SABADO Ť 15 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

Ť Auditoría a la cuenta pública de 1999 señala anomalías en INAH, Ssa y Diconsa

Sectur comprobó gastos con facturas apócrifas

Ť En el ISSSTE, daño patrimonial por $7.3 millones al adquirir medicamentos en exceso

ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ

Luego de la revisión de la cuenta pública federal de 1999 se descubrieron anomalías y faltas administrativas en Sectur, el INAH, la Ssa, el ISSSTE, Diconsa y Liconsa.

El estudio y análisis elaborado por la Auditoría Superior de la Federación señala que en la Secretaría de Turismo una parte importante de los recursos asignados a algunas partidas de los capítulos materiales y suministros y servicios generales se utilizaron para otorgar cantidades mensuales a una parte de los trabajadores, sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La auditoría recabó evidencia de que "algunos gastos fueron comprobados con facturación presumiblemente apócrifa, y se detectaron gastos por concepto de eventos internacionales que carecen de la documentación comprobatoria".

En el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) la auditoría concluyó que se tenían registrados y catalogados 29 mil 355 sitios arqueológicos, de los cuales 15 mil 185 correspondían a zonas con estructuras monumentales, y de éstas sólo 172 se encontraban abiertas al público, 28 menos que en 1997.

En 1995, sólo en 172 zonas arqueológicas abiertas al público se contaba con personal de vigilancia, mientras que en 15 mil 90 de esas áreas no se aplicó ninguna medida para protegerlas. De tal forma que la PGR intervino en 90 denuncias por los delitos de daños y robos relacionados con el patrimonio del país.

En el ámbito del ejercicio presupuestal, 80 por ciento de los recursos se destinó al desarrollo de actividades administrativas, investigación y formación de profesionales, y únicamente 19.8 por ciento a la conservación y difusión del patrimonio cultural.

En Diconsa los resultados de la auditoría determinaron la existencia de anomalías, porque el programa de abasto rural fue insuficiente e insatisfactorio, y en caso de no revertirse la pérdida presupuestal en el área de operación "se acrecentará la descapitalización de la empresa".

En el caso del programa de abasto rural se hallaron faltantes en los capitales de trabajo asignados a las funciones de atención comunitaria, y la ausencia de vigilancia a manos de los comités rurales de abasto.

En Liconsa, en el Programa de Abasto Social de Leche se encontró un desempeño insatisfactorio "en cuanto al cumplimiento del compromiso gubernamental de elevar en el mediano plazo el suministro del producto a la población infantil en condiciones de pobreza extrema; también hubo fallas en la atención prioritaria a las localidades rurales de alta y muy alta marginación. Asimismo, la empresa registró pérdidas en operación acumuladas, que la colocaron en situación de quiebra técnica".

Impacto nutricional

Los auditores también aseguraron que el impacto nutricional del programa no fue el esperado, porque la atención a las comunidades rurales se retiró en un promedio de 62 por ciento de la dotación autorizada, "hecho que se agrava aún más si se considera que dicho volumen (54.9 por ciento) es consumido por la población infantil; esto es, que los niños sólo consumen poco más de la mitad de la dotación teórica requerida para garantizar los nutrientes que exigen su desarrollo físico e intelectual, pues el resto se distribuye entre los otros miembros de la familias".

En la Secretaría de Salud el desempeño del programa de ampliación de cobertura "fue insatisfactorio" con relación al objetivo de mejorar las condiciones de salud de la población marginada de áreas rurales y urbanas con acceso limitado o nulo a los servicios, debido fundamentalmente a su escasa capacidad de convocatoria entre la gente.

En el ISSSTE, durante el ejercicio de 1999 se encontraron faltantes en inventarios por 7 millones 208 mil pesos; además, el órgano interno de control no ha iniciado las acciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Se detectó un daño patrimonial por 7 millones 382 mil pesos, derivado de la adquisición en exceso de medicamentos, debido a deficiencias en la determinación de necesidades.

Incluso se observaron faltantes en la distribución de medicamentos por 2 millones 69 mil pesos, que no fueron reclamados a la aseguradora para su recuperación; existen fármacos y material de curación caducos que no han sido canjeados con los proveedores, por 9 millones 778 mil pesos.