Ť Entrevistas a Carlos Imaz, José Luis Luege y María de los Angeles Moreno

Confrontan PRD, PAN y PRI su visión del futuro político del DF

Ť Apuesta el partido del sol azteca por toda la autonomía posible y la subordinación indispensable

Ť Pugnará el blanquiazul porque la ciudad sea soberana en su régimen de administración pública

Ť Un Ejecutivo fuerte, unipersonal, pero con contrapesos ciudadanos, propone el tricolor

ELIA BALTAZAR

Dos visiones de gobierno se confrontan en la mesa de discusión de la reforma política para el Distrito Federal. Su disputa se concentra, en esta etapa, en un concepto: autonomía. No sólo para la ciudad en su conjunto, sino en distintos rangos para los diferentes niveles de gobierno que la conforman. Esa es la apuesta del PRD capitalino y se resume en las palabras de su presidente, Carlos Imaz: "toda la autonomía posible, la coordinación necesaria y la subordinación sólo indispensable".

Porque "necesitamos construir una estructura de gobierno que atribuya mayores facultades a los gobiernos delegacionales, que permita la necesaria coordinación entre éstos y el poder central, y que en algunos temas reconozca la necesaria subordinación ante este último".

Por eso, el principio básico para alcanzar la meta que se propone el PRD es la reforma al artículo 122 de la Constitución. Y por eso identifica como fundamental el acuerdo que alcancen los partidos políticos y el gobierno capitalino respecto de la redacción del texto constitucional, en el que se pretende asentar la autonomía jurídica del DF y, al mismo tiempo, redefinir su carácter único como ciudad capital, asiento de los poderes federales, y su condición metropolitana y conurbada.

Suena fácil, pero no lo es. Porque hay matices que marcan diferencias. Y las reservas existen: "Nuestra principal preocupación en torno de lo que actualmente se discute -explica- es que no haya simulación, que no se juegue con las palabras, y que si todos nos hemos manifestado por la autonomía en el régimen interior, que así sea".

Este parece el rumbo. Hay una declaración unánime a favor de impulsar la autonomía jurídica para el Distrito Federal, dice Imaz, pero prevalecen algunas posiciones que pujan en sentido inverso de lo que plantea el PRD. Es decir: la subordinación que más se pueda y la autonomía indispensable.

De modo que, para el líder perredista, "hasta que esté escrito el 122 no vamos a saber qué tan cierta es la postura de alguno de los partidos respecto de la autonomía jurídica para el DF", dice. "Porque podemos declarar formalmente el régimen autónomo, pero dejar amarrada la estructura de gobierno en la Constitución, para que cualquier modificación tenga que someterse al periplo a que obliga cualquier reforma constitucional en las cámaras de Diputados y Senadores."

 Y dado que la reforma política que actualmente se discute en la capital deberá pasar por el Congreso de la Unión, donde la composición y representación de las fuerzas políticas se inclina hacia PAN y PRI, una sola será la ruta para alcanzar la autonomía en el Distrito Federal, según Imaz: la unanimidad en los acuerdos. "Ni siquiera sería suficiente hablar de consenso. Tenemos que avanzar todos hacia el mismo rumbo o no hay reforma política", explica Carlos Imaz, en entrevista con La Jornada.

Paradoja política

El régimen de excepción que somete al DF a la voluntad federal, en algunos temas, lo sujeta también a una paradoja política: la mayoría no decide en la capital del país. Las decisiones siguen en manos de un Congreso donde los partidos de oposición en la ciudad son mayoría. "Eso significa que una minoría política en la ciudad tienen la llave constitucional del candado en las cámaras de Diputados y Senadores", explica Imaz.

Ya sucedió en el gobierno pasado, cuando el PRD era mayoría en la Asamblea Legislativa, impulsó la reforma política y se estancó en el Poder Legislativo federal. De modo que, en cualquiera de los casos, PRI y PAN tendrían la posibilidad de frenar la iniciativa.

La lógica del PRD, pues, es recorrer el camino de arriba hacia abajo. "Y la única reforma real en este momento es asegurar el régimen autónomo en el artículo 122. A partir de éste podrán venir otras reformas que se irán construyendo, de acuerdo con las características y condiciones de la propia ciudad de México y ver hasta dónde los otros están dispuestos a avanzar en un esquema de democratización", dice el líder perredista capitalino.

El paso siguiente será la elaboración de una constitución local que, como sucede en los estados, pueda ser modificada por las dos terceras partes del Legislativo y, además, sujeta a referéndum, propone el PRD. Porque "no se trata de hacer una constitución que se cambie cada cuatro días. La estamos pensando en serio, pero también pensamos en que nos podemos equivocar y que es necesario que la ciudad cuente con el margen suficiente de corrección. Pero que sea la ciudad y no el Congreso. Por eso todo lo que tiene que ver con el régimen interno debe estar en una constitución local".

Convencido de la premisa de la autonomía, Imaz argumenta a favor de fortalecer lo más posible las facultades de los gobiernos locales en la ciudad, "porque mientras más cerca está de la gente la ejecución de los recursos, la acción y gestión de gobierno, más eficaz se vuelve éste, dado que se encuentra cerca del reclamo y las necesidades de los ciudadanos".

En ese sentido, para Carlos Imaz hay un pendiente obvio: "las facultades de los delegados, que ya son electos, pero que requieren de mayores facultades reales, como el ejercicio de los recursos, la ejecución de obra, siempre y cuando se mantenga una política de unidad que le dé sentido, coherencia y funcionalidad a la ciudad".

Pero que se entienda, dice Imaz, que en la unidad debe reconocerse la diversidad de la ciudad y por eso cada una de sus unidades de gobierno requiere de un rango de autonomía.

Reconocido el carácter único de la ciudad de México, Imaz considera necesario avanzar hacia la municipalización del DF, pero de manera particular, no sujeta a lo establecido en el artículo 115 constitucional, que establece un esquema específico de municipio, "cuando lo que nosotros buscamos es algo distinto, para lo cual no hay un modelo previsto".

La reforma política del DF ha puesto al PAN ante "una situación crucial", pues para avanzar en ella podría renunciar a su demanda histórica de crear el estado 32, así como a la creación de cabildos en las 16 delegaciones políticas, señala el dirigente del PAN en la capital, José Luis Luege Tamargo.

Argumenta que tanto Francisco José Paoli Bolio, su representante en la mesa de negociaciones para la reforma política, como Acción Nacional saben que no será posible sostener esa postura hasta sus últimas consecuencias, porque el PRI, que se opone a la conformación del estado 32, mantiene la mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores, por lo que el PAN y el PRD tendrán que flexibilizar su posición al respecto, "pues de lo contrario será imposible avanzar un centímetro en la reforma política".

El político panista destaca los compromisos del Presidente de la República y del jefe de Gobierno local para sacar adelante la reforma política del DF, por lo que considera que los partidos no pueden cometer un error que postergue más los cambios que se requieren en la administración pública capitalina.

En esta reforma, dice, el PAN llegará hasta donde la negociación lo permita; "sabemos que estamos ante una situación crucial, pero también que estamos en el momento en que podemos dar el mayor avance posible a esta reforma. Si los partidos mantenemos nuestras posiciones históricas sobre el estado 32 y cabildos en los municipios, quizás no podamos avanzar un solo centímetro", remarca el dirigente del blanquiazul.

 Luege Tamargo señala que a la luz de un análisis más profundo sobre la reforma política, "el PAN ha considerado no sólo renunciar a su demanda histórica, sino discutir la viabilidad de la misma en un futuro, pues se analiza que la sola creación de los cabildos en los municipios no contribuiría a solucionar la crisis que vive la ciudad de México en materia de agua, transporte y medio ambiente".

El dirigente panista admite que la posición tradicional del PAN era muy sólida en cuanto a que el DF debía convertirse en un estado libre y soberano, y que cada una de las 16 delegaciones políticas se convirtiera en municipio con cabildo. De hecho Acción Nacional defendió esa posición en la mesa de negociaciones; sin embargo, dice, el PAN está obligado a discutir la viabilidad de esa demanda histórica, "porque estamos conscientes de que la sola visión de los cabildos no solucionaría la grave crisis que enfrenta la ciudad, y nos queda muy claro que si no hay medidas de unidad y coordinación metropolitana para combatirla el DF va hacia un colapso real".

Indica que, en contraparte, Acción Nacional pugnará porque en las negociaciones hacia una reforma política el Distrito Federal sea soberano en su régimen de administración pública interna, posición con la que coinciden los diferentes partidos políticos y en lo cual hay avances muy importantes en estas negociaciones.

Indica que de la misma forma pugnará por reformas que permitan resolver los problemas que enfrenta la ciudad, como es el hecho de que los delegados políticos no tengan facultades para ejercer las responsabilidades de su competencia.

Agrega que de la misma forma hasta el momento todos los partidos están de acuerdo en que el Distrito Federal debe contar con una constitución propia, aunque el PRI se opone a darle ese estatus. En ese sentido, señala que para el Acción Nacional el nombre no sería problema si el contenido es el de una constitución.

Por otra parte, el dirigente aclara que la presencia de Francisco José Paoli Bolio no desplazó al Partido Acción Nacional capitalino de la mesa de negociaciones de la reforma política del DF.

Señala que Paoli Bolio fue nombrado representante ante esas negociaciones por el comité directivo regional de Acción Nacional "y ha enriquecido la posición del PAN en cuanto a la reforma política".

Luege Tamargo agrega que el presidente Vicente Fox ha manifestado su real intención por sacar adelante la reforma y en el mismo sentido se han manifestado el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, y el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, por medio de José Agustín Ortiz Pinchetti; "por lo tanto los partidos políticos no podemos cometer un error".

Sobre la relación que mantiene la dirigencia del Partido Acción Nacional con su fracción parlamentaria en la Asamblea Legislativa, dice que "hay una coordinación impecable, una comunicación total con los legisladores". Lógicamente, abunda, siempre hay posiciones particulares, errores que cometemos muy graves, míos y de ellos.

El dirigente destaca que está muy satisfecho con el cuerpo legislativo de Acción Nacional: "es un grupo parlamentario muy joven, por lo mismo también con inexperiencia, lo que a veces constituye un obstáculo para avanzar, desde el punto de vista de que se cometen muchos errores; sin embargo, en general hay muy buena disposición de los legisladores del blanquiazul".

El PRI le apuesta a una reforma política de proporciones mayores que dé cómo resultado un Ejecutivo fuerte, unipersonal, pero contrapesado democráticamente por un conjunto de ciudadanos electos de manera simultánea, quienes en una primera instancia podrían dirimir las controversias que se presenten entre el jefe de Gobierno y los delegados; fijar un techo financiero a las demarcaciones territoriales y fortalecer el sistema judicial local, incluyendo la creación de un tribunal especializado en lo laboral

Así lo vislumbra la coordinadora del PRI en la Asamblea Legislativa, María de los Angeles Moreno Uriegas, quien precisa que no sólo se trata de modificar la redacción del artículo 122 constitucional, sino también otros 10 o 12 más. "Lo cual implica una reforma de proporciones mayores a la que sólo se puede lograr con el consenso de todos los partidos políticos, de la Asamblea Legislativa y de las áreas de gobierno federal y local consultadas."

La ex presidenta del PRI nacional detalla que la ALDF ganaría en esta reforma la posibilidad de presentar iniciativas no sólo para la ciudad de México, sino en el ámbito nacional, si se modifica el estatuto de gobierno o político, en vez del Congreso de la Unión, como sucede ahora. "La única excepción sería el primer capítulo, en el cual se definen las relaciones entre los poderes federales y los órganos locales."

En materia de seguridad, abunda Moreno Uriegas, correspondería a la ALDF la facultad de legislar y ratificar al procurador, que sería designado por el jefe de Gobierno. Las fuerzas pública y armada seguirían dependiendo del Ejecutivo federal, por lo que toca a las líneas generales. "Siempre cuidando que la convivencia entre poderes u órganos sea respetuosa, armoniosa y asegurando que cada quien pueda ejercer sus facultades."

En breve entrevista, luego de que el representante del gobierno federal en los trabajos de la reforma política local, el panista Francisco José Paoli Bolio, adelantara algunos puntos en el marco del foro de Ciudades Metropolitanas, la legisladora priísta accedió a dar algunos brochazos -como ella lo definió-, ya que el acuerdo es mantener la reserva.

De entrada puntualiza: "no hay estado 32 ni municipios, las delegaciones seguirán siendo delegaciones y tampoco habrá constitución, sino un estatuto de gobierno o político; no hemos terminado esta discusión".

Establece que el principal objetivo del PRI, como partido y como legisladores, es elevar la calidad de vida de los capitalinos y que éstos sepan que su voto vale, no sólo porque se respeta y llega el jefe de Gobierno o representante que elige la mayoría, sino porque también éstos le responderán con resultados.

La nueva presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea explica que la idea de integrar un conjunto de ciudadanos electos simultáneamente, que lleguen a una especie de cabildo cabildo mayor, es evitar que el mandatario local o alcalde -concepto por definir- tome decisiones importantes para una ciudad tan compleja como ésta, "de manera autoritaria o con una visión única de partido".

Por ello asevera que las facultades de este consejo, lejos de entorpecer la acción ejecutiva, la enriquecerían al permitirle contar con una visión plural e integral de los grandes temas que afectan al DF, como agua, basura, transporte y contaminación, entre otros.

Expresa que las atribuciones y funciones de los jefes delegacionales estarán claramente definidas en la ley, estableciendo cuáles podrá hacer de manera autónoma, cuáles en forma coordinada o subordinada al Ejecutivo local. "Para que no se piense que como son electos son autónomos y no le responden a nadie."

De hecho Moreno Uriegas remarca que los jefes delegacionales son parte del Ejecutivo y lo deben fortalecer, por lo que no tienen que estar contrapunteándose o chocando.

Y en caso de que esto sucediera, se prevé que en una primera instancia sea el consejo mayor o cabildo el que dirima las controversias, y en segunda el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual se propone que sea un órgano autónomo.

Para que los jefes delegacionales puedan llevar a cabo sus programas delegacionales dispondrán de un piso de recursos. "Ahora, una de las discusiones es decidir si el Tribunal Electoral seguirá siendo autónomo o pasaría a ser una sala, como ocurre en otros estados."

La lideresa insiste en que éstos son sólo algunos brochazos, antes de reflexionar: "si esta reforma sale, como esperamos, por unanimidad de los votos, tanto en la Asamblea Legislativa como en la Cámara de Diputados, será un gran éxito, porque estaremos demostrando que la política es el camino para los cambios relevantes.

"Habremos demostrado que se pueden hacer negociaciones abiertas, adecuadas, lúcidas, de cara y en beneficio de la sociedad, pese a que estamos atravesando por una etapa de asentamiento de fuerzas", concluye.