MIERCOLES Ť 26 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

Ť Discuten especialistas la situación real de la libertad de credo en el país

Persiste la intolerancia religiosa; en los últimos siete años se han documentado 327 casos

Ť Proponen que las iglesias dejen de ser vistas exclusivamente como actores políticos

JOSE ANTONIO ROMAN

Aun cuando en las últimas décadas se ha registrado un rápido crecimiento y desarrollo de la pluralidad religiosa, en México la tolerancia y la libertad de credo son todavía una "tarea pendiente": 327 expedientes por intolerancia religiosa, han sido abiertos oficialmente en los últimos siete años, cifra que obliga a estar en "alerta permanente" ante este "flagelo".

En el foro El carácter laico del Estado mexicano, organizado por la CNDH y la Iglesia Luz del Mundo, se señaló también que aunque los funcionarios gubernamentales "repiten hasta el cansancio" los preceptos históricos que el país tiene en esta materia, poco, muy poco, se ha avanzado en una verdadera cultura de la tolerancia religiosa.

Con este encuentro, en el que participaron funcionarios públicos, representantes de diversas iglesias y especialistas en el fenómeno religioso, se conmemoró el 128 aniversario de que se plasmara en el texto constitucional tanto la separación entre el Estado y la Iglesia como los principios esenciales de las leyes de Reforma, ocurrido el 25 de septiembre de 1873.

La secretaria técnica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Susana Thalía Pedroza, destacó la importancia de foros de este tipo para impulsar una cultura de la tolerancia que incluso vaya más allá de la sola aceptación de quien es diferente a uno.

Asignatura pendiente

Poco antes, en entrevista, la funcionaria de la CNDH reconoció abiertamente que esta tolerancia religiosa sigue siendo una tarea pendiente de la sociedad mexicana, la cual, dijo, sufre este fenómeno del cual la comisión recibe denuncias de manera constante y ha emitido múltiples recomendaciones. Pero sobre todo, agregó, es necesario que las autoridades, junto con organismos no gubernamentales y la sociedad civil, impulsen una verdadera cultura de la tolerancia.

Por su parte, Daniel Núñez Avalos, representante legal de la Iglesia Luz del Mundo, tras citar la reciente adición al artículo primero constitucional para prohibir toda discriminación motivada, entre otras cosas, por la profesión de una fe religiosa, lamentó profundamente que la mayoría de los códigos civiles, incluso el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), consignen en sus textos expresiones peyorativas en contra de las iglesias, llamándolas indebidamente "sectas".

En su participación en el foro, realizado en el Museo Nacional de San Carlos, Núñez Avalos, citó el número de expedientes por intolerancia religiosa registrados oficialmente: 327, desde 1993 hasta noviembre del año pasado. Esta situación, planteó, resulta altamente preocupante y su gravedad se incrementa, si se toma en cuenta que cada caso de intolerancia afecta, por lo general, a un grupo considerable de personas, además de que el número de casos denunciados siempre es menor a los que realmente suceden.

Expuso que la política eclesiástica gubernamental debe tener como propósitos esenciales, primero, hacer efectivos los derechos religiosos que consagra el orden jurídico, y segundo, supervisar que todo el aparato gubernamental se someta a los principios que rigen la relación del Estado con las iglesias.

"Para garantizar los derechos religiosos, a las instancias responsables de esta área les corresponde proteger la pluralidad religiosa y dirigir el combate frontal a la intolerancia con base en sus atribuciones legales", aseveró el apoderado de la Luz del Mundo ante la ausencia del director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Alvaro Castro Estrada, quien se retiró después de su participación al inicio del evento.

En tanto, el especialista Rodolfo Casillas, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), partió de la reflexión de que las iglesias son vistas por el Estado mexicano únicamente como actores políticos. La última prueba de ello, apuntó, es el proceder de los candidatos presidenciales hace poco más de un año, que buscaron constantemente a los líderes religiosos antes del 2 de julio.

Por ello, en tono sarcástico dijo: "no debiera sorprender, por tanto, el protagonismo público de los religiosos. Si tanto se les invita al baile, que nadie se sorprenda de que aprendan a bailar, si es que, de antemano, algunos no tuvieran ya recursos dancísticos propios".

Señaló que esta visión política también se le ha dado a los conflictos religiosos, desde el de San Juan Chamula, en Chiapas, hasta el de Ixmiquilpan, en Hidalgo, con la necesaria conciliación o compromiso para postergar, que no resolver, los problemas de fondo de la intolerancia religiosa.

Así, los acuerdos que puedan alcanzarse entre los dirigentes son efímeros y endebles porque las autoridades gubernamentales no entienden que se debe avanzar verdaderamente en una cultura de la tolerancia y aceptación del otro, pues de lo contrario el conflicto aflora poco tiempo después, tal vez con mayor virulencia y muchas veces con mayores costos humanos.

Planteó la necesidad de que las iglesias dejen de ser vistas exclusivamente como actores políticos, pues en los últimos años su actuación en el campo social ha sido sin precedente. Hoy, por ejemplo, el gobierno no tiene una idea clara sobre qué significa contar en el país con más de 5 mil 854 asociaciones religiosas, cuál es su significado y en qué pueden potencialmente contribuir para hacer una sociedad mejor.