Ť En principio se destinarían 1,168 mdd al proyecto, indica auditoría a la cuenta pública 99

Anomalías en trabajos de ampliación de refinería en Cadereyta costaron 992 mdd

Ť Hubo irregularidades en la adjudicación del contrato e incumplimiento de las cláusulas Ť El complejo debió operar en julio de 2000; a la fecha no comienza actividades, revela el análisis

CIRO PEREZ, ROBERTO GONZALEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Las irregularidades en la ampliación de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, elevaron el costo de la inversión en 992 millones de dólares (equivalente a 90 por ciento del presupuesto anual de UNAM), los cuales pasarán a engrosar la deuda del gobierno federal. A pesar de esa erogación, el proyecto, que debería producir las gasolinas necesarias para abastecer el mercado nacional, "está próximo a dejar de ser rentable".

El resultado sobre la revisión de la cuenta pública, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación, reveló que en el proyecto se calculó en principio una inversión de mil 168 millones de dólares, y para julio el monto se había elevado a 2 mil 160 millones de dólares, cifra que nunca estuvo prevista en el contrato con el consorcio Comproca, que también registró serias anomalías legales.

La ampliación y remodelación de la refinería en Cadereyta, Nuevo León, ocupa más de 50 páginas de la auditoría a la cuenta pública de 1999, porque este proyecto forma parte del contrato más grande que la administración del ex presidente Ernesto Zedillo autorizó a una entidad.

El resultado del estudio sostiene que el proyecto debió haber entrado en operación comercial el 2 de julio de 2000, para incrementar en 91 millones de barriles diarios las gasolinas producidas en el país; sin embargo, las actividades de este complejo iniciarán hasta finales del presente año.

Irregularidades desde la licitación

Tras una investigación exhaustiva, en la que además de la Auditoría Superior de la Federación participaron las empresas privadas Uriegas Torres y asociados e Ingenierías Unidas, se concluyó que la adjudicación del contrato a Comproca registró anomalías, ya que la propuesta de ese consorcio "no contenía todos los requisitos indicados en las bases; existieron inconsistencias en la formulación del fallo y del contrato relacionadas con las fechas de inicio y término del mismo y del plazo de ejecución; sin que se incluyera en las bases de la licitación el modelo del contrato, lo cual propició discrecionalidad en el manejo posterior del modelo contractual".

También se detectó que no existió un control adecuado de los trabajos, porque no fue hasta que la obra presentó un avance de 73 por ciento cuando intervino la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) mediante un auditor técnico. Además Pemex Refinación contrató al administrador del proyecto cuando llevaba un avance de 83 por ciento. La auditoría advierte que esos controles se debieron prever desde el inicio del trabajo, según las cláusulas del contrato con Comproca.

El listado de las irregularidades es profuso, tanto que Petróleos Mexicanos autorizó un convenio para modificar el plazo de culminación del proyecto, con el argumento de que podían existir casos fortuitos o de fuerza mayor que interrumpieran los trabajos de remodelación y ampliación, situación que en términos legales es improbable, porque en el último de los casos la responsabilidad recaía en Comproca.

"Pemex Refinación autorizó las aceptaciones provisionales de las plantas, y aun la del oleoducto, sin que se hayan concluido todos los trabajos; además, autorizó un convenio de culminación de contrato cuando muchos de los atrasos son imputables al consorcio y las obras no se concluyen.

"La entidad (Pemex) no ha observado fielmente la normatividad establecida para regular los proyectos de Pidiregas, pues a pesar de que el proyecto no ha sido incluido ni ha generado los ingresos necesarios para hacer frente a las asignaciones financieras contratadas para su ejecución, ya se realizaron dos pagos semestrales en contravención al artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública".

En relación con las especificaciones y la calidad de los trabajos, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se detectaron incumplimientos "que ponen en riesgo la seguridad, la eficiencia y la vida útil de las instalaciones".

Tal es el caso del aislamiento térmico en tuberías y equipos que conducen vapor de baja, media y alta presión, que se instalaron con un espesor y densidad menores a las normas establecidas; la instalación de válvulas de marca ARCA, no obstante que fueron rechazadas por el Instituto Mexicano del Petróleo; la modificación de la presión del oleoducto y la aceptación de tuberías con defectos de corrosión.

Protección al concesionario

El tomo cinco de la auditoría a la cuenta pública de 1999 enumera la "protección" que Pemex Refinación concedió inexplicablemente a la empresa Comproca, a tal grado que proporcionó agua a la contratista para realizar los trabajos de terracerías, toda vez que era responsabilidad de ésta allegarse ese suministro.

El caso de la refinería de Cadereyta es un botón de muestra de las irregularidades detectadas en el gasto del gobierno federal durante el último año de gobierno de Ernesto Zedillo, y la conclusión de la auditoría apunta:

"En relación con las metas de producción de la refinería, se constató que no se han alcanzado los niveles de producción de los productos refinados, ya que las obras, principalmente la planta y el oleoducto, no se han concluido y sin esas obras no se pueden obtener las metas de producción previstas; además, se comprobó que por esos motivos actualmente se está utilizando una mezcla de aproximadamente 70 por ciento de crudos ligeros y 30 de pesados, la cual difiere a la del diseño de 50 por ciento ligeros y 50 por ciento pesados".

En el proyecto general se calculó en principio una inversión de mil 168 millones de dólares (a precios de 1996), y para julio de 2001 la cifra se elevó inexplicablemente a 2 mil 160 millones de dólares (a precios actuales), debido a modificaciones en la ingeniería básica, sistemas de control y actividades extraordinarias no previstas en el contrato.

"Se concluye que por los importantes rezagos en la ejecución de las obras amparadas, se ha impactado negativamente en la rentabilidad financiera del producto, lo que significa que el mismo está próximo a dejar de ser rentable. Ello ha ocasionado que en el corto plazo se destine un bien escaso, como son las divisas, para satisfacer la demanda de gasolinas que el país requiere, ya que no se han alcanzado los niveles necesarios de producción en esos productos".