JUEVES Ť 20 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Firman un convenio de colaboración para prevenir delitos electorales
No se permitirá el uso del gasto social a favor de campañas políticas, afirman Sedeso y PGR
Ť Se aplicará la ley sin distingos y con energía, ofrecen Vázquez Mota y Macedo de la Concha
ENRIQUE MENDEZ
La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Desarrollo Social ofrecieron ayer que ''nunca más'' se permitirá el uso del gasto social a favor de campañas políticas, y que se aplicará la ley ''sin distingos y con energía'' contra quienes condicionan la entrega de recursos a cambio de votos o los usan para sus fines personales. Quien así lo hace es ''doblemente perverso'', describió la titular de Sedeso, Josefina Vázquez Mota.
Tanto la funcionaria como el procurador Rafael Macedo de la Concha firmaron un convenio de colaboración para prevenir delitos electorales, aunque la secretaria ejecutiva de Alianza Cívica, Silvia Alonso Félix, afirmó que ''desafortunadamente'' ninguna de las denuncias que se han presentado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ha prosperado.
''Esperamos que eso cambie'', sostuvo. De hecho, la fiscal para Delitos Electorales, María de los Angeles Fromow Rangel, aceptó que su oficina tiene un rezago de 47.6 por ciento en la resolución de denuncias, cifra que pretende abatir en los tres meses que restan a este año, en que se han presentado 230 demandas.
Durante la firma del referido convenio, en la sede del Instituto Federal Electoral (IFE), el procurador Macedo de la Concha cuestionó la utilización de los recursos de programas sociales a favor de candidatos y partidos políticos, ''aprovechando la situación vulnerable'' de los grupos a los que van dirigidos. Por su naturaleza, dijo, este tipo de presupuesto debe estar ''ausente de manejos oscuros y de cuestiones de orden político y partidista.''
El convenio, afirmó por su parte Vázquez Mota, permitirá al gobierno asegurar que los recursos de carácter social ''lleguen por el camino corto'', y se asegurará que ''nunca más los recursos que pagan otros mexicanos por la vía fiscal vayan a parar al bolsillo de un funcionario público, de un político o se utilicen con fines electoreros.''
Se trata, dijo, de ''combatir a los delincuentes electorales'' que utilizan los programas de la dependencia para comprar votos o para sus intereses personales. ''Tenemos que poner fin a esos juegos de poder'', expresó.
La funcionaria lamentó que no siempre se pueda comprobar qué políticos condicionan la entrega de dinero, y refirió que entre las acciones para impedir esta práctica se ofrecerán conferencias a los partidos, a las escuelas, universidades y organizaciones civiles, y hasta cartas a las personas a quienes van dirigidas los programas asistenciales ''para inducirlas a la prevención.''
A su vez, el presidente del Consejo General del IFE, José Woldenberg, calificó de ''inmoral'' la utilización del gasto social con fines partidistas y electorales.