Ť Se requiere un techo financiero inicial de por lo menos $600 millones

Empresarios y trabajadores de ingenios no expropiados piden el aval del gobierno

MATILDE PEREZ U.

Productores de caña, trabajadores y empresarios del dulce coinciden: el gobierno federal tiene que volver a ser el aval para que los 36 ingenios no expropiados -31 de ellos propiedad de diez grupos y el resto en manos del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organismos Auxiliares de Crédito (Fideliq)- accedan a financiamientos. Estiman que se requiere un techo financiero inicial de por lo menos 600 millones de pesos para mantener la ''aritmética social'' que involucra el cultivo y producción de azúcar, generadora de la tercera parte de los empleos permanentes y de 70 por ciento de los trabajos eventuales en el campo.

Por su parte, el fideicomiso liquidador de Financiera Nacional Azucarera calcula que el costo de operación de los ingenios del país -expropiados y privados- implica recursos por 10 mil millones de pesos al año. A la fecha, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) aseguró que ya dispuso que mil millones de pesos se apliquen -inicialmente-para sanear los ingenios expropiados.

La expropiación de 27 ingenios -el pasado 3 de septiembre-, dicen, ''es insuficiente''. Adelantan que el posible esquema gubernamental para ordenar el mercado azucarero podría ser de varias empresas regionales, e insisten -aunque sin especificar los nombres de grupos o ingenios- que a aquella lista habría que agregar cinco más.

Productores de caña y trabajadores de los ingenios mencionan que pocos industriales han invertido en modernizar las viejas estructuras y maquinaria de los ingenios, la mayoría -aseguran- presentan problemas de operación y el financiamiento ha sido insuficiente.

Sin embargo, según datos del Banco de México, el financiamiento otorgado por la banca de desarrollo en los tres últimos años a la agroindustria azucarera ha sido casi dos veces mayor al que se entregó para la producción agropecuaria, pesquera y silvícola. En el primer semestre de este año, la industria del azúcar recibió 16 mil 799 millones de pesos, mientras que la agropecuaria, silvícola y pesquera 14 mil 49 millones.

Y ante el reto de ordenar el mercado interno del azúcar, mejorar la planeación y programación de la producción, darle seguridad jurídica a productores e industriales, terminar con la dispersión de las disposiciones legales que involucran a este sector productivo y volver -posiblemente- a establecer un organismo descentralizado de la administración pública responsable de esa agroindustria, podría desempolvarse la propuesta de iniciativa de ley de la agroindustria de la caña de azúcar, que en noviembre del año pasado presentó el diputado y dirigente -actualmente impugnado- de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la Confederación Nacional Campesina, Francisco Castro González.

Carlos Blackaller Ayala, dirigente de la Unión de Productores de Caña de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, pregunta: ''¿Por qué el gobierno no respaldó de manera ordenada y transparente la agroindustria azucarera? Dejó un espacio de ocho años en los que pasaron muchas cosas buenas y malas, aumentó la productividad, pero vino el desorden comercial. Paz social y rentabilidad son factores entremezclados que el gobierno debe tener presentes y por eso ''el compromiso gubernamental debe ser escuchar nuestras propuestas''.

También -apunta- es momento propicio para que los productores ''hagan alianzas estratégicas con la iniciativa privada. Hay productores que quieren ser parte de la industria, podríamos formar un esquema de sociedad interesante; se vale ir pensando en asumir riesgos y oportunidades, no dar por sentado que todo está dado, cocinado y resuelto''.

Hay quienes dicen -abunda- que esta agroindustria no es rentable, sin embargo, ha generado ganancias y empresas de tipo comercial (las comercializadoras del dulce) ''y son las que se han llevado la mayor parte de los márgenes de ganancia''. Pero esta actividad ''no es de simple matemática ni exclusivamente económica, involucra productores, cortadores, operadores de maquinaria, transportistas, comerciantes, médicos, entre otros; es una aritmética social que da vida a 227 municipios de 15 estados del país''.

Como ejemplo habla del ingenio Cuatotolapan (expropiado a Santos), que el año pasado operó bajo un convenio de coadministración con los cañeros para impedir su cierre. Se produjeron 30 mil toneladas de azúcar, que implican un reparto de 35 millones de pesos. ''¿De qué otra forma se haría llegar ese dinero a los productores? No hay nada a 100 kilómetros a la redonda, no hay otra fuente de empleo masivo como el ingenio. Esta agroindustria es muy compleja, involucra mucha gente y por eso cualquier toma de decisiones beneficiará o perjudicará directamente a 2.5 millones de personas que dependen directamente de ella''.

México ocupa actualmente el séptimo lugar en producción de azúcar a nivel mundial, entre poco más de un centenar de países, y el octavo en cuanto al consumo, con 42 kilogramos per cápita. De la producción nacional ?en la zafra que concluyó de 4.8 millones de toneladas?, 58 por ciento es consumida por las industrias refresquera, panificadora y chocolatera, 32 por ciento en uso doméstico y 10 por ciento restante para el mercado internacional.

El panorama continúa siendo crítico: costos de producción -440 dólares por tonelada- dos veces más elevados que los internacionales; precios deprimidos en el mercado externo cayeron 42 por ciento entre enero y mayo de este año, y excedentes del azúcar mexicana que no pueden entrar al mercado estadunidense. A su vez, los ingenios no expropiados tienen problemas de liquidez y por ello no pueden atender el pago de sus obligaciones oportunamente, lo cual no significa ''quiebras ni nada de eso'', explica el presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), Carlos Seoane.

No duda en mencionar que entre los ingenios no expropiados hay entre cuatro y cinco que ''tienen problemas estructurales -que se dan cuando hay un alto apalancamiento financiero y los niveles de pasivos son superiores al capital- y endeudamiento ocasionado por las fuertes pérdidas'', pero Seoane se resiste a dar nombres. ''No creo conveniente mencionarlo''. Asegura que, a pesar de ello, la mayoría de los ingenios están en proceso de reparación para la zafra 2001-2002, que se inicia en octubre.

Propietario de los ingenios Independencia y La Gloria, Seoane dice: ''Esperamos que el gobierno lleve a cabo las reparaciones en los ingenios expropiados, la iniciativa privada deberá tener listos los suyos para arrancar a tiempo la zafra''. Al igual que los productores, el presidente de la CNIAA habla de las medidas adicionales a la expropiación que debe aplicar el gobierno: resolver el problema de los excedentes de azúcar (se habla de entre 600 mil a un millón de toneladas) a través de la negociación justa que establece el Tratado de Libre Comercio; esquemas de financiamiento adecuados para pagar el costo de almacenar los inventarios; la elaboración de un programa nacional azucarero que incluya la revisión de todas las regulaciones del sector, y utilizar caña para elaborar etanol.

Asimismo, no descarta la posibilidad de que conjuntamente -productores, industriales y gobierno federal- revisen la viabilidad de algunos ingenios y posiblemente tomar la decisión de cerrarlos. Empero, antes ''hay que evaluar las consecuencias económicas y sociales que una decisión como esa implicaría para que no se vea afectado el productor del campo ni el trabajador del ingenio. Lo más importante es conservar las fuentes de trabajo, lograr industrias viables, eficientes, que reduzcan los costos de producción, que haya orden, reglas claras y objetivos de mediano y largo plazos''.

Los trabajadores de los ingenios comentan que los propietarios de los no expropiados -particularmente Machado II, Beta San Miguel y Promotora Industrial Azucarera- se abocaron a cambiar la situación de las agroindustrias: ''Le metieron dinero al campo, su administración es sana; deben, pero no en forma desmesurada, y muchos de ellos ya pagaron sus ingenios. Su situación es más depurada y eso les ha permitido avanzar'', evalúan Raúl Ramírez, Jorge Samudio y Francisco Martínez, dirigente, asesor jurídico e integrante respectivamente del grupo Chema Martínez, que aglutina a los disidentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera de la República Mexicana. Y desglosan por grupos:

Beta San Miguel -tercer productor de azúcar en el país con los ingenios Constancia, Quesería, San Francisco Ameca, San Miguel del Naranjo y San Rafael Pucté-, entre cuyos accionistas están Nestlé, Bimbo, Grupo Azteca y Grupo Peninsular (uno de los embotelladores de Coca Cola en el país), tiene una deuda de 495 millones de pesos. ''Deben, pero sus pasivos son menores, han cumplido con los cañeros y trabajadores de los ingenios. Se han caracterizado por ser muy transparentes, han buscado otros mercados y aunque les deje poca utilidad, no regalan su azúcar.''

Promotora Industrial Azucarera (PIASA), propietaria de los ingenios Adolfo López Mateos y Tres Valles. Se estima debe 215 millones de pesos a los cañeros por preliquidaciones y liquidaciones. ''Los ingenios son rentables, son de los pocos que dan utilidades; cuidan su administración y personal, procuran llevar una buena relación con los trabajadores. Hacen inversiones y están dentro del ámbito azucarero; no se explica su adeudo.''

Seoane, con los ingenios Independencia y La Gloria, ''está endrogado'', adeuda 88.7 millones de pesos. La Gloria es el más rentable; La Independencia tiene problemas en el campo.

Sáenz, propietario de los ingenios Aarón Sáenz Garza, El Mante y Tamazula, con un débito de 5.6 millones de pesos, ''han modernizado sus agroindustrias, aunque tienen como socios a inversionistas británicos, lo que les ha ayudado a mantenerse. Son industriales con experiencia en este ramo.''

Machado, con los ingenios Pablo Machado, Santo Domingo, Zapoapita, El Refugio y Motzorongo, deben a los cañeros 497 millones de pesos. ''Estaban en restructuración de sus adeudos, tenían cinco años con suficiente capacidad económica. Teresita Machado había canalizado por lo menos 5 mil millones de pesos al ingenio La Margarita (uno de los cuatro expropiados al grupo), porque a través de éste subsidiaba a los otros ingenios; se le veía voluntad de trabajo.''

Jiménez Sainz, con Azsurmex y Tenosique Dos Patrias, debe 25.9 millones de pesos a los productores, ''algunos de sus compromisos los han pagado con azúcar, pero no tienen una buena comercialización ni han sido muy eficientes en el manejo de los ingenios.''

Grupo Aga, con Los Mochis y Puga, de la familia García Arce, ligada a la refresquera Aga, debe mil 827.3 millones de pesos.

Francisco García González -Calipam y El Carmen- debe 129.2 millones de pesos, no ha invertido seriamente en las instalaciones de los ingenios.

Othón Porres -Huixtla. San Sebastián y Santa Clara- debe $440.8 millones, ha hecho adecuaciones a ingenios, pero tendría que invertir más para modernizarlos.

Zucarmex, con los ingenios El Higo, La Primavera, Mahuixtlán, Melchor Ocampo y Pujiltic, pertenece al industrial De la Vega; debe 352 millones de pesos. Al igual que otros, las utilidades son bajas y las inversiones insuficientes para las plantas productivas.

''La mayoría de los propietarios de los ingenios no expropiados tienen el mismo problema: no han invertido suficiente en las plantas azucareras, tendrían que hacerles adecuaciones y buscar mercados'', dicen los trabajadores disidentes del sindicato y consideran que los ingenios que deberían engrosar la lista de los expropiados son: Azsurmex Tenosique, Dos Patrias (de Jiménez Sáinz) y La Gloria e Independencia (de Seoane).