JUEVES Ť 27 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť La SEP hará hoy la presentación del documento en el Palacio de Bellas Artes
Destinar 8% del PIB a educación para el 2006, principal meta del programa sexenal del sector
Ť Plantea reformar la ley general del rubro, pero preservando el artículo tercero constitucional
CLAUDIA HERRERA BELTRAN
El programa educativo sexenal tiene como meta que para el 2006 México destine a la educación una proporción equivalente a 8 por ciento del producto interno bruto, y para ello propone "esquemas innovadores" que permitan aumentar los recursos públicos y privados.
Considera también una reforma de la ley general de educación que mantenga los principios del artículo tercero constitucional, la restructuración de la SEP con la fusión, reubicación y supresión de dependencias y una mayor descentralización de los servicios educativos.
Las grandes líneas del plan -que será presentado mañana en el Palacio de Bellas Artes, y cuya copia tiene La Jornada- señalan también que en 2002 se creará el Instituto Nacional de Evaluación, y que en los próximos meses se instalará la coordinación de educación media superior, nivel en el que se promoverán los cambios más profundos.
Igualdad, calidad y federalismo, los objetivos estratégicos del programa
Los tres objetivos estratégicos del Programa Nacional de Educación son: avanzar hacia la igualdad educativa; proporcionarla con una calidad adecuada a las necesidades de todos los mexicanos e impulsar el federalismo educativo y la gestión institucional, así como la participación social en el renglón.
El documento, de 270 páginas, está dividido en tres partes: la primera presenta un diagnóstico del sistema educativo y los objetivos estratégicos de este gobierno con una perspectiva hacia el 2025; la segunda detalla la "reforma de la gestión del sistema educativo"; y la tercera enuncia los programas de enseñanza básica para educación de adultos. En un capítulo anexo aparece el Programa de Servicios Educativos para el Distrito Federal.
Para contar con un gasto equivalente al 8 por ciento del PIB, la SEP señala que sólo resta invertir dos puntos porcentuales más en educación. En 2001, explica, el gasto educativo alcanzó 6.2 por ciento del PIB, 4.2 por ciento de los cuales son recursos de la Federación; 0.8 por ciento de gobiernos estatales y municipales y 1.2 por ciento de particulares.
Aumentar la inversión en educación es "imprescindible"
Asegura que incrementar esta inversión en el renglón es imprescindible para alcanzar una cobertura de servicios educativos promedio similar a la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los más desarrollados del mundo.
A fin de incrementar los recursos destinados a la educación se propone "superar dicotomías que oponen lo público y lo privado", y añade que se promoverán esquemas innovadores de financiamiento que permitan aumentar los fondos públicos y privados.
Habrá además un nuevo modelo de financiamiento educativo. "Se utilizarán procedimientos más transparentes y ágiles para asignar recursos, de manera que las áreas interesadas y la sociedad puedan cerciorarse con facilidad de su correcta aplicación", explica.
Para incrementar el presupuesto educativo, el gobierno foxista buscará captar más recursos del exterior. Con tal propósito se aumentará el grado de participación de México en actividades educativas de cooperación internacional, habrá una relación internacional bilateral y multilateral "más productiva" y se solicitará la participación y apoyo coordinado de organismos regionales e internacionales que administran programas educativos de interés para el país.
Reformas a la legislación educativa
Anuncia también la actualización de la Ley General de Educación "manteniendo los principios del artículo tercero constitucional" para lograr una concepción integral de la educación básica y hacer a un lado la distinción entre los niveles prescolar, primaria y secundaria.
Esta reforma incluye una "redefinición" de la educación media superior para que constituya un sistema con "objetivos propios, elementos comunes y razonable diversificación" y que sus modalidades "no den lugar a subsistemas estancos, sino que permitan el tránsito de alumnos de un subsistema a otro, así como la interacción con el mundo del trabajo y el acceso a las diversas modalidades de la educación superior".
Como primer paso para promover estas reformas se explica que la SEP y el Poder Legislativo diseñarán este año un programa de trabajo conjunto.
Aclara que esto es necesario porque la aprobación del marco legal es una facultad del Congreso de la Unión, aunque el Ejecutivo puede presentar sus propias iniciativas de reforma legislativa.
El fortalecimiento del federalismo es uno de los principales objetivos de este gobierno, y por ello se plantea transferir la operación de todos los tipos, niveles y modalidades educativas "íntegramente" a las entidades a través de nuevas formas de responsabilidad compartida entre la instancia federal y las estatales.
Para 2005, la SEP tendrá una estructura orgánica redefinida y con "dimensiones reducidas". Con ese fin se realizará un estudio exhaustivo para identificar áreas que convenga fusionar, dividir, reubicar, o en su caso, suprimir.
Asimismo, se creará la Coordinación General de la Educación Media Superior (antes se habló de una subsecretaría) y se reorganizará la Dirección General de Evaluación, la cual transferirá algunas de sus funciones al Instituto Nacional de Evaluación, que será un organismo independiente de la SEP.
Para lograr un reparto más equitativo de los recursos se buscará igualar el gasto por alumnos entre entidades, buscando por sobre todo favorecer a las poblaciones más pobres.
Los programas compensatorios (tipo Progresa y los que reciben financiamiento internacional) se manejarán de manera integrada, evitando duplicidades y en estrecha coordinación con los de otras secretarías y entidades.
La relación con el magisterio y la evaluación
Explica que en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se construirá un sistema equitativo y eficiente orientado a mejorar el aprendizaje en el aula y en la escuela; se asegurará que los légitimos derechos laborales del magisterio sean respetados y se impulsará el desarrollo profesional de los maestros, así como un amplio reconocimiento social a su labor.
Otro de los puntos clave del programa es la evaluación. Además de la creación de un instituto de evaluación para la educación básica habrá otro para la enseñanza media superior, y se fomentará la instalación de organismos independientes para la acreditación de programas e instituciones en áreas del conocimiento y de ejercicio profesional.
Adicionalmente se promoverá la consolidación del Centro Nacional de Evaluación, de los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior y la creación de lineamientos para asegurar la calidad de las evalauciones, así como su adecuada utilización y difusión, "evitando que se produzcan efectos contrarios a la equidad".
Ante las quejas por la falta de indicadores educativos y su difusión, la SEP anuncia que se promoverá la utilización de nuevos indicadores con objeto de medir la eficiencia educativa sin menospreciar los vigentes, "que son producto de una construcción histórica".
En el documento, la SEP se pregunta Ƒcómo saber si avanzamos?. Su respuesta es que ello se logrará con un sistema de indicadores educativos que midan tanto la igualdad, la cobertura y la calidad como la eficiencia.
Menciona, por ejemplo, que todos los indicadores de igualdad serán desagregados según entidades, regiones y municipios de diverso grado de marginación, o identificando grupos en situación de especial vulnerabilidad.