JUEVES Ť 20 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Desde noviembre estaba prófugo; presuntamente desvió $518 millones
Trasladan al ex gobernador Mercado Romero al Cereso de La Paz, BCS
Ť Se confirma que en la entidad no hay "intocables", manifiesta Cota Montaño
PEDRO JUAREZ Y JORGE A. CORNEJO CORRESPONSALES
El ex gobernador de Baja California Sur Guillermo Mercado Romero fue trasladado la mañana de este miércoles de Tijuana, Baja California, a La Paz, capital sudcaliforniana. De inmediato se le remitió al Centro de Readaptación Social (Cereso) local.
El ex mandatario estaba prófugo de la justicia sudcaliforniana desde noviembre pasado, cuando la juez de primera instancia del ramo penal -con sede en La Paz- Rosalía Domínguez Cota le dictó auto de formal prisión por los presuntos delitos de abuso en el ejercicio de funciones públicas y desvío de recursos estatales por más de 518 millones de pesos.
El martes Mercado Romero fue detenido en El Cajón, California, en compañía de su esposa Concepción Casas y sus dos hijos menores, cuando intentó renovar su visa de residente en Estados Unidos; desde hace más de dos años radicaba en San Diego, California. Ese mismo día lo deportaron autoridades migratorias estadunidenses y lo arrestaron agentes de la Procuraduría General de Justicia de Baja California y de la Procuraduría General de la República (PGR).
El ex mandatario priísta pasó la noche en la delegación de la PGR en Tijuana; su familia se hospedó en un hotel ubicado frente a las instalaciones de la dependencia. Según fuentes que solicitaron el anonimato, Mercado Romero nunca fue llevado a las celdas del lugar, sino que durmió en el despacho del subdelegado de la Policía Judicial Federal (PJF), y agentes de la PGR le ofrecieron para la cena un menú especial.
La mañana del miércoles Mercado Romero fue enviado con su familia en un avión oficial a La Paz, custodiado por el comandante de la PJF en Baja California, Martín Armendáriz Chaparro; el director de la Policía Judicial de Baja California Sur, Luis González Rubio, y el procurador de Justicia sudcaliforniano, Genaro Canett Yee.
Llegó a La Paz al filo de las 10 horas de ayer. Entonces fue remitido al Cereso de La Paz, donde enfrentará los cargos en su contra. Según el fiscal especial Valentín Moreno Soria, el detenido rendiría su declaración preparatoria durante el transcurso del miércoles.
Manuel Arce Delgadillo, abogado del ex gobernador, dijo confiar en que éste saldrá libre bajo caución en menos de 72 horas, si las autoridades judiciales de Baja California Sur "aplican correctamente la ley. Las acusaciones en contra de mi cliente están tipificadas como delitos no graves y, por lo tanto, alcanzan el beneficio de la fianza".
Al respecto, el actual gobernador Leonel Cota Montaño afirmó que con la detención y aprehensión de Guillermo Mercado "finalmente terminó una época en Baja California Sur, la época de la corrupción, e inicia otra en la cual los funcionarios podamos responder por todas las circunstancias que la administración exige. Con la detención de Guillermo Mercado se confirma que en Baja California Sur no hay intocables".
El actual titular del Ejecutivo sudcaliforniano negó que la aprehensión de su antecesor tuviera connotaciones políticas. Por el contrario, los dirigentes del PAN y del Partido del Trabajo en la entidad, Alfredo García Green y José Librado González, respectivamente, coincidieron por separado en que con la detención de Guillermo Mercado "podría mejorar la imagen de Leonel Cota".
Por su parte, el líder del PRI en Baja California Sur y diputado federal Miguel Vega Pérez se abstuvo de hacer alguna declaración en cuanto a su correligionario, y se limitó a pedir "que se aplique la ley".
Las imputaciones contra Mercado Romero proceden de una auditoría que la administración de Cota Montaño practicó a los últimos 15 meses de gestión de su antecesor. No se pudo auditar todo el sexenio de Mercado Romero, que inició en 1993 y concluyó en 1999, porque la documentación se destruyó en un incendio ocurrido en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.
Durante septiembre de 1999, luego de conocerse los resultados de la auditoría, el gobierno sudcaliforniano presentó a través de una fiscalía especial una demanda penal en contra de varios ex funcionarios estatales, por los presuntos delitos de peculado, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades. Según los resultados de la auditoría hubo un desvío de recursos públicos por el orden de 518 millones de pesos.
Luego de varios meses en que se acumularon pruebas, en los primeros días de noviembre de 2000 se giraron nueve órdenes de aprehensión en contra de igual número de ex funcionarios estatales, entre ellos Mercado Romero.