MIERCOLES Ť 19 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Es urgente que se unifique la definición del concepto en los estados, dice visitador
Demanda la CNDH legislar para erradicar la tortura
VICTOR BALLINAS
Se debe legislar de una vez por todas para erradicar la tortura en México, que es "un fenómeno que no cesa", para que en los casos donde haya obtención forzada de pruebas por medios ilícitos, los procesos penales se anulen, demandó ayer el segundo visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.
Además, el funcionario dijo que "es urgente que todas las legislaciones estatales que tipifican y sancionan la tortura se uniformen, porque en los términos tan disímiles en que hoy se encuentran redactados son una burla para los afectados y para la sociedad ".
En su intervención en el foro La tortura en México, Plascencia Villanueva dijo que "no se vale un doble discurso, que por un lado se hable de que la tortura es un delito de lesa humanidad, y por otro haya estados de la República con penas mínimas de un año para castigarlo. Basta ya de acciones aisladas", aseveró.
En virtud de que los congresos estatales han tipificado la tortura de diversas formas, y las sanciones son igualmente distintas, "sería necesario que esa práctica se considerara un delito de tipo federal, porque la manera en que está definida y sancionada actualmente en las entidades parece una burla, y en muchos casos, los funcionarios que la cometen ni siquiera llegan a pisar la cárcel", expuso el funcionario.
Plascencia Villanueva destacó que 19 entidades -Hidalgo, Nuevo León, Jalisco, Zacatecas y el Distrito Federal, entre otros- tienen una definición muy cercana del concepto de tortura. Pero, ejemplificó, en el caso de Baja California Sur incluye "insinuaciones terribles", que en la práctica resulta extremadamente difícil de probar.
Abundó que en total hay nueve variantes en los códigos penales de los estados. Por ejemplo, "en el estado de México, se considera tortura que el servidor público obtenga información o confesión a través de golpes, mutilaciones, dolor, quemaduras, o privación de alimentos al inculpado. En Oaxaca, la tortura es el acto que se lleva a cabo por un funcionario público para obtener placer para sí o para un tercero, o incluso por discriminación".
Y la sanción es también muy diversa, en promedio va de 3 a 12 años de cárcel, pero en muchas entidades los castigos para ese delito son de uno a 6 años. Entonces, preguntó: "Ƒpor qué se tipifica en algunos estados con el mínimo?", y él mismo se respondió: "para que existan los beneficios de libertad preparatoria; de esa forma, los funcionarios que aceptan que cometieron tortura ni siquiera llegan a pisar las cárceles".
También participó en el foto Santiago Corcuera Cabezut, coordinador del programa y de la maestría en derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, quien demandó que México ajuste sus ordenamientos al marco internacional, pues dijo, aunque la Ley para la Prevención y Sanción de la Tortura fue modificada en 1991, se quedó muy atrás de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.