MARTES Ť 25 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

Ť Pide el organismo se investigue también al alcalde de Arandas, Jalisco

Imputa la CNDH a agente del Ministerio Público participación en casos de adopciones ilegales

Ť Asegura que cometieron abuso de autoridad e incumplimiento de funciones

VICTOR BALLINAS

La agente del Ministerio Público en Jalisco, María de Lourdes Alvarez González, es señalada de participar en dos de los nueve casos de menores cuyas adopciones fueron ilícitas, según consta en la recomendación 20/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre irregularidades en este tipo de procesos a nivel internacional.

De acuerdo con el documento, el primer caso ocurrió en 1997 en Yahualica, "cuando, con abuso de autoridad, se apropió de una bebé de tres días de nacida y la registró como propia; el segundo sucedió en octubre de 98 en Arandas, en donde violó el derecho a la procuración de justicia para investigar el registro ilegal de un menor".

La CNDH apunta en la investigación que realizó ante de emitir la recomendación referida que la funcionaria de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco se apoderó el 22 de septiembre de 1997 de la hija de la señora María de los Angeles Orta Molina y la registró como suya. Utilizó amenazas y, de acuerdo con la averiguación previa 121/00, sacó del cajón de su escritorio una pistola y con ella atemorizó, el 24 de septiembre de 1997, a la madre de la recién nacida para que no siguiera insistiendo en recuperar a su hija".

Según informes de la CNDH y los abogados de la afectada, la historia de la hija de Orta es la siguiente: "El 19 de septiembre de 1997, en el hospital regional de Yahualica, la señora Orta Molina, de 23 años, tuvo una bebé. Existe constancia en el instituto del alumbramiento. Al salir del hospital, la joven, que es madre soltera, dejó encargada por dos días a su hija con la vecina María Esquivias Saldaña, mientras ella se trasladó al rancho Cuacuala, en el municipio de Juquío, Jalisco, para informarles a sus padres, a los que durante todo el embarazó les ocultó su situación".

Comienzo del calvario

Al volver por su hija "la vecina le informó que ya no la tenía, y le dijo que la licenciada María de Lourdes Alvarez González se la quitó desde el día 22 de septiembre de 1997. Le comentó que un día al salir con la niña a la calle, unos policías municipales conocidos de ella, le preguntaron de quién era la niña, y que ella les comentó que se la habían dejado encargada por dos días, pero la mamá ya se había tardado un día más. Entonces, 'ellos me recomendaron que mejor fuera con la niña a la presidencia municipal a dar parte'".

Esquivias Saldaña asegura: "al llegar al ayuntamiento de Yahualica fui interceptada por Alvarez González, a quien di información de por qué tenía a la niña en mi poder. Una vez que la enteré de la situación, me amenazó con enviarme a la cárcel y me quitó a la bebé".

Siete días más tarde, la agente del Ministerio Público acudió al Registro Civil de Yahualica, cuyo titular era J. Guadalupe Ruvalcaba R., y registró a la niña como suya, con el nombre de Diana Jazmín Alvarez González. Como testigos de dicho acto aparece la firma de las servidoras públicas, de la actuaria, Altagracia Hernández Galván, y la secretaria, María Edelmira Vallarta Gómez, ambas adscritas a la agencia del MP en Yahualica, pero no estuvieron presentes el día del registro, sino que dicha acta les fue llevada a su trabajo para que la signaran, de acuerdo con el informe de la CNDH.

Para poder hacer ese trámite, subraya la recomendación 20/2001, "utilizaron una constancia falsa de nacimiento que le fue otorgada a la funcionaria por la pediatra María Guadalupe Sánchez Loredo, empleada del hospital regional; no obstante durante la investigación se descubrió que Alvarez González no fue atendida en esa clínica de parto alguno, y que la doctora Sánchez Loredo nunca atendió ese nacimiento. Y en cambio, sí consta que ahí nació la bebé Orta Molina el 19 de septiembre de 1997 a las 18:05 horas".

Con base en los resultados de su investigación, los testimonios y denuncias realizados al respecto, la CNDH estipuló que "la agente del Ministerio Público dejó de observar las obligaciones que la ley le confería, y en un ejercicio abusivo de la autoridad que le otorgaba la función que desempeñaba, satisfizo indebidamente un interés personal, apoderándose sin mandato legítimo de una recién nacida a la cual segregó del medio familiar.

"Además, las servidoras públicas, la actuaria, Hernández Galván y la secretaria Edelmira Vallarta, secretaria de la agencia del MP donde Alvarez González era titular, violentaron la ley al apoyar el acto indebido de un registro de la recién nacida y omitieron denunciar ante la autoridad las irregularidades que se cometieron en ese proceso".

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco conoció este asunto, y, en su investigación apunta que la agente del Ministerio Público, Alvarez González, incurrió en la hipótesis delictiva de abuso de autoridad, por lo que solicitó se inciara una investigación en su contra, así como con las servidoras a su cargo, y propuso una conciliación a las partes.

Violación grave a los derechos humanos

La CNDH dice al respecto: "en violaciones graves a derechos humanos no puede haber conciliación entre las partes, y menos si no se informa a los afectados en que consiste la conciliación. Por ello, éste órgano nacional demanda le sea entregada la bebé a su madre y se abra la investigación penal respectiva".

El segundo caso en el que se ve involucrada Alvarez González ocurrió en noviembre de 1998. Se trata del registro ilegal del recién nacido Federico de Jesús, cuya madre es la señora Martha Alicia González Cisneros, pero su hijo le fue robado el 30 de septiembre de 1998 por su "amante" Andrés González Galindo, y entregó al niño al matrimonio Navarro Hernández, cuando apenas tenía un día de nacido.

La afectada González Cisneros informó de los hechos a la agente del MP de Arandas, Jalisco, María de Lourdes Alvarez González, pero ésta sólo se limitó a citar a los denunciados y los invitó a devolver al niño, lo que no ha ocurrido, asevera la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En este caso, fue el presidente municipal de Arandas, Eduardo López Camarena, quien registró al menor Federico de Jesús, el 9 de octubre de 1998, sin tomar en cuenta los datos sobre los antecedentes del menor.

En la recomendación 20/2001 se asienta que la funcionaria del MP, "a pesar de haber iniciado la averiguación previa respectiva, no agotó las líneas de investigación, por lo cual incumplió con las obligaciones que su cargo le conferían", por ello, el organismo defensor de los derechos humanos demanda se investigue al alcalde de Arandas y a funcionarios de la PGJE que intervinieron en este caso.