PRD, y si ganan la presidencia municipal, significa que derrotaron al 'nuevo PRI'. Por eso la UCIAF se ha puesto en contacto también con el PAN. Por si acaso".
JUEVES Ť 20 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
REPORTAJE
La derrota del PRI en 2000 acentuó su fractura
Paz y Justicia, dividido
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
Union Juarez, Sabanilla, Chis. 19 de septiembre. Enigmático, pero platicador, Ciro, un campesino de este ejido, traza un panorama de la organización que inicialmente se conoció en estos días como Desarrollo, Paz y Justicia. Para empezar, "está dividida", expresa. En esta apreciación coincide con diversos observadores de la problemática de la zona norte, tanto religiosos como de organismos no gubernamentales. Ciro muestra especial interés en hablar con estos enviados.
"Cuando vino la fractura de ellos, en el 2000, quisieron formar otra organización. Fueron a pedir a Sami David el registro de la UCIAF (Unión Campesina Indígena Agrícola y Forestal), porque decían que el nombre de Paz y Justicia está manchado. Pero los de mero Paz y Justicia no aceptaron. Los de UCIAF, que son de Samuel Sánchez, se llaman 'nuevo PRI', pero primero echaron la mano a la alianza de Pablo Salazar Mendiguchía. Ahora están contra la alianza y quieren registrar su organización".
Es evidente que la derrota priísta en las elecciones estatales afectó las bases del grupo contrainsurgente, estructurado en la organización social Desarrollo, Paz y Justicia. Ahora sus dirigentes buscan sobrevivir, y con ellos sus bases, en un nuevo ambiente político. Por eso ocurren cosas inusuales. "Los de Paz y Justicia, o 'viejo PRI', quisieron hacer alianza con el PRD y el PAN. Como los partidos no se unieron esta vez, los de Paz y Justicia apoyan a Iver, el candidato del PRD, y el PAN va aparte".
Según el declarante, quien se define perredista, aunque los zapatistas (que los hay en esta comunidad, pues aquí hay de todo) lo identifican más como amigo de Paz y Justicia: "Samuel Sánchez se enganchó al gobierno de Salazar, pero en sus tierras trabaja por el PRI".
Ciro termina su descripción del panorama electoral, y partidario de los paramilitares: "entonces, el viejo PRI está llamando a su gente a depositar su voto para el PRD, y si ganan la presidencia municipal, significa que derrotaron al 'nuevo PRI'. Por eso la UCIAF se ha puesto en contacto también con el PAN. Por si acaso".
Sólo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha responsabilizado a Paz y Justicia de más de 40 asesinatos y un número no precisado de desapariciones en los últimos siete años. Desarrollo, Paz y Justicia, con presencia en Yajalón, Tila, Salto de Agua, Tumbalá, Palenque y Sabanilla, ha combinado proyectos productivos, campañas electorales y acciones armadas contra la población civil. La organización de origen priísta siempre ha llamado "autodesplazados" a la gente expulsada de las comunidades. Según Paz y Justicia, se fueron porque quisieron, para causar mayor confusión (citado en el informe de SIPAZ: "Zona norte, violencia a flor de piel", noviembre de 1999).
En abril de 1999, un ex operador radial de Paz y Justicia hacía señalamientos muy fuertes a uno de los corresponsales de La Jornada: "Aquí no hay paz ni justicia, sólo nos hemos matado entre hermanos, todo por culpa del gobierno y los dirigentes de Paz y Justicia, que se aprovechan de la gente en su propio beneficio. Hay gentes que roban y matan... ya nadie los controla, ni sus propios dirigentes".
Las contradicciones internas, la disputa por el presupuesto y la derrota electoral del PRI el año pasado desnudaron las divisiones de la organización "consentida" del zedillismo y las fuerzas del orden. En 1998, Paz y Justicia se jactaba de controlar más de 200 comunidades. Hoy, sus diversas fracciones ignoran el verdadero tamaño de su influencia; mucho menos lo saben los gobiernos municipales ni las instancias federales y estatales que han alentado a la organización desde su origen. Es improbable que las elecciones de octubre próximo despejen esta incógnita.
No obstante, la lógica de los reajustes de la contra es impecable. No soltar el barco del Estado y sus programas. Un pragmatismo elástico, oportunista al máximo. Si no, Ƒcómo leer estas declaraciones de Samuel Sánchez para saltar del naufragio alborista el pasado noviembre?: "sí hubo una relación institucional con el Ejército, pero debemos reconocer que gracias a la llegada de ellos disminuyó la violencia, pues ya no se podía transitar libremente en el área. El real problema de división lo creó el gobierno, sobre todo el de Albores Guillén, quien es el verdadero maestro para armar y desarmar conflictos" (Semanario Páginas, 5 de noviembre de 2000, entrevista de Daniel Pensamiento).
Pocos días antes de estas declaraciones, el 27 de octubre, la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, de la Procuraduría General de la República, había detenido a Sánchez, ex diputado local priísta, y a Marcos Albino Torres, ex militar y ex regidor de Tila, junto con otros miembros de Paz y Justicia, por participar en un desalojo en El Paraíso (Yajalón). Se les acusaba de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, delincuencia organizada, terrorismo, asociación delictuosa, motín, despojo, daños en propiedad ajena, provocación y apología de un delito.
En aquella entrevista, Sánchez afirmó que Albores Guillén había conformado "un grupo de políticos para dividir y apoderarse del control de Paz y Justicia", y señaló al ex secretario de Gobierno, Alfonso Utrilla, y a un biólogo de apellido Castellanos, además de los presidentes municipales de Tila, Sabanilla y Tumbalá. "También se alió con el principal cacique cafetalero de la región, Jorge Utrilla, que ahora liderea el ala radical de la organización Paz y Justicia", agregaba durante su encarcelamiento de pocos meses en Tuxtla Gutiérrez. Ese grupo alborista pretendía "desestabilizar la región chol para obstaculizar al gobierno entrante de Pablo Salazar Mendiguchía", acusaba.
Poco duraron en prisión estos dirigentes y presuntos paramilitares. Ninguna instancia judicial integró un expediente que los inculpara lo suficiente como para procesarlos. Y han vuelto a la actividad como si nada. En los meses recientes se les ha señalado como promotores de otra organización, UCIAF, y de las agresiones contra las bases de apoyo del EZLN que han estado ocuriendo en Roberto Barrios.
La Red de Defensores Comunitarios denunció apenas la semana pasada varias agresiones de miembros de Paz y Justicia en dicha comunidad del municipio de Palenque, donde se ubica un Aguascalientes zapatista. Según la red, las agresiones perpetradas por miembros de Paz y Justicia han aumentado, otra vez, en los últimos meses.
Es momento de recordar que desde que se inició el "experimento" paramilitar en la zona de conflicto, las víctimas se han sucedido, los desplazamientos de zapatistas siguen y nadie ha desarmado a quienes deben varias vidas, varios pueblos, deben miles (Ƒmillones?) de pesos por daños a casas y sembradíos. Son los responsables directos de que en el norte del estado de Chiapas miles de indígenas vivan en el exilio, y de que no se vislumbre una solución de fondo, sólo un predecible transformismo electoral, Ƒpara que nada cambie?