Ť Buscan sancionar a funcionarios por delitos en trámites de adopciones internacionales

Recomendación de CNDH al gobierno de Jalisco originaría pesquisa sobre red de tráfico de niños

Ť El ex gobernador Cárdenas Jiménez sabía de iregularidades, denuncia fundación

VICTOR BALLINAS

La recomendación 20/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos -del 17 de septiembre-, dirigida al gobernador de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, y al presidente del Congreso del estado, diputado Lázaro Arias, puede ser el comienzo de una averiguación sobre una red internacional de tráfico de menores.

La recomendación va encaminada a emprender una investigación penal y sancionar a funcionarios del Consejo Estatal de la Familia -el DIF local- y agentes del Ministerio Público que cometieron delitos en trámites de adopción internacional de infantes mexicanos.

Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos (FIND), con sede en Guadalajara, Jalisco, quien junto con Elsa Stettner, abogada de esa fundación, interpuso las denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aseguró que de "estas irregularidades y conductas ilícitas" de funcionarios públicos estuvieron enterados, entre otros: el ex gobernador de la entidad Alberto Cárdenas Jiménez; la actual directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Ana Teresa Aranda; la presidenta de la CEDH, Guadalupe Morfín; la cuarta visitadora general, María Teresa Medina Villalobos, así como Felipe de Jesús Preciado Coronado, ex secretario de Gobierno de Jalisco.

Existen denuncias en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, que presentó Estrada Juárez, entre ellas la AP 1288/2000, en la que informa que las niñas María Guadalupe y Yajaira Monserrat, hijas de la señora Rocío Lara Godínez, iban a ser dadas en adopción a un matrimonio español.

Conductas típicas del orden penal

La historia de ese caso -de dos de los nueve menores que se vieron afectados-, es la siguiente: mediante denuncias presentadas el 9 de diciembre 1998 y el 26 de enero de 1999 por Jorge Arias Iñiguez, director del DIF del municipio de Ocotlán, ante el agente del Ministerio Público Pablo Javier Castillo contra la señora María del Rocío Lara Godínez por el delito de abandono de personas en agravio de sus hijas, éstas fueron puestas a disposición del representante social. Se empezó la averiguación previa 1271/98, así como su acumulada 85/98, y se ordenó el traslado de las menores a la Villa Infantil de Nuestra señora de Guadalupe y Señor San José, en Guadalajara, Jalisco, para que el Consejo Estatal de la Familia resolviera la situación.

"El Consejo Estatal de la Familia, mediante los oficios 73/003/98 y 74/003/98 de fecha 15 de febrero de 1999, solicitó al licenciado Pablo Javier Castillo Carrillo que girara oficio al director del registro de menores para que procediera al registro de las menores Montserrat y Guadalupe.

El 21 de octubre de 1999 las niñas Lara Godínez, fueron registradas con el nuevo apellido de Guevara del Valle por Gabriel Márquez Torres, oficial del Registro Civil del ayuntamiento constitucional de Guadalajara, Jalisco, mediante las actas 5941 y 5942 del libro 824.

De esto estuvo al tanto María Luisa de Obeso, a la sazón secretaria del Consejo Estatal de la Familia, según consta en dicha denuncia. Además, en el oficio del DIF expediente 011/99 consta que Guadalupe y Monserrat fueron otorgadas en custodia temporal -para adopción- al matrimonio de origen español Montaly y Tabú. El oficio, entre otras firmas, incluye la de María Luisa de Obeso Juárez.

En febrero de 2001, mediante el juicio de amparo promovido por María Luisa de Obeso, la jueza cuarta de distrito en materia civil de Jalisco, Evengelina Jácome Sánchez, niega el amparo y la protección de la justicia a De Obeso y a otros. En su sentencia la impartidora de justicia señala que dicha funcionaria del Consejo Estatal de la Familia incurrió en conductas típicas del orden penal en agravio de las menores de referencia.

La madre de las menores presentó denuncia ante la Procuraduría General de la República el 18 de julio del 2001 contra el agente del Ministerio Público Pablo Javier Carrillo Castillo, contra el Consejo Estatal de la Familia y María Luisa de Obeso por los actos ilícitos cometidos "en mi contra y de mis hijas".

Este es sólo uno de los casos a que hace refererncia la recomendación 20/2001 de la CNDH. Para la fundación FIND puede dar origen a una investigación sobre tráfico ilegal de menores.

La abogada Elsa Stetter, quien llevó los casos ante la CDHEJ y la CNDH, denunció que "de los hechos irregulares y violatorios de derechos humanos tuvo conocimiento el gobernador Cárdenas Jiménez. El 15 de diciembre de 2000 -narró- le envié por Internet el siguiente mensaje: "Querido señor gobernador: como le informé el lunes pasado, la doctora Leonor Cárdenas Miranda, subdirectora del DIF Nacional, el pasado lunes 18 de diciembre de 2000, envió vía fax un oficio a María Luisa de Obeso, con copia a usted, a su esposa, a Juan Manuel Estrada, a Guillermo Alvarez del Castillo y a su servidora. (...) La señora De Obeso dijo a la subdirectora del DIF que 'había cometido errores, pero después de todo somos humanos'. (...)"

Stettner pide que el gobernador intervenga y que los menores sean devueltos a sus hogares que el Consejo Estatal desintegró.

También entregó copia de la comunicación que el director de Asistencia Jurídica del DIF nacional, Lenin Medina, envió a petición de la titular Ana Teresa Aranda el 24 de enero de 2001. El texto señala que "hemos recibido noticias sobre ciertas irregularidades en el estado de Jalisco, concretamente en relación con adopciones (por parte de) españoles. Por lo delicado del caso nos gustaría que enviara más información para irlo analizando y en su momento, tener una entrevista".

De igual manera, Stettner entregó copias de la correspondencia que sostuvo por Internet con Cárdenas Jiménez, la directora del DF nacional, la CEDHJ, la CNDH, entre otros.

En entrevista, la abogada Stettner aseguró que "yo hice una llamada a España -que está grabada- en la que (se dice que al) matrimonio de origen español Chamizo Calvet le cobraron 15 mil dólares por regularizar la adopción del menor Jaime Jonathan Alvarado Roríguez".

"Los funcionarios implicados tienen una gran influencia en el estado, por ejemplo, la titular del Consejo Estatal de la Familia, María Luisa de Obeso, es esposa del ex procurador de Jalisco, Jorge López Vergara, quien actualmente es el coordinador de los órganos de viglancia de la Secodam, y ella es consejera del Instituto Nacional de la Mujer, todos ellos son protegidos del ex gobernador Cárdenas Jiménez", denuncia la fundación FIND.