MIERCOLES Ť 19 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť El próximo día 26 vence el plazo para presentarlas
La SCJN ha recibido 290 controversias constitucionales contra la ley indígena
JUAN ANTONIO ZUÑIGA Y MATILDE PEREZ U.
A ocho días de que se cumpla el plazo legal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que hasta el momento ha recibido 290 controversias constitucionales generadas por la llamada ley de derechos y cultura indígenas, las cuales demandan la invalidez de las reformas a los artículos 1, 2, 4, 8, 18 y 115 fracción tercera de la Constitución, aprobadas por el Congreso de la Unión.
Como las controversias constitucionales no son acumulables, se dará respuesta a cada uno de los recursos interpuestos, explicó la SCJN, y precisó que, hasta ayer, se habían entregado ''más de 22 mil oficios'' a las partes.
La mayor parte de las controversias en contra de las reformas constitucionales en materia indígena corresponden a municipios de Puebla, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Tlaxcala y Oaxaca.
Todos los ministros de la Suprema Corte, con excepción de su presidente, participan en los proyectos de resolución de cada una de las controversias ya recibidas y las que se presenten en los próximos días hábiles.
El plazo para interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad generadas por estas reformas, vence el próximo 26 de septiembre, debido a que la ley establece 30 días hábiles a partir de su promulgación para darles entrada, y esto ocurrió el 14 de agosto pasado al publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Todavía ayer por la noche, representantes de diez municipios de Michoacán anunciaron la presentación de otras tantas controversias constitucionales referidas a las reformas aprobadas y promulgadas, denominadas bajo el concepto genérico de ley de derechos y cultura indígenas.
Una vez recibidas las controversias constitucionales, la Suprema Corte de Justicia tiene la obligación de notificar a quienes figuren como demandados, así como de recibir todas sus contestaciones a los hechos señalados.
En el caso de las 290 controversias ya recibidas, han sido notificados cada uno de los 31 congresos locales, las cámaras de Diputados y de Senadores, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Presidente de la República y el Procurador General de la República. Cada uno de ellos tiene la obligación de responder a la SCJN por cada una de las controversias constitucionales interpuestas.
Para atender el cúmulo de demandas en contra de las reformas constitucionales en materia indígena, la Corte determinó adecuar la estructura y el funcionamiento de la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad. Aumentó de 30 a 50 el personal de esta unidad y habilitó turnos nocturnos, sabatinos y dominicales.
La Suprema Corte explicó que, debido a que en los días posteriores a la aprobación de las reformas constitucionales en materia indígena se habían presentado una decena de demandas, los proyectos de resolución involucraban solamente a los ministros Olga Sánchez Cordero y Mariano Azuela Güitrón.
Pero ante la cantidad de expedientes ingresados recientemente a la Corte, el pleno tomó la determinación de involucrar al resto de los ministros, para resolver cada una de las controversias en el menor tiempo posible.
La primera controversia fue admitida el 9 de julio, aunque la promulgación de las reformas constitucionales aprobadas se llevó a cabo el 14 de agosto de este año.
Resoluciones en Oaxaca
La Suprema Corte notificó al Congreso oaxaqueño la aceptación de 273 controversias presentadas por igual número de municipios de esa entidad contra las reformas constitucionales en materia indígena, informó el presidente de la 57 Legislatura, Aquiles López Sosa.
El diputado oaxaqueño precisó que el pasado 17 de septiembre, tanto el Ejecutivo como el Legislativo de Oaxaca fueron notificados al respecto. Detalló que la referida resolución es en el sentido de admitir las demandas y ordenar el emplazamiento a la Federación, ''a través del Presidente de la República y del Congreso de la Unión, así como de la Comisión Permanente del propio Congreso federal y las legislaturas de las 31 entidades federativas, autoridades que tendrán un plazo de 30 días para producir sus respectivas contestaciones".
VICTOR RUIZ ARRAZOLA, CORRESPONSAL