ENTREVISTA

Ranferi Hernández, ex asilado político

En Guerrero, los poderes caciquiles deben ser acotados

BLANCHE PETRICH

Ranferi Hernández, acosado por los gobernadores Rubén Figueroa hijo y su sucesor interino, Angel Aguirre Rivero, asilado durante cuatro años en Francia, se propone, como primera acción a su regreso del exilio, presentarse ante el gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, ''para notificarle que me propongo reincorporarme a las luchas de mi pueblo.''

-¿Por qué lo hace?

-Porque es de hombres y de ciudadanos reconocer que, sin su intervención (de Juárez Cisneros), difícilmente se hubieran podido dar las condiciones para mi retorno. Lo cortés no quiere decir que no vaya a continuar en la lucha.

Considerado ''radical'' por sus propios correligionarios, los perredistas, Hernández anuncia que su línea política, de ahora en adelante, será la búsqueda permanente del diálogo, en un contexto regional en el que los actuales poderes continúan la represión contra las organizaciones populares y mantienen políticas de marginación que ponen en riesgo la ruptura del tejido social.

Con todo reconoce que ''el diálogo es la única vía para hacer política en Guerrero'', y ya no habla de protestas de acción directa ni confrontación, sino de servir de enlace entre fundaciones europeas y microrregiones en extrema miseria para llevar a cabo proyectos productivos. Pero sí le pide al mandatario estatal ''se aboque a acotar desde el gobierno los poderes caciquiles. Si no, no puedo moverme.''

''Figueroa hijo tarda...pero no olvida''

Solamente en las regiones de Coyuca y Atoyac, en los meses posteriores a la masacre de Aguas Blancas (28 de junio de 1995) se registraron 45 casos de ejecuciones extrajudiciales. Ese escenario se agudizó durante el primer aniversario de la matanza. En esa fecha, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) aprovechó la ceremonia organizada por la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS) y el FAC-MLN -del cual Ranferi Hernández era dirigente- para hacer su primera aparición pública.

En el Distrito Federal, el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, citó en Bucareli a los líderes de estas organizaciones. ''Ahí sí no nos mandó con un segundón, como siempre hacía -recuerda el líder retornado-, nos recibió personalmente. Exigió que emitiéramos una enérgica condena al grupo armado y ofreció que, a cambio de ello, vería que nuestras demandas sociales fueran atendidas inmediatamente. Nosotros le dijimos que, en principio, su petición era inaceptable. En lugar de ese pronunciamiento el FAC-MLN emitió un comunicado en el que expresaba su respeto por toda forma de lucha y, aunque se deslindaba del Ejército Popular Revolucionario, se explicaba el nuevo brote guerrillero por las condiciones de marginación, corrupción y represión que imperaban en el campo mexicano. Y el secretario se enojó demasiado.''

Al poco tiempo empezaron a caer presas las cabezas del movimiento campesino de la Costa Chica, que se habían refugiado en el Distrito Federal. Hilario Mesino, de la OCSS, fue detenido a la salida del Metro Viaducto, y un boletín de prensa, redactado con antelación, daba cuenta de su arresto en Chilpancingo. Le siguieron los hermanos Guzmán (Benigno y Bertoldo). Todos ellos fueron señalados como ''comandantes'' del EPR y acusados de rebelión, sedición y cargos afines. Rocío Mesino logró romper un cerco. Faltaba Ranferi Hernández. A los pocos días, su esposa y su hija sufrieron un atentado de carretera.

Antes de ser destituido de manera fulminante por el presidente Ernesto Zedillo, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer le había hecho llegar una amenaza: ''Que se acuerde... este gobernador tarda, pero no olvida''.

Entonces, Ranferi Hernández decidió abandonar el país con su familia. En Francia presentó, el 10 de octubre, un expediente sobre la situación en Guerrero y solicitó asilo ante la Oficina para Apátridas y Refugiados Políticos (OFPA). El 10 de noviembre fue declarado refugiado.

Situación incómoda

Un refugiado político en París -en realidad son dos, ya que desde la década de los 80 permanece en Francia como asilado un chihuahuense ex miembro del Movimiento de Acción Revolucionaria, Octavio Márquez, a quien en su momento se le negó la amnistía lopezportillista- resultaba una mancha incómoda en la nueva página de la historia que quiso inaugurar el régimen foxista.

Así que, aprovechando el primer viaje del flamante presidente a Suiza, el canciller Jorge G. Castañeda llamó una noche a la casa de Ranferi Hernández, en París.

-¿Qué se necesita hacer para que regreses a México? -le preguntó.

Hernández expuso las condiciones que le resultaban indispensables: garantías, no sólo del gobierno federal, sino en especial de las autoridades guerrerenses.

-¿Tienes inconveniente en que empecemos a arreglar tu asunto? -volvió a preguntar el canciller.

Y así se comenzó a tramitar desde la Secretaría de Relaciones Exteriores el desistimiento, por parte de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, de las nueve órdenes de aprehensión que aún regían en contra de Ranferi Hernández por motín, rebelión, sedición, etcétera.

Finalmente, en mayo, su expediente estaba ya limpio.

El agradecimiento de Hernández, sin embargo, no se traduce en un ''pase automático'' en su opinión sobre el foxismo.

''Por lo poco que he podido ver hasta ahora, el Presidente no parece darse cuenta de las difíciles condiciones que él mismo ha creado: su incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar atoró la pacificación en Chiapas; la demora en una amnistía federal para presos políticos no permite una muy necesaria distensión; no se empeña en concretar una comisión de la verdad que esclarezca hechos de represión y tortura. Da la impresión de que cuando habla de pacto político lo que busca es amarrar la reforma fiscal, que va a dañar más a los más pobres.

''En particular, en Guerrero, la militarización es seria. El Ejército acosa a los ciudadanos en los retenes, no porque piense que por ahí va a pasar el grupo armado, sino porque quiere intimidar a la población. Si no fuera tan dramático daría risa ver cómo se exceden cuando revisan los autobuses, hostigando a paisanos inofensivos.''

-Se habla mucho de un incremento de la actividad guerrillera, de una ''ofensiva'' del EPR, de focos rojos...

-Me da la impresión de que se está exagerando la magnitud del problema como una táctica del gobierno para incrementar la presencia del Ejército, no sólo en Guerrero sino en Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Chiapas. A primera vista puedo decir que el gobierno busca con ello dos objetivos: primero, militarizar el sur de México para formar un muro de contención y frenar las fuertes presiones de migración que vienen de Centro y Sudamérica, donde los pueblos se están muriendo de hambre, y segundo, desestabilizar a las comunidades que se oponen a los proyectos del Plan Puebla-Panamá, y de paso concentrar a la población joven en torno a los centros futuros de la maquila. Puebla y Acapulco ya son un ejemplo.

Los antecedentes

Desde que Rubén Figueroa hijo asumió la gubernatura de Guerrero, Ranferi Hernández lo confrontó. Eran días en los que la lucha postelectoral se saldaba con violencia. Los votos se robaban y se defendían a punta de balazos. Se daban historias como la de Eustoquio Baza Antúnez, líder natural de la comunidad de Cuadrilla Nueva, tres veces electo. Las dos primeras le arrebataron la elección. La tercera fue la vencida. Fue declarado triunfador... y asesinado esa misma noche.

Los diferendos por los resultados electorales se disputaban con allanamientos, tomas de ayuntamientos, detenciones ilegales y torturas, bloqueos carreteros, marchas y machetazos. Tlacoachistlahuaca, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón y Arcelia, entre otros, eran polvorines en llamas y en todos Ranferi Hernández ''metía su cuchara''.

Fue diputado local de 1993 a 1996. El 28 de junio de 1995, Hernández estaba en Toronjil, cuando le llegó la noticia de que un camión de la Organización Campesina de la Sierra del Sur había sido emboscado por la policía motorizada en el vado de Aguas Blancas, por Coyuca, y 17 campesinos habían sido masacrados. Hernández responsabilizó al gobernador y declaró rota toda relación con el mando estatal.

A la matanza le siguió la represión selectiva. En los periodos que abarcan las postrimerías del gobierno de Figueroa Alcocer y los años de Aguirre Rivero, se registran por lo menos 45 muertes violentas de miembros de la organización.

Entre dos fuegos

En los meses posteriores, Hernández, que asumió la coordinación de la Unión de Organizaciones de la Sierra Sur, se vio entre dos fuegos. Por un lado, las fricciones dentro de su propio partido (PRD). Por el otro, las amenazas del gobierno. Recuerda la llamada que le hizo en ese tiempo Héctor Vicario, el ex subsecretario de Finanzas de Rubén Figueroa, también conocido como ''el hombre del maletín negro'', con el cual recorría los poblados ofreciendo dinero a las familias de las víctimas de Aguas Blancas, a cambio de su silencio.

-Te ofrecemos un arreglo para que ya le pares -asegura Ranferi Hernández que le dijo Vicario Castrejón-, el gobernador Figueroa está dispuesto a darte lo que quieras.

En la segunda llamada, ya en tiempos de Aguirre Rivero, el entonces coordinador del Congreso local, César Flores, le dijo, de parte del nuevo secretario de Gobierno, Zótico García.

-No seas güey. Otro cabrón ya quisiera un ofrecimiento así. Aquí ya sabes que no hay mucho de dónde escoger.

El tercer y último mensaje fue la camioneta que embistió a su mujer y a su hija en la carretera. Eso fue en 1996. Hoy, en 2001, espera que en Guerrero soplen otros aires. Eso espera.

Paula Galeana Balanzar, una de los tres campesinos de la región de Atoyac que, según versiones filtradas por la PGR, habría sido ejecutada por el Ejército Popular Revolucionario en 1997, junto con Emiliano Estévez y Fortunato Avelino, era una mujer ''íntegra y tenazmente perseguida'' por las autoridades, recuerda Ranferi Hernández.

Propone que se constituya una comisión de la verdad independiente para investigar estas tres desapariciones y demanda que las autoridades y las comisiones de derechos humanos le den la misma importancia que al caso Aguas Blancas.

Asimismo, insiste en que los hechos se esclarezcan y se castigue a los culpables, ''sean quienes sean''. También pide que la Procuraduría General de la República deje de utilizar esta nueva denuncia como un arma política para seguir golpeando a luchadores sociales de la región.

A raíz de los cateos y arrestos posteriores a los petardos colocados en Banamex, presuntamente por la organización FARP (8 de agosto), la PGR filtró a la prensa un documento del EPR en el que se da cuenta de una ejecución sumaria de tres supuestos militantes, a quienes se identifica como Paula Galeana, Emiliano Estévez y Fortunato Avelino.

Desde esa fecha, el Ejército reinstaló sus retenes en las inmediaciones de las comunidades de Atoyaquillo y Paso Real. Otras versiones de prensa posteriores señalaron que la dirigente de la OCSS, Rocío Mesino, habría obstaculizado la denuncia pública de las desapariciones. A su vez, la coordinadora de la organización no gubernamental de derechos humanos de Coyuca, La voz de los sin voz, Hilda Navarrete, declaró que Guadalupe García Enríquez, un relojero que tiene su pequeño puesto ambulante en el mercado de Coyuca, habría actuado como recadero entre el EPR y los familiares de los desaparecidos. García Enríquez acudió al día siguiente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para señalar esta afirmación como una ''calumnia'' y para denunciar nuevas acciones de hostigamiento de agentes de la PGR en contra de las familias de los tres desaparecidos.

Ranferi Hernández, por su parte, no aventura ninguna hipótesis sobre el paradero de sus tres ex compañeros. ''De lo que sí puedo hablar -sostiene- es de cómo recuerdo a doña Paula, viuda de uno de los asesinados en Aguas Blancas, de la persecución tan tenaz de la que fue objeto. Ella fue la única del grupo de viudas que no aceptó del gobierno las casitas que les ofrecieron a las familias de los masacrados a cambio de cesar la exigencia de justicia. Ella encabezó las tres caravanas de familiares de Aguas Blancas a la ciudad de México. Recuerdo las amenazas de policías judiciales y soldados, hasta que la obligaron a salirse de su casa y de su pueblo, en Paso Real. Al final de cuentas, los autores de esa persecución también deben responder de su paradero.''