MIERCOLES Ť 19 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

MEXICO S.A.

Carlos Fernández-Vega

DIA TRAS DIA, logro tras logro -obtenidos con la decidida participación de ciertos sectores de la "autoridad"-, los neobanqueros mexicanos ratifican su condición de poder supralegal en este México del cambio.

DESDE QUE su padrino los presentó en sociedad, en aquella bella época del México moderno y primermundista, los especuladores bursátiles "transformados" en generosos banqueros han impuesto su propia ley: la de la impunidad.

SI LA situación no fuera tan delicada, la actitud -y los resultados- de las dependencias públicas encargadas de "vigilar el sano funcionamiento" del sector financiero (Secretaría de Hacienda, Procuraduría Fiscal de la Federación, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Instituto para la Protección del Ahorro Bancario), así como algunas declaraciones de sus funcionarios, se-rían dignos candidatos a los mejores teatros de revista. Lástima que al erario público le cuesten tanto.

EL CASO más reciente corresponde al secretario ejecutivo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, Julio Cesar Méndez, quien compareció en el Salón Verde de la Cámara de Diputados y ante los legisladores se quejó de que los bancos "se niegan" a apegarse a la ley vigente, que exige una revisión de los créditos irregulares (una nueva auditoría) que no cumplieron con los criterios originales del Programa de Capitalización y Compra de Cartera del Fobaproa, para lo cual el funcionario solicitó "el valioso apoyo de esta soberanía -los chiquillos y chiquillas de San Lázaro- para que se establezca a la brevedad un diálogo con las instituciones bancarias y podamos resolver o llegar a la búsqueda del consenso necesario". Así de fácil: los bancos se niegan y la diligente autoridad encargada de aplicar la ley simplemente no actúa.

EN DONDE el IPAB no se queja y actúa de inmediato y sin reparos -a pesar de las "fallas legislativas" que originan el "pobre desempeño" del instituto (Méndez dixit)- es en la generosa cobertura de interés generados por los pagarés del Fobaproa en poder de los banqueros, que en este caso no se "niegan" a acatar el mandato legal. En el primer semestre del año, el erario tuvo la cortesía de destinar a tal fin alrededor de 12 mil 500 millones de pesos para que los barones del dinero estén contentos y mantengan "su negativa" para acatar el mandato legal de las nuevas auditorias.

EN CONCORDANCIA con lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República tampoco hicieron su tarea y por ello motivaron, como en los tiempos dorados, la felicidad de Carlos Cabal Peniche: "El ex banquero recibió -el lunes- diez autos de libertad, que se suman a los tres obtenidos la semana pasada, con lo cual sólo enfrenta dos procesos por el delito de fraude genérico por un monto de 300 millones de pesos (alrededor de 30 millones de dólares al tipo de cambio actual), siendo que al arribar al país -el 6 de septiembre- enfrentaba 15 cargos por diversos ilícitos que representaban más de 700 millones de dólares". (La Jornada, Jesús Aranda).

TODO INDICA que la asesoría legal que el ex dueño del Grupo Financiero Unión-Cremi recibió en Australia sólo le hizo perder el tiempo e incrementar la nostalgia, toda vez que estuvo preso en ese país alrededor de tres años sin alcanzar -cuando menos- el beneficio del arresto domiciliario. En cambio, no ha pasado ni dos semanas en este generoso país y, šzas!, como por arte de magia se quitó de encima 87 por ciento de las acusaciones por las cuales el gobierno mexicano solicitó su captura, encarcelación y extradición, y 96 por ciento del monto económico involucrado en las demandas (de 700 a 30 millones de dólares).

PERO HAY que ser humildes y reconocer que los triunfos "legales" del Rey Midas del salinato no deben atribuirse en exclusiva a su poderoso equipo de abogados autóctonos y/o a los generosos jueces encargados del caso, sino -honor a quien honor merece- a la valiosa y decidida contribución obsequiada por las autoridades de Hacienda y la PGR, a quienes se les "olvidó" (Ƒserá?) el tiempo y procedimiento para sostener las acusaciones contra el ex banquero.

DE ACUERDO con la versión oficial, la Procuraduría "no demostró la calidad específica de sujeto activo del acusado; es decir, Cabal era presidente del consejo de administración del Banco Unión, y los delitos se le imputaron en calidad de funcionario o empleado, por lo que no se demostró su nexo con el delito"; A su vez, la Secretaría de Hacienda "interpuso su demanda fuera de tiempo, dado que había prescrito el delito en razón de que la querella se interpuso más de un año después de que la autoridad conoció del acto ilícito y del presunto culpable". El resultado de "errores", "omisiones" y "olvidos", pues, no puede mejorarse: libertad absoluta "por falta de elementos".

POR CIERTO, tanto la Secretaría de Hacienda como la Procuraduría General de la República notificaron que iniciarán una investigación para fincar responsabilidades a todo aquel funcionario público que resultara involucrado en la comisión de "errores" (complicidad), "omisiones" (ineptitud) y "olvidos" (corrupción) en el caso Cabal Peniche. No se sabe si tal actitud pretenda reivindicar las aptitudes y alcances que las dependencias dicen tener, o simplemente corresponda a un procedimiento de rutina toda vez que es a toro pasado. Si alguien tiene dudas al respecto, que le pregunte a El Divino, conocido en los bajos mundos como Angel Isidoro Rodríguez

Las rebanadas del pastel:

PARA EJERCITAR la memoria, en noviembre de 1993 Antonio Ortiz Mena, en ese entonces asesor "de finanzas" de CSG, obsequió a la historia nacional la siguiente perla: "En este sexenio la democratización del capital es una realidad. Es un espejismo la concepción de que en la administración salinista se han monopolizado los recursos en unas cuantas manos. Ahora son millones los mexicanos que cuentan con paquetes de acciones y, por lo mismo, participan en el desarrollo de más empresas. Los capitanes de las unidades productivas son sólo sus administradores y los responsables de hacerlas crecer y llevarlas a buen puerto. Si fallan se desploma el precio de los papeles, se pone en peligro las fuentes de empleo y riqueza productiva, y ese lujo no puede darse nadie"... Los 58 millones de mexicanos que se aferran a vivir en la pobreza y la miseria (de acuerdo con la más reciente estimación del Banco Mundial) solicitan al supremo gobierno les informe sobre el paradero de sus respectivos paquetes accionarios... Nomás pa' saber, declararon los involucrados... Un enorme abrazo y su respectiva felicitación para la comunidad jornalera (accionistas, trabajadores y lectores), en el 17 aniversario de La Jornada.

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