Biodiversidad: mafias impunes

Crece el tráfico clandestino de flora y fauna al amparo de zoológicos, viveros y ranchos cinegéticos

ANGELICA ENCISO L.

Millonarias ganancias deja a las mafias organizadas el tráfico clandestino de flora y fauna, que se da en estrecha relación con la actividad legal de venta y aprovechamiento de vida silves-tre que se registra en ranchos cinegéticos, viveros y zoológicos, los cuales se han convertido en sitios para "lavar lo ilegal".

Estos grupos actúan en la impunidad: sólo hay 120 inspectores de vida silvestre para vigilar las 16 zonas críticas de captura ilegal ųentre las que están Sonora y Tamaulipasų, los 23 puntos fronterizos, 25 aeropuertos, 17 puertos, 117 campamentos tortugueros, las 27 áreas marinas protegidas, los 73 zoológicos, los 2 mil 442 ranchos cinegéticos y los 813 criaderos y centros de reproducción.

Además, a cambio de las sanciones máximas de diez años de cárcel y 20 mil días de salario mínimo, exponen la riqueza biológica del país, que ocupa el tercer lugar mundial por su diversidad biológica. México está en el primer lugar en especies de reptiles, en el segundo lugar en mamíferos, en el cuarto en anfibios y mariposas y el vigésimo en aves, además de que aquí se concentra 70 por ciento de las cactáceas que hay en el planeta.

Las especies mexicanas protegidas y en riesgo de extinción que más se demandan son los pericos, las guacamayas y las cactáceas. Tan sólo de la cotorra de frente roja y el loro cabeza amarilla hay estimaciones de que anualmente se venden en el mercado internacional 100 mil ejemplares al año, de los cuales 75 por ciento sería ilegal, señala un análisis del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

Como una idea de la dimensión del problema, en el mercado ilegal internacional se calcula que se venden anualmente entre 9 y 12 millones de plantas de orquídeas y de 7 a 8 millones de cactáceas, de las cuales México es el principal centro de origen, según información de la Semarnat.

Aunque la mayoría de este comercio está asociado a aspectos culturales y medicinales, una buena proporción de los encargos de especies son por "moda". La demanda va desde los reptiles, felinos, aves canoras y de ornato, cactáceas hasta las orquídeas. Hay gente dispuesta a pagar miles de dólares por ellas. Por ejemplo, un loro cabeza amarilla se cotiza en alrededor de 2 mil dólares.

También se amenaza a las especies con el mercado legal, "el que un ejemplar tenga papeles no quiere decir que no se afecte su población. Por ejemplo, el grupo de loros, cotorras y guacamayas que se venden mucho también está gravemente amenazado porque tiene una tasa reproductiva baja, lo que hace necesario proteger sus sitios de anidamiento para asegurar su sobrevivencia", indica Adrián Reuter, director del área de Tráfico del WWF.

Tan sólo durante el primer semestre del año la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decomisó 40 mil ejemplares y tradicionalmente se ha orientado más a vigilar lo que entra que lo que pueda salir, indicó la subprocuradora de Recursos Naturales, Diana Ponce. Por ejemplo, a principios de año se decomiso al Circo Hermanos Vázquez un elefante asiático que fue importado ilegalmente y hace unas semanas se aseguró un cachorro de tigre siberiano.

"Con 120 inspectores concentrados en la inspección de vida silvestre en todo el país, tenemos lo que se va encontrando en el camino. Conocemos los principales mercados donde se venden, hay operativos especiales y las zonas críticas están asociadas con los lugares donde hay un mayor aprovechamiento legal autorizado", señala.

La dependencia vigila de cerca las Unidades de Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (Umas) que se crearon el sexenio pasado para regular el comercio y aprovechar las especies legalmente y donde quedaron integrados los ranchos cinegéticos, zoológicos, criaderos y viveros.

"Los críticos dicen, con cierta razón, que establecemos incentivos perversos a la ilegalidad porque vigilamos a los que están legalmente establecidos. El asunto es que los permisos legales formales sirven para lavar lo ilegal. El permiso, anillo o chip de un ejemplar, en lugar de dejárselo, se lo van pasando a otros al momento de la venta. Con un solo permiso pueden vender una gran cantidad de ejemplares. Esta situación se da porque todavía no hay una tecnología a prueba de falsificaciones", sostiene.

Asegura que en el trafico ilegal hay un problema de explotación porque al campesino que baja el perico del nido le pagan 50 pesos, mientras que si contara con un permiso podría percibir mil pesos. "El que captura no tiene ningún beneficio. Lo que la Profepa busca es identificar las rutas ilegales del clandestinaje, aunque hay mercados obvios, como el de Sonora en la ciudad de México, o el del paraje de Charco Cercado, que se localiza entre las ciudades de Matehuala y San Luis Potosí.

"La venta de especies protegidas está asociada con otro tipo de problemas sociales. Necesitamos soluciones de fondo y dar alternativas que incluso estén relacionadas con el comercio de estas especies con criterios de sustentabilidad. Charco Cercado sería el único sitio que requeriría el uso de la fuerza pública", advierte.

En esta actividad hay grandes mafias a nivel nacional e internacional y en muchos casos de especies exclusivamente mexicanas. El problema es que "no damos el valor real a las especies. Esto es obvio cuando se detiene a alguien que trafica con animales. Las multas y las sanciones no son altas, lo que lo hace un comercio atractivo: los beneficios económicos son enormes y el riesgo es mínimo en comparación con quien se dedica al trafico de armas o drogas. El mercado de vida silvestre se convierte en algo redituable, con menos riesgos", asevera Adrián Reuter.

Zonas críticas

Los ranchos cinegéticos orientados a la caza son algunas de las Umas donde la Profepa mantiene mayor vigilancia. La dependencia tiene ubicadas como zonas criticas las regiones donde se localiza el mayor número de unidades. Es el caso de Sonora ųdonde hay 600ų, Coahuila ųtiene alrededor de 300ų, Nuevo León ųdonde hay 500ų y Tamaulipas ųcuenta con 750 Umas.

En estas entidades hay un problema serio de cacería, sobre todo en especies como borrego cimarrón, venado bura, venado cola blanca y pecarí. En este aprovechamiento se presentan irregularidades por parte de organizaciones, prestadores de servicios y por la gente que ejerce la cacería furtiva. La misma situación se presenta en el caso de aves canoras y de ornato.

Datos de la Semarnat indican que hay un padrón de alrededor de 36 mil cazadores, de los cuales 60 por ciento son nacionales y el resto son extranjeros que tienen especial interés en especies como el borrego cimarrón, por el cual pueden pagar permisos de captura de hasta 40 mil dólares. Esta actividad que según la ley debe desarrollarse en los ranchos cinegéticos, genera recursos por alrededor de 186 millones de pesos anuales, con ganancias netas de 26 por ciento.

Además de las irregularidades en los ranchos, la Profepa también ha encontrado anomalías en los zoológicos. Se utilizan para "lavar animales adquiridos ilegalmente. Hay pláticas con los responsables de los que hay en el país. Son unos de los que nos critican, nos dicen que la venta clandestina ocurre en los mercados, pero estos lugares de esparcimiento son sitios adonde acude gente en busca de especies".

El problema del tráfico ilegal de especies se agrava por la falta de un reglamento sobre la Ley General de Vida Silvestre, lo cual constituye un obstáculo para el cumplimiento de la ley y un factor que ha evitado regular las Umas, sostiene Diana Ponce.

El objetivo inicial de las Umas, que se establecieron en 1997, fue promover esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del ambiente, mediante el uso ordenado y planificado de los recursos naturales, indica la Estrategia nacional para la vida silvestre elaborada por el Instituto Nacional de Ecología.

Entre los tipos de aprovechamiento que se consideraron para las Umas están cacería deportiva, mascotas, ornato, alimento, insumos para la industria y la artesanía, exhibición, colecta, investigación, educación ambiental, fotografía, video y cine. Para la dependencia una de las características más importantes fue la adhesión convencida de sus dueños ųcomuneros, ejidatarios o pequeños propietariosų a la protección y el manejo de los hábitat y la vida silvestre.

Actualmente se manejan en estas unidades alrededor de 700 especies de flora y fauna entre las que están aves, mamíferos, reptiles, anfibios e invertebrados, además de cactáceas, orquídeas y palmas.

En este momento, en que está en discusión el reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, "hay riesgos grandes, los beneficios pueden ser enormes si no hay control ni lineamientos adecuados para las Umas porque pueden usarse como lavaderos del comercio de la vida silvestre sin plan ni control adecuado", advierte Adrián Reuter.

Traficantes en la red

Por medio de Internet se pueden encargar especies que están en riesgo de extinción o bajo protección especial "con papeles en regla" que acreditan la procedencia de las especies. Por ejemplo en Reptilandia (habitantes.elsitio.com), que tiene sus oficinas en la ciudad de Puebla, una guacamaya azul cuesta 15 mil pesos, una guacamaya roja 16 mil pesos o un tucán se puede obtener por 12 mil pesos. Todas ellas especies protegidas por la norma mexicana 059.

Un mayor valor tienen las tortugas, de las cuales puede haber desde concha blanda, elefante hasta mapa, pero cuyos precios no se publican en la página y se debe enviar una carta para obtener los costos.

La tortuga terrestre de patas rojas ųGeochelone carbonariaų que aún no esta en riesgo de extinción y es originaria del Caribe y América del Sur, está protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. En la pagina Eurorreptiles se vende con el siguiente anuncio: "Tortugas terrestre de patas rojas. Adultas. Ahora es prácticamente la única tortuga terrestre de la que se importan ejemplares adultos y pensamos que no por mucho tiempo. Más de 35 ejemplares en stock!!!!!"

ANGÉLICA ENCISO L.