VIERNESES Ť 21 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Auxiliares del procurador deberán confirmar el fallo
Exonera MP a Robles por segunda ocasión; no halló pruebas de delito
ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ
Por segunda ocasión, la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía para Servidores Públicos propuso el no ejercicio de la acción penal en la denuncia que presentaron diputados de PAN y PRI en contra de la ex jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, por presuntas irregularidades en un contrato que suscribió el área de Comunicación Social con la empresa Publicorp el año pasado, para la prestación de servicios de difusión e información.
La investigación concluyó que los hechos estudiados no constituyen delitos de peculado ni ejercicio abusivo de funciones, toda vez que ni las diligencias efectuadas ni las pruebas recabadas permitieron acreditar los elementos del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad penal.
La resolución deberá ahora ser dictaminada por la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador en un plazo no mayor de 30 días.
Si se aprueba remitirá la averiguación previa al archivo y notificará al denunciante que tendrá un plazo de 10 días para inconformarse, exponiendo las razones por las que considera improcedente el no ejercicio de acción penal, y la fiscalía deberá responder en los siguientes 15 días.
Si se rechaza, como ocurrió luego de que la fiscalía propuso por primera vez no ejercitar acción penal contra la ex jefa de Gobierno el 11 de julio pasado, la coordinación le regresará la averiguación señalando las razones y las diligencias que deberá realizar para resolver.
En esa ocasión la representación social señaló que los elementos aportados por los legisladores panistas Federico Doring, Walter Widmer y Ernesto Herrera, y el priísta Arturo Barajas "no son constitutivos de los delitos de peculado ni ejercicio abusivo de funciones", pues el monto del contrato por 55.5 millones de pesos se aplicó con base en lo establecido en el Programa de Comunicación Social del ejercicio correspondiente al año 2000 y el proceso para incrementar recursos en dicha área se realizó conforme a las facultades y atribuciones que la ley confiere al titular del Ejecutivo local.
Todavía el 12 de septiembre pasado el diputado priísta Arturo Barajas acudió a la fiscalía para presentar más pruebas, pero lo que entregó fue un dictamen que realizó la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa sobre contratos correspondientes al ejercicio presupuestal de 1999, es decir, que nada tienen que ver con el contrato a que se refiere la denuncia.
De esta manera, ni con dichas pruebas ni con las diligencias adicionales que la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares dispuso realizar se encontraron elementos para presumir la comisión de algún delito.