viernes Ť 28 Ť septiembre Ť 2001
Gilberto López y Rivas
ƑSedena forma paramilitares?
Nuestro corresponsal en Aguascalientes, Claudio Bañuelos, envió recientemente una nota en la que informaba que fuerzas castrenses habían dotado de armamento a 100 ejidatarios del municipio Rincón de Romos. Lo novedoso es que la confirmación fue hecha por el comandante de la 14 Zona Militar, Sergio Joel Bautista, quien reconoció que la entrega de armas a civiles habilitados para funciones militares "es un proyecto que maneja la Secretaría de la Defensa Nacional, y yo lo que sé es que es una unidad controlada dentro del Ejército (Mexicano)".
Con toda razón este hecho motivó la protesta del dirigente del Frente de Lucha Campesina, Manuel Medina Ortega, quien señaló que esos campesinos fueron armados con mosquetones, rifles y pistolas de uso exclusivo de las fuerzas armadas con el "supuesto fin de enfrentar a grupos subversivos", y destacó que "desempeñan el papel de guardias blancas y de grupos paramilitares".
En las actuales circunstancias políticas, y de supuesta transición democrática, no es posible aceptar que se trata de "cuerpos de defensas rurales", pues después de la experiencia chiapaneca no quedaría claro dónde termina la frontera entre estos destacamentos con reminiscencias de las sangrientas represiones porfirianas ni dónde se inician los grupos de "civiles armados", adscritos a la doctrina mexicana de guerra irregular o contrainsurgencia. Es hora de que la Sedena informe al Congreso de la Unión y a la sociedad en torno al empleo de fuerzas compuestas por civiles armados, entrenados y dirigidos por el Ejército Mexicano, que según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Londres, contaba en 1998 con 16 cuerpos de infantería y 15 de caballería en todo el país.
Precisamente, el 30 de abril de 1999 presenté ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia sobre la existencia de grupos paramilitares en Chiapas. En ella se establece una línea de investigación que vincula al Ejército con la conformación de grupos paramilitares, basada en los propios manuales de "guerra irregular" que la Sedena editó en dos tomos, así como en la existencia de estos grupos en el pasado reciente, en las acciones paramilitares de años de contrainsurgencia en Chiapas, y en documentos y testimonios probatorios y vinculantes. Los hechos y las masacres ahí están. Existen evidencias innegables de la violencia ejercida por organizaciones clandestinas que hostigan, amenazan, agreden y asesinan a miembros de las comunidades indígenas que se atreven a manifestar públicamente su apoyo político al EZLN.
Diversas investigaciones recientes de organismos no gubernamentales de derechos humanos han denunciado la impunidad de la que siguen gozando estos grupos armados en Chiapas para agredir a las poblaciones indígenas y operar libremente en diferentes regiones del estado. Los hechos de violencia han demostrado que estos grupos usan armas de alto poder en sus operaciones, ejercen control territorial por medio de retenes y toman a la población civil como principal blanco de ataque.
En esa denuncia señalé: "en México, los paramilitares fueron una de las armas más importantes en el combate contra la disidencia política, los movimientos estudiantiles y los grupos guerrilleros entre 1965 y 1983. El gobierno creó Los halcones, como una organización de civiles, principalmente jóvenes pandilleros, que fueron adiestrados y dirigidos por jefes militares. Este grupo tuvo su cuartel general en el Campo Militar número 1 de la ciudad de México y fue el responsable de la matanza de estudiantes mexicanos el 10 de junio de 1971. Otro de los grupos paramilitares que han existido en la historia de la contrainsurgencia mexicana es la Brigada Blanca, creada por el presidente Luis Echeverría Alvarez al final de su mandato, en 1976, y que fue la encargada de exterminar a las organizaciones de la guerrilla urbana. También utilizaba al Campo Militar número 1 como su centro de operaciones y contaba con los 'mejores' efectivos, seleccionados de los cuerpos policiacos y militares del país"
Esta línea de investigación nunca prosperó porque no había la voluntad política en el régimen priísta para encarar los crímenes de la guerra sucia, dadas las complicidades y los intereses creados en todos los niveles del gobierno y de las propias fuerzas armadas.
Sin embargo, del nuevo gobierno de Vicente Fox se esperaría que actuara con energía para hacer justicia y acabar con la impunidad, tanto en lo que tiene que ver con el pasado como con el presente. La Sedena debe responder públicamente en torno a su presunta vinculación con los grupos paramilitares. La PGR debe investigar en forma exhaustiva y hasta sus últimas consecuencias, jurídicas y penales, a los grupos civiles armados llamados guardias blancas, cuerpos de autodefensa o de defensas rurales y grupos paramilitares que han cometido hechos de violencia contra individuos, pueblos, comunidades, partidos y gremios en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y otros estados. Seguiremos esperando en estos tiempos de guerra imperial.