SABADO Ť 22 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

Ť Cuauhtémoc Cárdenas

Por el derecho y la dignidad

Los que luchamos y creemos en la soberanía de las naciones, en la dignidad humana, en las leyes, en la fraternidad, en la paz, no podemos aceptar la norma hecha al calor de la circunstancia, del capricho o la prepotencia, que pasa por encima del derecho y de los pactos, ni podemos estar de acuerdo con la justicia por propia mano.

Existe ya una condena del mundo civilizado a los cobardes actos de terrorismo perpetrados con aviones de pasaje secuestrados en Estados Unidos. Nadie que rija sus actos con la razón puede dejar de expresar su dolor y su rabia por estos hechos que segaron 7 mil o más vidas.

Pero la violencia irracional no puede enfrentarse con más violencia irracional, si no se quiere caer en la violencia sin fin. A la violencia irracional debe vencérsele con la racionalidad de la justicia. Los delincuentes deben ser castigados con todo el rigor de la ley, pero no condenados sin juicio. El quebranto de las normas y los principios se debe enfrentar con la aplicación estricta de la ley y la fuerza moral de la acción institucional.

La guerra no se declara, así nada más, contra nadie. Eso es seguir la irracionalidad. El delito se combate con los instrumentos de la ley y adentrándose en la búsqueda de las causas que lo generan: la miseria, la explotación, los agravios, la impunidad y la cancelación de oportunidades y de expectativas de vida en la mayoría de los casos. Lo que sucedió en las torres gemelas de Nueva York, en el Pentágono o en los campos de Pennsylvania no tiene seguramente orígenes distintos.

México, en su política internacional, debe, primero, volver a sus actitudes y principios de dignidad para recuperar la autoridad moral que le permita practicar y defender la autodeterminación, la no intervención en los asuntos ajenos, la solución pacífica de las controversias y los conflictos, el apego estricto al derecho y a los pactos internacionales.

Se tiene la obligación de combatir toda manifestación de terrorismo en nuestro país, lo que en ningún caso debe implicar pretextos para la represión política ni para realizar actos al margen de la ley.

Nuestras autoridades deben participar en el combate a todo tipo de delincuencia, nacional e internacional, pero haciendo siempre prevalecer el derecho y la justicia y de acuerdo con las normas de uno y otra.

La lucha contra la delincuencia que atraviesa fronteras, cuando cruce las nuestras, nos toca librarla en nuestro territorio. Corresponde también a nuestras policías actuar en contra de quienes hayan delinquido en otros países, siempre de acuerdo con los convenios suscritos al respecto.

Ir a apoyar la acción bélica o policial de otros gobiernos, contra ciudadanos de otras nacionalidades, en territorios de otros países con los que mantiene México relaciones de amistad y colaboración, sólo podría hacerse con la autorización expresa del Congreso, no por la voluntad y decisión del titular del Ejecutivo o de cualquier otro funcionario menor. Proceder así sería contravenir en sus principios fundamentales la política exterior mexicana vigente desde 1917.

Llamemos, los mexicanos defensores de nuestra soberanía, respetuosos del derecho y amantes de la paz, a la responsabilidad y conciencia de nuestro gobierno para que no lleve a nuestro país a una aventura guerrerista, que sólo podría surgir de la soberbia de una parte y del sometimiento de la otra, en la que se pongan en riesgo la vida y la sangre de mexicanos y la dignidad de la nación.