LUNES Ť 17 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

Ť Recuperó instalaciones; los inconformes se quejan de malas condiciones laborales

Disolvió la PFP motín de policías en Chiapas y asumió el control

Ť Detenidos, un jefe sectorial y 19 efectivos; Salazar Mendiguchía solicitó la intervención federal

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 16 de septiembre. Efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) disolvieron este domingo un amotinamiento y recuperaron las instalaciones del cuartel general y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en esta capital, que el sábado pasado tomaron cientos de policías estatales en protesta por sus condiciones laborales. Entre las peticiones de los efectivos de la SSP estuvieron entrenamiento, equipo, salarios, servicios de salud y seguro de vida.

La Secretaría de Seguridad Pública federal se negó a precisar el número de efectivos enviados a la capital chiapaneca a solicitud del gobierno estatal, pero aseguró que eran los "suficientes" para suplir el vacío de autoridad dejado por los efectivos estatales. Añadió que Fuerzas Federales de Apoyo y los Grupo de Operaciones Especiales patrullaron desde la tarde del 15 de septiembre las calles de Tuxtla Gutiérrez "para brindar seguridad a la población".

Durante operativos que puso en marcha la PFP se arrestó al director de la Policía Sectorial, Werclaín Ramos Aguilar, y a otros nueve agentes. Estos diez servidores públicos fueron acusados como presuntos responsables de rebelión, asonada, motín, coalición de servidores públicos, abuso de autoridad, atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, privación ilegal de la libertad, robo de documentos, daños, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.

Los suplieron en sus labores

Agentes de la PFP, así como de las policías Auxiliar y Judicial del estado suplieron en sus labores a los cinco mil policías sectoriales destinados a la vigilancia preventiva en distintos puntos de la entidad, incluidas las 13 cárceles del estado.

Al cierre de esta edición, la PFP mantenía el control del cuartel general y de la SSP, mientras que los bancos de armas de dichas instancias fueron trasladados a la séptima Región Militar.

El motín de la policía sectorial inició la madrugada del sábado 15. Al menos mil uniformados abandonaron sus destacamentos; entonces se concentraron en su cuartel de Tuxtla Gutiérrez, y en las instalaciones de la SSP. Portando armas largas y uniformes, los descontentos cerraron la entrada a las instalaciones e impidieron el paso al secretario estatal de Seguridad, Mauricio Gándara Gallardo.

Los servidores públicos dieron a conocer un pliego de demandas que incluían mejor entrenamiento, equipo, salarios, servicios de salud, y seguro de vida.

Explicaron que "prácticamente" se encuentran en estado de indefensión ante las emboscadas de las que fueron víctimas durante el mes pasado.

De forma colectiva, sin que ninguno de los uniformados quisiera dar a conocer su identidad a los medios, los insurrectos sostuvieron que perciben menos de 2 mil pesos mensuales, y durante los operativos o comisiones a que son adscritos se les otorgan como viáticos únicamente diez pesos diarios.

Asimismo se quejaron de que las armas y equipo que portan se encuentran en condiciones "deplorables", e incluso les cobran cada bala, llanta de refacción y demás elementos que pierden durante patrullajes u operativos.

Pusieron como ejemplo el caso de la unidad móvil que resultó dañada a balazos durante la más reciente emboscada que sufrieron en el municipio de Simojovel, y que se pretendía pagara el chofer que durante el incidente resultó herido, explicaron los agentes inconformes.

En respuesta, el Ejecutivo estatal solicitó la intervención de la PFP, así como de las corporaciones Auxiliar y Judicial para resguardar los puntos que abandonaron los policías sectoriales, incluido el resguardo del palacio de Gobierno, durante la celebración del Grito de Independencia.

Diálogo, hasta que depongan su actitud: Zebadúa

El secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa, informó que los uniformados "estaban siendo manipulados", y por ello las autoridades chiapanecas no dialogarían con ellos hasta que depusieran su actitud.

A 24 horas de iniciado el movimiento, policías judiciales catearon la casa particular del director de la policía sectorial, Werclaín Ramos Aguilar. Según la Procuraduría de Justicia, en el lugar se encontraron "fuertes cantidades de dinero, relojes finos y joyas que no corresponden a sus prestaciones salariales (del funcionario)".

Ramos Aguilar fue detenido y remitido a las instalaciones de la Procuraduría estatal en calidad de detenido, "al resultar ser el principal responsable del motín de los agentes a su mando" indicó en un comunicado la Secretaría de Gobierno.

Esta dependencia indicó que en contra de Ramos Aguilar había diversas averiguaciones previas y, "al enterarse (el jefe policiaco) de que el proceso de depuración y saneamiento de la policía apuntaba en su contra", promovió el amotinamiento de la policía y la toma del cuartel general de la misma.

Horas después del operativo de cateo, al menos cien agentes de la PFP entraron a las instalaciones de la SSP, en donde encontró a nueve agentes a quienes detuvieron. Los policías federales tomaron el banco de armas y las trasladaron a la séptima región militar; posteriormente entregaron el inmueble al titular de la dependencia, Mauricio Gándara.

Durante estas acciones, el resto de uniformados inconformes se concentraron en el cuartel general de la corporación, misma que entregaron hasta las 21:00 horas de este domingo. Según el vocero del gobierno estatal, David Tovilla, los policías sectoriales se retiraron a sus destacamentos de manera voluntaria, y "en los próximos días cuando" se tratará el cumplimiento a sus demandas "con las autoridades competentes".

La PFP también tomó control del cuartel policiaco, y trasladó el banco de armas a las instalaciones militares.

A Ramos Aguilar y los agentes Gabriel Rojas Pérez, Pedro Guzmán Pérez, Juan González González, Betobel Cruz Mendoza, Oscar Escobar Cruz, Julio Vilchis González, Miguel Angel Pérez Mendoza, Serafín González Urbina y Albino Vázquez López, se les fincó la presunta responsabilidad de diversos supuestos delitos, entre ellos el de rebelión, motín y atentado contra la paz.

Por su parte, el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía subrayó en entrevista, concedida la mañana del domingo, que algunos de los efectivos policiacos podrían estar vinculados con la "delincuencia organizada", y como respuesta a las investigaciones en su contra tomaron el cuartel "enarbolando banderas que podrían tener legitimidad".

Al cierre de esta edición, la labor de los policías sectoriales aún era suplida por la PFP y el resto de los policías estatales. (CON INFORMACION DE TRIUNFO ELIZALDE Y JUAN ANTONIO ZUÑIGA)