VIERNES Ť 28 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

Ť La Corte contrata más personal para darles solución

En enero, respuesta a controversias contra la ley indígena: Góngora

Ť El Senado interpuso 296 recursos de reclamación

JESUS ARANDA Y MARTIN DIEGO

La Suprema Corte está en condiciones de resolver en enero próximo las 329 controversias constitucionales que se interpusieron en contra de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas, reveló el presidente del máximo tribunal, Genaro Góngora Pimentel.

Aun cuando no han sido turnados todos los asuntos, trascendió que todos los ministros -a excepción de su presidente- resolverán una cantidad igual de controversias, además de que se destinó personal adicional a la Unidad de Controversias Constitucionales para resolver los asuntos lo más pronto posible.

También se informó que el Senado de la República interpuso 296 recursos de reclamación en contra de la admisión de las controversias constitucionales ante la Corte. Se dijo que los recursos de reclamación fueron interpuestos en razón de que el Senado fue cámara de origen de la iniciativa en cuestión, así como la encargada de contabilizar los votos de los congresos estatales para ratificar la legalidad de la reforma.

Hasta ahora el compromiso que Góngora Pimentel ha asumido con quienes interpusieron controversias constitucionales es básicamente garantizar que se actuará conforme a derecho y lo más rápido posible.

Según fuentes de la Corte, determinar la constitucionalidad de la reforma en materia indígena constituye uno de los retos más importantes que ha tenido el máximo tribunal desde 1995, cuando se creó la figura de la controversia.

Aunque ésta será la primera ocasión en la que el máximo tribunal analice "la constitucionalidad de la reforma", es decir el proceso legislativo. Ello a diferencia de los recursos que han cuestionado el contenido de las mismas, a fin de establecer si la legislación aprobada está acorde con lo que establece la Carta Magna.

Cabe señalar que la mayoría de las controversias interpuestas por el gobierno de Oaxaca y más de 250 municipios de esa entidad que se rigen por usos y costumbres, ayuntamientos de Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco y Veracruz coincide en que se violó el proceso de reforma constitucional cuando los congresos estatales ratificaron los cambios.

Los argumentos más importantes en contra de la reforma son: que el Senado de la República -como cámara de origen- violó el procedimiento al contabilizar los votos de los congresos locales sin esperar la votación de siete entidades.

Además, que hay un presunto vacío legal en las legislaciones locales, ya que la Constitución no establece si la votación para aprobar una reforma debe ser por mayoría simple o calificada.

En este punto los municipios demandantes señalan que por tratarse de una reforma constitucional, las legislaturas de los estados debieron consultar también a los municipios y cabildos de cada entidad.

Otro aspecto que fundamenta las controversias interpuestas es la validez del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece que toda legislación que afecte directamente a las comunidades indígenas deberá estar acompañada de una amplia consulta con los pueblos indios, cosa que no sucedió.

Según jurisprudencia de la propia Corte, un tratado internacional firmado y ratificado por México tiene la misma validez y debe de acatarse; está incluso por encima jerárquicamente de las leyes federales. Por tanto, el proceso de aprobación de la reforma indígena es inconstitucional porque no respetó lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Mención aparte merecen las controversias constitucionales que presentaron el gobierno de Oaxaca y los más de 250 municipios que se rigen por usos y costumbres. Además de los argumentos referidos, los quejosos argumentan que la legislación oaxaqueña en materia indígena es más avanzada que la federal, y que incluso se da una pérdida de derechos -como el ser entidades de derecho público- que la nueva ley no contempla.

La importancia del asunto radica en que además a los indígenas oaxaqueños se les aplicaría ilegalmente una ley de manera retroactiva, que afecta directamente sus formas de convivencia, elección de autoridades por el método de usos y costumbres, algunas formas de impartición de justicia, así como su soberanía e independencia.

Por otro lado, a partir del 9 de julio, en que se presentó ante la Corte la primer controversia, el presidente del máximo tribunal ordenó incrementar de 30 a 50 el número de personal adscrito a la Unidad de Controversias Constitucionales, además de establecer turnos nocturnos, sabatinos y dominicales.

Se calcula que hasta la fecha suman más de 25 mil los oficios de notificación enviados a las autoridades involucradas, ya que cada una de las 329 controversias será resuelta por separado. Esto porque la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional no prevé la acumulación de asuntos en materia de controversias.

Cada ministro resolverá en promedio más de 30 asuntos, y sólo su presidente no participará en la elaboración de proyectos, sólo en la discusión y aprobación de los dictámenes.

"Atento llamado"

Por otra parte, en Celaya, Guanajuato, Góngora Pimentel anunció que hará un "atento llamado" a los legisladores que integran el Congreso de la Unión para que se aprueben reformas a la Ley de Amparo, por la necesidad que existe de acelerar los procesos que se ventilan en el Poder Judicial federal.

Entrevistado en el marco de la visita que realizó al juzgado cuarto del décimo sexto circuito con sede en esa ciudad, el presidente de la Corte habría dicho también a miembros de las barras de abogados locales con los que se reunió, que la Corte tiene listo un proyecto para regionalizar los tribunales colegiados que hay en el país, con el propósito de reducir la burocracia en la impartición de justicia.

De acuerdo con el presidente de la Federación de Abogados de Guanajuato, Juan Aboytes Pizano, la propuesta incluye la modificación del turno que se da a los expedientes de quienes son sujetos a la justicia en materia federal. Asimismo, el litigante destacó el respaldo de los abogados guanajuatenses a la propuesta de la Corte para reformar la Ley de Amparo.