Ť El juez español se negó a comentar el caso Cavallo

Garzón: se cederá soberanía al firmar los Estatutos de Roma

Ť El documento debe ser ratificado por al menos 60 naciones

VICTOR BALLINAS E ISRAEL DAVILA ENVIADO Y CORRESPONSAL

Toluca, Mex., 10 de septiembre. El juez Baltasar Garzón admitió que al aceptar el Estatuto de Roma los países "ceden un poco de soberanía, pero dicho instrumento internacional no excluye la jurisdicción nacional, pues sólo se aplicará cuando un Estado no pueda juzgar violaciones a garantías individuales o cuando lo haga de manera parcial".

El controvertido magistrado de la Audiencia Nacional de España fue invitado especial en el foro La soberanía de los Estados, la Corte Penal Internacional. En su intervención apuntó que hay algunas naciones que se escudan en la incompatibilidad de sus leyes internas con el Estatuto de Roma para no ratificarlo y otras lo hacen anteponiendo el concepto de soberanía.

Sin embargo, aseguró, la verdad es que en un futuro cercano la Corte Penal Internacional podría tener competencia sobre los delitos de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, además de la corrupción y prostitución de menores.

Detalló que existen cuatro posibilidades para que opere la Corte Penal Internacional en algunas naciones: la primera es que el país donde se comete el delito se haga cargo de la investigación; otra es que existan tribunales penales internacionales ad hoc que se organicen para enjuiciar un numero determinado de hechos; la tercera sería que la Corte Penal Internacional actúe sujeta a normas específicas en las que el Estatuto de Roma se complementaría con tres tipos de reglas, la definición de elementos de crímenes, definición y desarrollo de la orden de procedimientos y las normas de financiamiento de los Estados no miembros.

El último escenario es el ordenamiento jurídico que realice una investigación y sancione el delito con base en una persecución penal internacional.

Garzón señaló que hay genocidios como el tibetano cometido por China y el de Yugoslavia que poca atención tuvieron y en América se investigaron el de Argentina, Chile y El Salvador porque las normas internas de esos países han supuesto la no penalización de los responsables.

Más adelante, el juez abundó que la Corte Penal Internacional tendrá en su competencia un gran número de casos y será el único organismo que los va a atender, pero seguirán existiendo todas las normas internas y es ahí "donde adquiere importancia el principio de justicia nacional".

Sin embargo, al intervenir en investigaciones la Corte Penal Internacional necesitará que los Estados cedan un poco de su soberanía, pero debe quedar claro que la competencia de la Corte no va a excluir a la jurisdicción nacional y que sólo actuará cuando los regímenes sean autoritarios o antidemocráticos y que sus investigaciones sean notoriamente parciales o se declaren incompetentes para realizar las pesquisas.

Recordó que originalmente se había establecido el derecho de veto por parte de los países desarrollados, pero ahora se modificó esa disposición y el estatuto aclara que un país puede suspender por 12 meses un juicio solamente cuando se inicie en su territorio y se puede prorrogar indefinidamente, pero basta con una mayoría simple y no unanimidad.

El ser interrogado sobre el caso Cavallo, Garzón se negó a externar algún comentario y argumentó que las leyes de España le impiden hablar sobre los procesos que son de su competencia.

Al precisar la importancia de establecer de inmediato la Corte Penal Internacional, el abogado español dijo que es una obligación jurídica y una necesidad política que cuanto antes se ratifique dicho estatuto. Se requieren 60 ratificaciones y al momento van 37.

Argumentó que la urgencia está en función de los acontecimientos que ocurren en el mundo, y para evitar que se integren tribunales penales ad hoc, como los que ahora funcionan en algunas regiones del mundo.

La gran ventaja de establecer la Corte Penal Internacional "es que será un organismo judicial permanente, que dependerá sólo del propio estatuto y no de decisiones políticas de los Estados".

Garzón precisó que en el área de cooperación internacional, así como de la persecución de crímenes contra la humanidad y en general de violaciones masivas de derechos humanos, siempre se contraponen los intereses.

Interrogado sobre si se siente frustrado por no poder juzgar al dictador chileno Augusto Pinochet, el juez español resaltó que tiene un cargo público, que cobra salario del Estado, por lo que no debe tener frustraciones ni alegría ni pena por el resultado final de los asuntos que tramita.