LUNES Ť 24 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

Gabriela Rodríguez

El ombudsman de una ciudad libre

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". šQué lejos está la humanidad de ejercer con plenitud el artículo primero de la Declaración de los Derechos Humanos! Hoy más que nunca la frase -escrita en 1948 "a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión, la tiranía y la opresión" (el subrayado es mío)- parece una broma que provoca risas de angustia.

Definitivamente, los derechos humanos han llenado el vacío de las ideologizaciones excesivas y del enfrentamiento. Es a partir de su ratificación que hoy ya no es facultad arbitraria de los Estados el trato a sus súbditos, sino que se ha impuesto la observancia de los derechos humanos y se han diseñado mecanismos de exigibilidad. La figura del ombudsman o defensor del pueblo representa uno de esos mecanismos, de ahí que su elección debe estar exenta de arbitrariedades, de compromisos con líderes influyentes y oportunistas, o de negociaciones cupulares. De no ser así, se traicionan los derechos humanos; aquí la forma es también fondo.

En estos días la Asamblea de Representantes designará al ombudsman, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y los capitalinos debemos congratularnos por el avance en los procedimientos de designación, la transparencia del proceso, así como por la calidad de los candidatos elegibles.

He tenido oportunidad de participar de este proceso y pienso que esta vez nuestra pobre cultura democrática logró un paso sustancial. Mientras en la pasada administración la Asamblea de Representantes no hacía más que ratificar la propuesta del jefe de Gobierno, hoy los candidatos tienen que ser propuestos por la sociedad civil a una Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo (CDHALDF), quienes valoran a los aspirantes mediante una exhaustiva revisión de perfiles y entrevistas abiertas al público, según siete criterios explícitos: participación social, publicaciones, trayectoria política, experiencia profesional, académica y en el ámbito de los derechos humanos, fama pública, así como calidad y conocimiento de los temas expuestos.

Y es que por nuestra larga tradición dictatorial e incipiente cultura del derecho, ni los ombudsman han sido precisamente defensores del pueblo ni los ciudadanos nos hemos sabido asumir como sujetos y sujetas de derecho. Yo hubiese agregado a los siete criterios, que la propuesta del defensor o defensora del pueblo supere la seguridad jurídica y la atención de quejas -indispensable, aunque sólo abarca una quinta parte del mosaico de derechos-, y articule acciones multisectoriales de la sociedad y el Estado para movilizar reformas en el sistema judicial, de salud, educativo y policial. Hoy tendríamos que ponernos a la vanguardia extendiendo el alcance del concepto de derechos humanos, para superar la jerarquización entre derechos de primera generación (cívicos y políticos) y de segunda generación (económicos, sociales y culturales) que implican esa movilización multisectorial, y aun los de tercera generación que exigen la cooperación internacional (paz, solidaridad, desarrollo, medio ambiente digno, la otredad).

Entre los candidatos finalistas sólo dos tienen esa visión superior de los derechos humanos y cubren los ocho criterios señalados: la magistrada Margarita Guerra y Tejada y Emilio Alvarez Icaza Longoria. Además de cubrir el perfil, la primera se distingue por ser la única que expresó que los derechos emergentes tales como los derechos sexuales y reproductivos han estado subordinados desde las visiones conservadoras, y no tienen por qué ser considerados irrelevantes, sino parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos universales; el segundo destaca por ser un gran luchador social con una visión contemporánea de los derechos humanos basada en las demandas de las organizaciones civiles.

Un defensor de los derechos humanos no puede aprisionar la rica diversidad cultural, y tendría que ser acorde con una sociedad tan progresista como la del Distrito Federal. Este espacio donde el aire contaminado se combina bien con los aires de libertad, y donde la pluralidad y el respeto por lo diferente son su mayor atractivo. Por eso lamentaría que en esta ciudad encabezara la CDHDF un hombre conservador y de mente rígida.

Lo que más me preocupa del candidato de la fracción panista, es que Miguel Sarre presentó un programa con una visión tradicional y muy reduccionista de los derechos humanos. No va más allá de la visión jurídica y penal, y no incorpora la gestión de un ombudsman en la transformación de una cultura del derecho ni ubica el papel de la CDHDF para pugnar equilibradamente por la vigencia de derechos de las tres generaciones. Desde esta visión, es lógico que tampoco le ha interesado la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que deben comportar, además del potenciamiento de las mujeres, el de los y las menores de edad, así como de quienes tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual. Debo reconocer, sin embargo, que se ha comprometido con varias de las organizaciones que trabajamos estos temas, a invitarnos a colaborar, en caso de ser designado.

No sé cuánto peso tenga en su designación el poder de un gobierno federal panista, pero es un hecho que frente a los funcionarios de ese partido están amenazados los derechos sexuales y reproductivos en varias entidades del país. Por si fuera poco, a partir del 2 de julio hemos tenido que defender el Estado laico casi todos los días, así como "el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión". Esperamos que los asambleístas de veras representen a esta sociedad plural, y que la cercanía de los candidatos del PAN a la jerarquía eclesiástica no influya en este núcleo duro de derechos que no puede ser suspendidos bajo ninguna circunstancia, tal como se reconoce en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966.