MARTES Ť 24 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Al ahora prófugo se le hallaron grabaciones telefónicas de figuras políticas
Evidencias de que ex director de la policía chiapaneca realizaba espionaje
Ť Solicita la Procuraduría estatal más órdenes de aprehensión contra agentes de seguridad
ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL
Tuxtla Gutierrez, Chis., 24 de septiembre. A Werclaín Ramos Aguilar, el prófugo ex director de la Policía Sectorial de Chiapas y considerado autor intelectual del motín policiaco del 15 de septiembre, se le investiga por acciones ilícitas en el pasado gobierno chiapaneco. En su domicilio fueron localizadas transcripciones comprometedoras de conversaciones telefónicas de candidatos y personajes políticos que participaron en las pasadas elecciones estatales y federales.
La Procuraduría estatal dijo lo anterior e informó que solicitó nuevas órdenes de aprehensión contra efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública involucrados en el motín y en otros ilícitos, entre los que figura participación en la delincuencia organizada.
Al momento 34 agentes están detenidos en el penal de Cerro Hueco y sólo esperan declarar ante el juez en calidad de copartícipes del motín.
Las investigaciones contra los mandos policiacos comenzaron meses antes del movimiento iniciado el 15 de septiembre y, según los cargos presentados contra los agentes, algunos efectivos de la Policía Sectorial, encabezados por Ramos Aguilar, fungieron como "brazo ejecutor" del gobierno de Roberto Albores Guillén en sus intentos por neutralizar a sus adversarios políticos.
Como evidencia de ello, el procurador Mariano Herrán Salvatti informó que durante un cateo realizado en la vivienda particular del ex director policiaco se encontró la transcripción de conversaciones telefónicas realizadas por candidatos a puestos de elección popular en comicios pasados y cabezas políticas de la entidad .
Aseguró la dependencia que el motín de los policías fue organizado por un número minoritario de agentes en un intento por quedar impunes ante las investigaciones de que estaban siendo objeto con motivo de esos y otros delitos.
Actualmente existen al menos media decena de averiguaciones previas contra Ramos Aguilar y siete comandantes de la corporación. Se les acusa de los delitos de abuso de autoridad, extorsión y del despojo de una casa, la cual estaba construyendo con efectivos de la policía.
El procurador explicó que el ex jefe sectorial, sin autorización alguna, ordenó el retiro del personal de algunas de las 19 Bases de Operaciones Mixtas (BOM) a su cargo. Según el procurador algunos de los policías que participaron en el motín están acusados de delitos del orden federal por su participación en agrupaciones del crimen organizado e incluso espionaje.
Herrán Salvatti refirió que durante la operación de cateo domiciliario en casa de Ramos Aguilar se encontraron con documentación oficial propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública, 167 mil pesos en efectivo, joyas y relojes finos, 19 escrituras de propiedades en zonas urbanas y rurales. Por este último descubrimiento se solicitará la intervención de la Contraloría del Estado para que lo investigue por presunto enriquecimiento ilícito.
Otras imputaciones involucran al ex funcionario con el narcotráfico. El procurador señaló que en el transcurso de la investigación se intentará descubrir si el ex jefe sectorial de la policía chiapaneca continuaba su vinculación con ex funcionarios de administraciones pasadas, en las que se cometieron una serie de delitos que ensombrecieron al estado.
Involucrado en los delitos se encuentran también los ex comandantes Tomás Gumersindo Mora y Darwin Esponda, quienes son considerados los brazos de apoyo de Ramos Aguilar.
Contra Werclaín Ramos Aguilar y sus oficiales pesan cargos por abuso de autoridad, extorsión, enriquecimiento ilícito, robo de documentación oficial, espionaje, delincuencia organizada, motín, sedición, atentados contra la paz y otros crímenes.
Denuncian agresión a choles
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro informó que caciques de Palenque desalojaron a 119 familias choles y destruyeron sus viviendas, centros educativos y cosechas. Según la denuncia, los afectados se encuentran refugiados en el monte.
El centro dio conocer al gobernador Pablo Salazar, a través de una misiva, que entre el 8 de agosto y el 10 de septiembre 119 familias choles fueron desalojadas por ganaderos, pistoleros y miembros de la Policía de Seguridad Pública y Policía Judicial del Estado.
Durante el desalojo fueron destruidas y quemadas 70 casas, dos escuelas, una iglesia, el Centro de Salud y una cancha deportiva, además fueron despojados de sus cosechas, animales, ropa y dinero.