Ť Se requiere enfrentar el rezago y ampliar la cobertura, dice el secretario general

Solicitará ANUIES a la Cámara de Diputados aumento global de 30 por ciento en subsidios

Ť Asegura que las universidades públicas están dispuestas a someterse a auditorías

JOSE GALAN

Los rectores y directores agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) -integrada por 134 casas de estudios- solicitarán un incremento global de 30 por ciento en los subsidios que otorga la Cámara de Diputados, para hacer frente al rezago, la ampliación de la cobertura, el mantenimiento y equipamiento y la capacitación de profesores.

Pero además, porque enfrentan lo que el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jorge Luis Ibarra Mendívil, califica de "problema delicado": el gasto de hasta 100 mil millones de pesos en pensiones y jubilaciones, una cuestión que, dice en entrevista con este diario, será fundamental en la agenda de discusión con las comisiones de Educación, Presupuesto, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados este otoño.

Las universidades públicas, apunta, necesitan más recursos y están dispuestas a someterse a revisiones contables, pero éstas no se deben utilizar como instrumentos políticos de ajuste de cuentas. Para Ibarra Mendívil no debe haber auditorías académicas vinculadas al presupuesto porque no se puede permitir que, en un afán de transparencia, se vulnere la libertad de cátedra y el diseño de planes de estudio.

-La universidad pública ha sido cuestionada, ¿cómo salir al paso de esta embestida?

-El papel de la universidad pública en México es fundamental, insustituible. No hay futuro para la educación si no se construye un futuro para la universidad pública, que ha sido protagonista en el desarrollo de todos los campos en el país. Juega un papel estratégico en el acceso a una sociedad del conocimiento y para mantener en el país la movilidad social.

"También para seguir formando cuadros profesionales, expertos, técnicos... sin la universidad no podemos desarrollar una sociedad democrática, tampoco una atmósfera de crítica. Se requiere para construir un ambiente de diálogo y tolerancia. Son espacios de construcción del futuro que debemos cuidar y fortalecer", agrega Ibarra.

-En el caso de la UNAM, y a raíz de la detención de estudiantes presuntamente involucrados en actividades ilícitas y lo cual desató una ofensiva en su contra, ¿cuál es la posición de la ANUIES?

-La UNAM es el patrimonio científico, cultural, intelectual, más grande que tiene el país. No conocemos otra institución en México donde se haga investigación de la magnitud de la que ahí se realiza. Descalificarla por hechos aislados es tener un total y absoluto desconocimiento de lo que ella significa.

Programa definido

-La polémica en torno a la educación superior ¿no tiene como raíz la ausencia de un programa definido?

-La ANUIES ya se reunió con el titular de la SEP (Reyes Tamez), y presentó las bases y los lineamientos generales del programa de educación. Pero el programa prácticamente ya existe, y corresponde a las autoridades darlo a conocer.

-¿Cuáles han sido las sugerencias presentadas por la ANUIES?

-Nos interesa incrementar en los próximos años el número de alumnos y su proporción en relación con la edad de estudiar. ANUIES se ha propuesto pasar de la cobertura actual de cerca de 21 por ciento de los jóvenes a 29 o 30 por ciento. Esto requiere mayor inversión educativa por parte de los gobiernos de los estados.

-¿Cómo satisfacer la creciente demanda de educación superior, si cada vez hay menos recursos por parte del sector oficial?

-Hay retos enormes en ese terreno. La prueba de fuego de todo proyecto o programa educativo consiste en los recursos destinados a la educación. Si no hay subsidios significativos, si no hay incremento real en los presupuestos, no vamos a poder dar pasos importantes.

"Las universidades públicas y el sistema en su conjunto van a requerir de recursos crecientes. En las universidades nos planteamos crecer a uno por ciento del PIB. Actualmente estamos en 0.48 por ciento del PIB en inversión en educación superior. El declive comienza desde 1994, cuando alcanzamos 0.64 por ciento, pero a partir de allí viene una caída que no se ha recuperado.

"Esto va a requerir una revisión dentro del gobierno federal de aquellas áreas prioritarias y que los gobiernos estatales inviertan más en educación. Pero primero vamos a necesitar recursos para las instituciones que ya existen, y luego para las que se necesitan construir y crear. Estamos hablando de una ampliación de cobertura equivalente a 800 mil lugares de aquí a seis años para alcanzar la meta de 30 por ciento. En seis años tendríamos que crecer en una proporción mayor de lo que se hizo en la década de los 90, y casi una tercera parte de lo que actualmente existe".

-Ahora viene la discusión del presupuesto en el Congreso ¿Cuáles son las propuestas concretas de los rectores reunidos en la ANUIES? ¿Cuánto más necesitan?

-Estamos empezando la gestión, la ANUIES va a iniciar pláticas con las comisiones de Educación, Presupuesto y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Todavía nos encontramos en el proceso de revisión, pero sin duda estamos hablando de un mínimo de crecimiento, para poder realmente alcanzar los niveles necesarios en los próximos años, de 30 por ciento, lo cual nos permita alcanzar la meta de uno por ciento.

"Y nos interesa que adicionalmente de los recursos regulares haya también subsidios para los programas especiales, como el Promep, el Fomes. Tenemos que ir en los dos caminos. Han crecido los apoyos para los proyectos concursables, pero nos hemos quedado retrasados en los subsidios regulares.

"Además, como en casi todo el resto del sistema, gravitan adeudos enormes con los trabajadores, que van a ser graves en los próximos años, como en el caso de las pensiones y jubilaciones, que deben resolverse ya. Hay que buscar acuerdos con los gobiernos federal y estatales y las organizaciones sindicales, los cuales nos permitan tener sistemas de jubilaciones y pensiones acordes con las posibilidades".

-Hay cifras que hablan de un adeudo general de las universidades públicas con jubilaciones y pensiones cercanas a 100 mil millones de pesos.

-Es una cifra aproximada. Vamos a tener un dato más exacto en poco tiempo. Estamos haciendo un estudio con todas las universidades. Cien mil millones es una cifra muy aproximada, pero puede subir.

-¿Es una bomba de tiempo?

-Es un problema muy delicado que con el paso del tiempo se puede convertir en una carga inmanejable para muchas instituciones. Está empezando a carcomer el presupuesto de muchas de ellas, e impide que podamos hacer una renovación, una oxigenación adecuada, correcta, de nuestra planta académica.

-Seguramente otro punto en la agenda de la reunión con legisladores será la rendición de cuentas. ¿Ya hay acuerdos sobre cómo auditar resultados tanto financieros como académicos?

-Ese es un tema muy delicado, que debemos manejar con mucho cuidado, porque es novedoso que órganos de las cámaras tanto federales como estatales comiencen a auditar los recursos. En los últimos años las universidades públicas han dado una demostración de rendición de cuentas, han mejorado sus sistemas internos, han sido sometidas a auditorías externas.

"Sin embargo, el asunto está en que sigue habiendo un área jurídica ambigua respecto de la constitucionalidad o no de las auditorías a cargo del Organo Superior de Fiscalización. Existe una interpretación de la autonomía que puede llevar a considerar que no habría esta rendición, dado que en la ley específica no están definidas claramente las universidades como entes auditables, sino que tienen que entrar en otro concepto, ya sea como ente federal o como organismo de interés público.

"Sobre todo, que estas rendiciones no se usen como instrumentos políticos de ajuste de cuentas de grupos políticos a nivel nacional o a nivel estatal. Nos parece muy importante que se precise exactamente el criterio de auditoría según la naturaleza de los fondos, según su origen, qué se audita y qué no. También se debe definir, en cuarto lugar, de una manera muy clara que no haya auditoría académica, porque es algo que corresponde absolutamente a las universidades en el marco de la autonomía. En todo caso, las universidades rendirán sus cuentas académicas de otra manera, por otra vía, pero no ante un órgano de fiscalización.

"No podemos aceptar que en un afán de transparencia, en el que todos estamos de acuerdo, se vulnere la esencia de la universidad que es la libertad de cátedra. Es decir, la capacidad de las instituciones para definir sus políticas académicas, para crear sus planes de estudio".