MIERCOLES Ť 19 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Emilio Pradilla Cobos
Vulnerabilidad urbana, ayer y hoy
El 19 de septiembre de 1985, hace 16 años, en la ciudad de México un terremoto segó la vida a un número aún indeterminado de personas -entre 10 mil y 35 mil-, lesionó a varias decenas de miles y destruyó o afectó seriamente a más de 5 mil 700 inmuebles. El mayor impacto destructivo ocurrió en las delegaciones centrales del Distrito Federal. Hoy, quienes padecieron o fueron espectadores de la tragedia la han olvidado; los que nacieron luego, poco saben de ella; aún están en pie, con alto riesgo, muchos inmuebles afectados entonces, y hemos avanzado lentamente en la prevención de desastres. Sin embargo, el riesgo de otro desastre de esta naturaleza y destructividad sigue presente como amenaza real, como lo han mostrado otros eventos sísmicos importantes en la ciudad y varias tragedias en diversas regiones del país.
Las grandes ciudades mexicanas, sobre todo la Zona Metropolitana del Valle de México, elevan su vulnerabilidad a desastres en la medida que crece su dimensión y su complejidad. En nuestro caso, a la amenaza telúrica se añaden otros riesgos por causas naturales (trombas, inundaciones, deslaves, erupciones volcánicas, etcétera) y socioorganizativas (incendios, explosiones, fugas tóxicas, etcétera). Las delegaciones del centro y el oriente del Distrito Federal, los municipios conurbados ubicados sobre el ex lago de Texcoco, las delegaciones y municipios conurbados situados en lo que fue el lago de Xochimilco, así como Chalco, al suroriente de la metrópoli, comparten su ubicación en zona de lago, blanda y de alta vulnerabilidad a sismos. Los cerros y cañadas del poniente y surponiente del Distrito Federal y otros lomeríos de la metrópoli tienen alta vulnerabilidad a avalanchas de agua y deslaves de tierra. Las delegaciones y los municipios conurbados del oriente son proclives a inundaciones y desbordamientos de los canales de desagüe. Los municipios y áreas rurales del suroriente sufrirían el impacto de una erupción del volcán Popocatépetl.
Zonas industriales que manejan materias peligrosas y depósitos de combustible derivado del petróleo son vulnerables a incendios, explosiones y fugas tóxicas, como demostraron las tragedias de San Juan Ixhuatepec; los riesgos de incendios se focalizan sobre todo en zonas fabriles y las de viviendas precarias. En todos los casos, el peligro aumenta en proporción directa con la mayor densidad poblacional e inmobiliaria en zonas de alta vulnerabilidad, y con el grado de pobreza y exclusión de los residentes y usuarios, expresadas en la mala calidad estructural de la vivienda, los lugares de trabajo, su infraestructura y sus entornos urbanos. El riesgo, por tanto, surge de la combinación de determinaciones naturales, sociales y urbanísticas.
La organización para responder a las emergencias y desastres y mitigar sus efectos luego de que se han producido es muy importante, pero lo que realmente permite reducir el impacto destructivo contra personas y bienes son las acciones previas de solución de los factores estructurales de la vulnerabilidad. Las políticas y la planeación urbanas tienen el reto de responder a la complejidad de las condiciones de riesgo y, en particular, orientar el asentamiento de la población y las actividades hacia las áreas menos vulnerables, regulando sus densidades; y al mismo tiempo, inducir y promover su relocalización cuando los factores de riesgo no son solubles, o el mejoramiento sustancial de las condiciones infraestructurales y estructurales, cuando lo sean.
El mantenimiento adecuado y constante de las grandes infraestructuras y los equipamientos de servicios públicos, y el apoyo a los sectores populares para el reforzamiento de las viviendas vulnerables parecen prioritarios.
La prevención y la protección colectivas tienen como actor esencial el sector público, único capaz de organizar, concertar y coordinar la acción ciudadana; pero los actores privados tienen la responsabilidad de adecuar sus decisiones de localización, construcción, mantenimiento, organización de la actividad y desarrollo de su vida cotidiana a las situaciones de riesgo, pues son corresponsables de su propia seguridad; no pueden someter sus decisiones al juego de la rentabilidad mercantil o las oportunidades de subsistencia. Superar la vulnerabilidad urbana -que no surge de una sola causa, por importante que parezca- no se logrará con el "libre mercado" ni con acciones públicas regidas por la atención focalizada de prioridades generales, o con actos espontáneos de subsistencia popular o la vida plácida de los sectores adinerados, aunque su grado de riesgo sea menor.
La investigación rigurosa de las causas complejas, la planeación integral de las acciones públicas, la concertación con empresas, instituciones y organizaciones sociales, la coordinación metropolitana, la preparación de las familias y la formación de una cultura social de la prevención son condiciones necesarias para lograr la reducción de la vulnerabilidad urbana.