MIERCOLES Ť 26 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Los subsidios a la gente del campo son para todos, afirma
Justifica Usabiaga que parientes de funcionarios reciban ayuda oficial
Ť Están dentro de la norma del Procampo y no violan la ley, dice
MIREYA CUELLAR, ALFREDO VALADEZ Y MIROSLAVA BREACH
El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga, en gira de trabajo por Pinos, Zacatecas, afirmó que los familiares del presidente Vicente Fox y sus propios parientes, quienes junto con los de otros funcionarios públicos han sido beneficiados con recursos del Procampo, no están transgrediendo ninguna ley, por lo que cualquier aseveración al respecto es inexacta.
De acuerdo con el semanario Proceso de esta semana, el hermano mayor del presidente Fox, así como los hijos del secretario de Agricultura y un numeroso grupo de funcionarios públicos en el país (entre ellos Cándido Monreal, hermano del gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal) estarían violando la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al beneficiarse con recursos del Procampo indebidamente; varios de ellos, incluso, están inscritos en más de una ocasión.
''Eso es perfectamente normal -afirmó Usabiaga-, son productores agrícolas los parientes del señor gobernador (Monreal), mis parientes y los del señor Presidente; están dentro de la norma y dentro de la regla que dio el Procampo. Los subsidios y los apoyos a la gente del campo se dan para todos los mexicanos.''
Por lo mismo, abundó el funcionario, ''hoy en día no tenemos ninguna vergüenza de exhibir, en mi caso particular, a mis propios hijos, porque estamos seguros que todo está dentro de la ley, dentro de la norma y no se está haciendo ningún mal uso de ningún recurso.''
Además, aprovechó para recordar que la base del Procampo ''hoy es libre'', e inquirió: ''ƑDónde están los malos manejos?... pues denúncienlos''. Hoy en día, aseveró, cualquiera puede tener acceso a los datos del Procampo, y si alguien sospecha de una violación -dijo- los expedientes del programa están en cada una de las delegaciones y pueden ser solicitadas copias de los mismos para esclarecer cualquier supuesta irregularidad.
Interrogado a propósito de cuáles serían los principales ejes que regirán en el nuevo banco que suplirá al Banrural, Usabiaga señaló que esa ''es una condición que le toca a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las normativas bancarias seguirán siendo de la Secretaría de Hacienda, las políticas de crédito agropecuario... esas son las que aspiramos a que salgan de la Secretaría de Agricultura.''
-ƑUsted cuáles prevé?
-Bueno, ahorita tenemos hechas varias vertientes: un banco central, un banco regional; el banco central será el captador de los recursos y el ordenador y el custodio del buen funcionamiento de los bancos regionales; las instituciones de crédito limitado estarían enfocadas hacia las uniones de productores, y por último las cajas rurales, que esas ya vendrían a nivel municipal, donde en cada municipio podríamos hacer acceso al crédito en menor escala.
Cuestionan al equipo de Barrio
Por otro lado, en Chihuahua, en la última sesión de la diputación permanente, los legisladores del PRI aprobaron por mayoría de votos un punto de acuerdo solicitando al Congreso de la Unión pida al presidente Vicente Fox la revisión de la plantilla de funcionarios nombrados por el secretario Francisco Barrio Terrazas en los puestos de primer nivel de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), veinte de los cuales son investigados por irregularidades cometidas en el ejercicio público en la entidad y ahora están al frente del combate a la corrupción.
En el documento oficial que fue signado por la 59 Legislatura de Chihuahua, se acusa al titular de la Secodam ''de estar tejiendo entre la estructura del poder a su cargo toda una telaraña de complicidades, al llevarse a veinte ex subordinados e incondicionales que tienen antecedentes no muy claros en el manejo de sus funciones públicas.
Cita como ejemplo al subsecretario de Atención Ciudadana de la Secodam, Eduardo Romero Ramos, a quien acusan de haber dispuesto de información privilegiada bajo su resguardo como secretario de Gobierno durante el sexenio de Francisco Barrio, en el periodo 1992-1998, ''para realizar negocios multimillonarios; como simple muestra se puede citar el caso Salvacar, documentado por el Congreso local, en donde ayudó a su amigo Federico Barrio -hermano mayor del ex gobernador de Chihuahua- a comprar terrenos a precios irrisorios para luego venderlos a precios altísimos.''
Menciona asimismo los nombres de Hugo Gutiérrez Dávila, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia, a quien señala como protector de giros negros; Eloy Morales Fong, director de Atención Ciudadana, cuya empresa Plásticos Romanos fue proveedora del gobierno del estado, siendo él coordinador de Comunicación Social, y Marcos Molina Castro, representante de la Contraloría ante la Procuraduría General de la República, quien tiene una investigación abierta en la Procuraduría estatal por recibir pagos extralegales, justificando la prestación de servicios de asesoría jurídica en asuntos que él debió resolver como jefe del Departamento de Gobernación del estado de Chihuahua.