Ť No se juzga a extranjeros: administrador de la Estación Migratoria de Iztapalapa

La sobrepoblación de indocumentados, por las dificultades para deportarlos

Ť Existen casos extremos en que expulsarlos del país significa enviarlos a la muerte, dice

ALONSO URRUTIA

La deportación de miles de indocumentados que realiza México cada año ?4 mil 800, en promedio? implica un gasto de cien millones de pesos, independientemente del costo de manutención en las diferentes estaciones del país, que el Instituto Nacional de Migración (INM) estima en 200 pesos al día por persona.

La principal estación migratoria donde se recluye a los indocumentados, la de Iztapalapa, enfrenta graves problemas de hacinamiento y sobrepoblación, que se calcula en casi el doble de la capacidad instalada, admite el responsable de la administración, Alejandro Alcántar.

Después de los atentados en Estados Unidos, los aseguramientos realizados por el Instituto Nacional de Migración se incrementaron sustancialmente, por lo que en una semana se incrementó casi 25 por ciento el número de indocumentados recluidos en esa estación.

 Ante esta situación, el organismo convino con autoridades de la Secretaría de Marina que le facilitará parte de sus instalaciones en Champotón, Campeche, a fin de canalizar hacia allá 120 indocumentados y evitar que las condiciones de hacinamiento se agudizaran.

Alejandro Alcántar asume las críticas sobre las condiciones en que viven los indocumentados, pero subraya: "No somos un hotel de cinco estrellas, pero hacemos lo que se puede con los limitados recursos para poder dar un trato digno a las personas". Y de inmediato replica: "Hay quienes exigen mejores condiciones que nunca pidieron en su país."

No regatea que existan inconformidades por el espacio que se destina a los asegurados, porque son instalaciones construídas originalmente para 140 personas, que en la actualidad albergan a 370.

Explica que existe un sobrecupo de casi ciento por ciento, cifra elevada pero que, comparativamente con la población que se recibió de la administración pasada, se ha reducido en 35 por ciento.

Entre los grupos más numerosos de indocumentados destacan los iraquíes, con 88 ?en virtud del aseguramiento de 57 en los últimos días?; ecuatorianos, 59; hindúes, 53; cubanos, 29; chinos 22, y 20 dominicanos. No se cuenta a los centroamericanos porque debido a la ubicación geográfica de sus países son deportados en cuestión de horas o hasta en dos días.

Alcántar considera que una razón de la reducción del número de indocumentados es que se ha realizado una gestión más intensa con los consulados para lograr los salvoconductos necesarios para deportar a los extranjeros a sus lugares de origen.

El punto medular es la complejidad para deportar a ciudadanos de diversas nacionalidades cuya problemática más que migratoria se torna en cuestión política.

"En el caso de Cuba, el problema va más allá del terreno migratorio y se convierte en político, porque los indocumentados salieron en forma ilegal y ya no pueden reingresar en forma legal, además de que ya no quieren regresar."

Por eso permanecen semanas o meses, dice. Las fórmulas que se han buscado es realizar gestiones con algunas organizaciones cubanas en Estados Unidos o residentes en México para que asuman la custodia, pero los trámites son tardados.

Además, agrega, "existen países donde la deportación implica un riesgo de muerte. Sierra Leona es uno de ellos, aparte de que no tenemos relación diplomática con ellos. En esa nación la salida ilegal se considera una traición y eso equivale, en cualquier país del mundo, a la muerte.

"Los seis casos de ciudadanos de Sierra Leona implican realizar gestiones, ya sea con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados o con algunas organizaciones no gubernamentales, para buscarles una alternativa, porque tampoco los podemos dejar salir, pues no saben español, carecen de empleo y, en todo caso, aunque están aquí contra su voluntad, es mejor, porque tienen alimento y donde dormir.

"Nuestras leyes son particulares en este sentido. Son más humanitarias y si bien buscan el beneficio, en primer lugar del país, también buscan no perjudicar a las personas. Así, si un indocumentado corre el riesgo de ser encarcelado, mutilado o asesinado en su país si lo deportamos, no lo podemos expulsar y se tiene que buscar un medio alterno."

Existen casos más extremos de quienes carecen de identidad oficial, porque no hay documento que los identifique, proporcionan datos falsos y los gobiernos no emiten los salvoconductos.

Cita los casos de los hindúes, quienes huyendo de los efectos de un terremoto han migrado en busca de llegar a Estados Unidos. No quieren regresar y proporcionan datos falsos, motivo por el cual el gobierno de la India no los reconoce y aquí están.

Pero hay más, en la estación están once personas que de plano el gobierno no ha podido determinar su nacionalidad y, por consiguiente, no hay adonde deportarlas.

Como ellos, existe una ciudadana de origen noruego que tiene 75 años de edad, es ciega y sorda, además de que sólo escribe en inglés. Noruega no la ha querido reconocer y lleva once meses en la estación migratoria, y hasta ahora sólo la Congregación de la Madre Teresa ha ofrecido auxiliarla.

?¿Podría decirse que están como encarcelados?

?Están privados de su libertad. Es una necesidad. No usamos el término ilegal porque es peyorativo, pero se trata de personas que no han cumplido las leyes para ingresar a México, y como no las podemos expulsar sería peor dejarlos fuera.

?¿Tienen alguna asesoría jurídica?

?No hay asesoría jurídica en materia migratoria. Es un asunto administrativo. Cabe aclarar que no se trata de un juicio, porque sólo se investiga si cuentan o no con documentos, y por lo tanto no están sujetas a una valoración de pruebas. En todo caso, ¿a quién le correspondería proporcionar una asesoría jurídica, a México o a los consulados?