SABADO Ť 8 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Carlos Marichal
Causas de la crisis fiscal
México vive una crisis fiscal crónica desde al menos hace 20 años que recién comienza a reconocerse como tal. Constituye uno de los puntos más débiles del Estado mexicano, pero su solución no puede ser de corto plazo ni es simple.
Al parecer, la actual administración considera que se trata de un simple nudo gordiano que puede cortarse de tajo con una espada que sería el aumento de la recaudación del impuesto sobre ventas. El simplismo es transparente, pero además implica que los principales costos del gobierno sigan siendo pagados por los sectores medios y populares en vez de exigir mayores contribuciones a los que más tienen.
La larga crisis fiscal del Estado mexicano ha tenido dos causas del ISR en México, especialmente por parte de empresarios, propietarios y rentistas. La segunda ha sido una política de endeudamiento irresponsable por parte de los encargados de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, que ha desembocado en repetidas crisis financieras y rescates.
La historia de los últimos decenios revela la estrecha vinculación entre mal manejo de la deuda pública y crisis fiscal. En los años de 1970 cuando ya comenzaba a hacerse palpable la crisis fiscal, se disponía del petróleo para hacer frente a los déficits crecientes, pero los tecnopolíticos del momento se lanzaron a una política de endeudamiento externo enloquecido que agudizó el desequilibrio fiscal e hipotecó a Pemex y otras empresas estatales hasta límites insospechables. Recordemos que esta política feroz de contratación de deuda contó con el aval e impulso de la Secretaría de Hacienda y de la banca internacional privada y multilateral hasta la bancarrota de México en 1982.
La debacle financiera de 1982 agudizó enormemente la crisis fiscal latente y obligó a utilizar todas las ganancias del petróleo para abonar a los banqueros internacionales y para rescatar a las empresas privadas mexicanas que se habían endeudado en dólares. Todavía no se ha hecho un balance preciso de los enormes costos que implicó, pero al dedicar tal volumen de recursos públicos a estos rescates, las grandes mayorías de los mexicanos vieron reducidos drásticamente sus ingresos y prestaciones sociales. Eso lo vivimos todos en carne propia. La prioridad para la Secretaría de Hacienda consistía en pagar deudas y el bienestar social se sacrificó en el altar de las finanzas públicas. Fue entonces que comenzaron a denominarse estas políticas con el término hipócrita de "ajuste".
Desde 1984, por otra parte, se intentó paliar la crisis fiscal privatizando la mayor parte de las empresas estatales, alcanzando su apogeo con la venta de los bancos en 1990-1991. Sin embargo, no se logró aplicar una reforma impositiva que permitiera enfrentar futuras coyunturas negativas. El desenlace era inevitable. Una vez concluida la entrada masiva de capitales calientes (hot money) entre 1990 y 1993, el país enfrentó la cara anversa de la moneda, con la fuga de capitales. Los tecnopolíticos, encabezados por Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella y Miguel Mancera Aguayo, adoptaron una peligrosísima e irresponsable política de endeudamiento a corto plazo para cubrir renovados déficit. Las consecuencias son por todos conocidas: la peor crisis financiera de la época contemporánea.
Pero la mancuerna de mal manejo de la deuda y crisis fiscal no terminaba allí. Con la ratificación desde 1995 del rescate de los bancos, luego conocido como Fopabroa, se condenó al fisco mexicano a cubrir un volumen de deudas para las cuales no existían suficientes recursos impositivos. La solución fue la de siempre: utilizar el petróleo y reducir gastos sociales para asegurar el pago del rescate bancario así como el de los préstamos gigantes de 1995 que proporcionaron la tesorería de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional para salvar a los dueños de los nefastos Tesobonos.
Hoy en día, el dilema consiste en saber si el gobierno está dispuesto a proponer soluciones a mediano y largo plazos para salir del atolladero fiscal y de la deuda. Ello ciertamente no se resuelve con un simple aumento del impuesto al valor agregado (IVA). Se requiere una reforma mucho más amplia con dos contrapartidas: mayores contribuciones impositivas por parte de los que más tienen y una reducción del pago de la deuda para que no se reduzca el gasto social en términos reales. Hasta ahora, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se limita esencialmente a amenazar que si no consigue lo que quiere, recortará el presupuesto a todas las dependencias y al gasto social. La canción es vieja. Cabe preguntar: Ƒno hace falta más imaginación para formular un programa fiscal y hacendario que ofrezca un futuro más alentador para el México del siglo XXI ?