El anuncio inminente de la nueva licitación de proyectos carreteros entre inversionistas privados debe ser motivo de preocupación por parte de la ciudadanía; previsiblemente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se esmerará en convencer a la opinión pública de las bondades de tal iniciativa y para ello las autoridades tienen previsto un despliegue de mecanismos de garantías -especialmente financieras- que, en teoría, harían imposible un desastre como el que acabó con el esquema salinista de las autopistas concesionadas y colocó de nueva cuenta en manos del Estado las carreteras en bancarrota.

A pesar de todas las seguridades -como el esquema tripartito que incluiría al gobierno federal, a compañías constructoras y a inversionistas diversos- el dispendioso rescate carretero en curso ha sido demostración suficiente de que la iniciativa privada no es capaz, hasta ahora, de emprender, administrar y proyectar a futuro negocios de las dimensiones y el ritmo de una autopista de peaje.

Las fuentes de la SCT citadas por este diario en su edición de hoy argumentan que, en el pasado, lo que falló no fueron los constructores privados, sino los bancos, toda vez que se conjugaron el encarecimiento del crédito con la baja rentabilidad inicial de los proyectos. Si tal cosa es cierta, no hay, hoy en día, motivos para pensar que el panorama bancario nacional se haya transformado de manera significativa ni, por lo tanto, elementos para pensar que la banca privatizada será, en esta ocasión, menos ineficiente o menos inconfiable de lo que fue en el pasado reciente. 

Por el contrario, la fiel continuación, durante la administración de Fox, de los mecanismos de rescate bancario ideados y aplicados por el gobierno de Zedillo y los legisladores panistas dan cuenta de unos bancos privados tan depredadores como siempre y que no han superado su proverbial incapacidad para cumplir con sus funciones teóricas: captar el ahorro de algunos agentes económicos y otorgar créditos viables a otros.

Desde otra perspectiva, no es fácil entender los motivos para que el sector público renuncie a percibir la totalidad de los recursos generados por el peaje, especialmente en una circunstancia en la que el Ejecutivo federal se queja de falta de recursos y de fuentes de ingreso para cumplir con sus promesas y sus metas iniciales.

 Según las fuentes consultadas, las carreteras de paga generaron cerca de 5 mil millones de pesos, cifra que hoy se destina, en sus dos terceras partes, a remediar la catástrofe financiera en que terminó la concesión de carreteras durante el salinato, pero que bien podría emplearse en la construcción de los nuevos caminos que el país requiere o en financiar las necesidades gubernamentales sin recurrir a la aplicación del IVA a alimentos y medicinas, como lo pretende la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.