinos. "La cultura de rendición de cuentas se tiene que incorporar a la gestión pública moderna, democrática".

Por hacer públicos salarios

Sobre la controversia que existe acerca del salario que perciben los titulares de las comisiones de derechos humanos, señala que él se inclina por hacerlo público. "No sé en qué tiempo lo haré, pero sí tengo la disposición de empujar en esa ruta".

Explica que en los próximos días desarrollará un sistema de información con la finalidad de conocer qué pasa en la comisión, los tabuladores y nómina del personal, las condiciones laborales, el estado de las recomendaciones y los pendientes que se tienen. Anuncia que en un mes se tendrá que dar un informe del estado que guardan las recomendaciones.

Alvarez Icaza comenta que el jueves se reunió durante una hora con el ombudsman saliente, Luis de la Barreda. "En esa charla él mostró su disposición para atender los requerimientos informativos que se tengan". Será el lunes cuando le entregue oficialmente las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del DF, ubicadas en avenida Chapultepec.

"Como cualquier otro día, me presentaré el lunes a las 9:30 de la mañana e iniciaré mi trabajo", dice, y garantiza que no habrá despidos injustificados, por lo que los trabajadores pueden estar tranquilos. "No será un lunes negro para nadie".

Pese a que la Comisión de Derechos Humanos capitalina tiene ocho años de existencia, no cuenta con instalaciones propias, y de acuerdo con una de las observaciones que hace la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF en su informe de auditorías de 2000, hay un contrato de arrendamiento que vence en 2004. Al respecto, Alvarez Icaza Longoria establece que se analizará el documento, ya que entre sus retos está que la comisión cuente con instalaciones propias.

"Es uno de los temas que deberán incluirse en la negociación del presupuesto con la Asamblea Legislativa, porque en un futuro mediato tendremos problemas de espacio en materia de archivos, y se requiere un área de capacitación".

Garantiza imparcialidad

Por la mañana, antes de tomar protesta, Alvarez Icaza se reunió con la fracción del PRI, a cuyos integrantes garantizó que actuará con imparcialidad y con base en derecho. "Mi desempeño como consejero electoral demuestra que actué con apego a la norma, independientemente de cuál sea mi opinión, porque la ley establece el marco bajo el cual nos tenemos que mover".
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Y así se lo hizo saber a los diputados del PRI, hecho que quizás influyó para que decidieran votar por él.

Rechaza las afirmaciones de quienes lo señalan como el candidato de Andrés Manuel López Obrador. "No comparto la opinión de que el jefe de Gobierno intervino en este proceso, que fue autónomo y estuvo a cargo de la Asamblea Legislativa".

Considera que ese tipo de comentarios forman parte de una cultura política simplista, del presidencialismo. "Como hace ocho años Carlos Salinas de Gortari propuso a Luis de la Barreda y luego lo ratificó la Asamblea Legislativa, ahora que el cambio es muy fuerte todavía hay resistencias culturales".

Se define como un ombudsman que viene de la sociedad civil, con una convicción de formación en los derechos humanos. Recuerda que con sus padres vivió la experiencia de que el general Arturo Durazo allanara las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y las amenazas de secuestro que recibieron, por lo que considera que tiene la experiencia necesaria para generar sinergia con los distintos niveles de gobierno, que además son plurales, ya que tanto panistas como perredistas gobiernan en las delegaciones.

Atención a grupos vulnerables

Entre las metas que se ha fijado para los próximos cuatro años, está la de establecer la visitaduría de atención a grupos vulnerables, sobre todo gente en situación de calle, niños y adultos, así como indígenas, personas que sufren discriminación, ya sea por su manera de ser o por sus preferencias sexuales o religiosas.

Adelanta que se instalarán módulos móviles de recepción de quejas, sobre todo en los lugares donde se reportan casos de abuso de autoridad.

En un primer análisis, el nuevo ombudsman capitalino establece que la mayoría de la gente que acude a la CDHDF es de escasos recursos. Ocho de cada 10 quejosos ganan menos de tres salarios mínimos, y una de cada cuatro mujeres son amas de casa. "Son las más expuestas a que se violen sus derechos, porque no tienen acceso a la justicia, no tienen dinero".

Advierte que es necesario acercar la CDHDF a los ciudadanos, no sólo desde el punto de vista conceptual, sino físicamente, y hacer que el funcionario que debe atender las recomendaciones rinda cuentas del porqué no lo hace, ya sea ante la ALDF, en un tribunal o en un consejo ciudadano. Considera que "de esa manera se podrá combatir la cultura de la impunidad".

Para concluir, asegura que no le temblará la mano para emitir recomendaciones, sin importar la instancia que sea. "Si la investigación que se haga es firme, es profesional, no habrá ninguna duda" en emitirla, asegura.

En busca de un ombudsman fuerte

Por unanimidad el pleno de la Asamblea Legislativa ratificó la designación de Emilio Alvarez Icaza Longoria como nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a partir del primero de octubre.

Luego de que el secretario de la mesa directiva, el diputado Rafael Luna Alviso (PRI), concluyera la lectura del dictamen presentado por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, pidió la palabra el priísta Miguel González Compeán para razonar el sentido del voto de su partido. Abajo, su coordinadora, María de los Angeles Moreno, lo escuchaba con atención.

"Nuestro partido se abstuvo de votar en comisión; sin embargo, hemos decidido sumarnos al voto de las demás fuerzas políticas", anunció en la tribuna González Compeán, generando el aplauso de algunos asistentes. Mientras, en las curules sus homólogos de otras fracciones murmuraban entre sí: "ahora resulta que ellos son los buenos".

La coordinadora del PVEM, Guadalupe García, agradeció el gesto del tricolor, ya que esto permitirá a los capitalinos tener un ombudsman fortalecido con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias.

Siguió el perredista Gilberto Ensástiga Santiago, quien afirmó que el proceso de selección implicó una serie de razonamientos políticos que permitieron llegar a acuerdos, y consideró que Alvarez Icaza llega a la CDHDF por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Luego de que la panista Lorena Ríos reiteró que se buscó en todo momento hacer transparente el proceso, se pasó a la votación del dictamen, con resultado de 55 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

En medio de los flashazos, Alvarez Icaza Longoria rindió protesta. A su espalda, de pie, su papá, José Alvarez Icaza, reconocido por su larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, y su mamá, Luz Longoria, aplaudían orgullosos.

Antes de salir del salón de plenos, el nuevo ombudsman se despidió de mano de cada uno de los 50 legisladores presentes. GABRIELA ROMERO SANCHEZ