Ť Expulsados exigen indemnizaciones y desmantelamiento de bandas paramilitares

Sin solución aún, más de 12 mil desplazados por la guerra y la contrainsurgencia en Chiapas

Ť Demandan a la sociedad civil que siga apoyando las luchas de los pueblos originarios

 HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 7 de septiembre. "Aún falta atender las demandas de las comunidades que vivimos en situación de desplazamiento forzado", expresó en un documento público la Comisión de Representantes de los Desplazados de Guerra en el Estado de Chiapas, a raíz del retorno de 63 familias de Las Abejas a sus casas en Yaxjemel, Puebla y Chuchtic. Para los representantes de más de 12 mil desplazados en la zona norte, los Altos y la selva, "es urgente que se haga justicia, se castigue a los responsables del desplazamiento, se indemnice a las familias y se desmantelen los grupos paramilitares que siguen actuando en varias regiones del estado".

Pese a la extensa publicidad que recibió el retorno de 333 tzotziles de Chenalhó a tres comunidades que siguen bajo control de los paramilitares, el problema de los desplazados por la guerra y la contrainsurgencia sigue sin resolverse. Los despojos y asesinatos que arrojaron al exilio interior a miles de choles y tzotziles, en su mayoría bases de apoyo del EZLN, se mantienen impunes.

La comisión de desplazados de guerra dio a conocer en esta ciudad tres peticiones y una exigencia: "Pedimos al presidente de la República, Vicente Fox, y al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía que escuchen y respondan a la voz de los desplazados, den garantías de seguridad y justicia y se comprometan a cumplir las demandas de los desplazados", expresaron representantes de los municipios de Tila, Salto de Agua, Sabanilla, Ocosingo, Villa Corzo, Marqués de Comillas y Tenejapa.

A la Cruz Roja Internacional pidieron que "esté al pendiente de seguir brindando ayuda humanitaria a todos los desplazados del estado de Chiapas", y a la sociedad civil "que siga apoyando las luchas de los pueblos indígenas y los desplazados por la guerra".

Expresando solidaridad con los miles de refugiados de Las Abejas y bases zapatistas en el municipio de Chenalhó, la comisión de desplazados exige que "se respeten los acuerdos de San Andrés y se anule la contrarreforma que aprobó el Congreso de la Unión sin tomar en cuenta la realidad y nuestra palabra como pueblos indígenas".

El retorno a contrapelo de un grupo de Las Abejas, ahora "expulsado" por las precarias condiciones de su exilio de cuatro años, no alcanzó para triunfalismos ni cortinas de humo. Al contrario de lo que esperaban las autoridades, este retorno lo que hizo fue resaltar la gravedad del problema, así como la persistencia intacta de todos los grupos paramilitares de la zona de conflicto y de los programas de contrainsurgencia militar y "social" que, bajo diferentes nombres, se continúan aplicando en la zona norte y los Altos desde 1995.

Nada indica que en un futuro próximo estos indígenas puedan retornar a sus casas y sus tierras. Decenas de muertos, y un número no determinado de "desaparecidos" que cuatro y cinco años después siguen sin aparecer, se apilan en el camino de las buenas intenciones y la presunta reconciliación. Presunta, porque no contempla la aplicación de la justicia contra los criminales ni la indemnización de los daños materiales y psicológicos de centenares de familias afectadas.

Un "perdón" que se antoja cómplice, y parece ocultar los reacomodos partidarios y de membretes de las bandas contrainsurgentes, es hasta ahora la única oferta gubernamental para la víctimas de la guerra de baja intensidad. Y ni siquiera se prevé la creación de condiciones para el retorno en Tila, Sabanilla, Chenalhó y otros municipios; de los tres primeros procede 80 por ciento de los desplazados actuales, que, pese a lo incompleto de los cálculos de los organismos defensores de los derechos humanos en la región, podrían sumar más de 15 mil.

Ante esta situación, la comisión de representantes de los desplazados manifiesta: "Seguiremos luchando y diciendo nuestra palabra hasta que se haga justicia y haya paz en nuestro estado y país". Sus palabras, y su mera existencia, dejan claro que la herida sigue abierta.