Estimada señora directora: Agradecemos nos permita este espacio para manifestar nuestro beneplácito por la creación de la Academia Mexicana de Arte Teatral AC. Celebramos y apoyamos éste y todos los esfuerzos por la defensa de nuestras artes que son parte del patrimonio cultural de México. 

Enhorabuena.

Jorge Fons, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas AC

Rechaza la ANIPA aseveraciones del comisionado para la paz

Señora directora: Rogamos la publicación de la presente dirigida a Luis H Alvarez, comisionado para la Paz en Chiapas:

El 4 de septiembre aparecieron en diarios de circulación nacional declaraciones suyas en las que llama "al debate nacional serio y responsable que nos permita construir una casa digna... a partir del nuevo piso constitucional..." De la misma forma, se afirma la legitimidad de la contrarreforma indígena conocida como ley Bartlett-Cevallos-Ortega.

Frente a estas afirmaciones la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) considera hacer las siguientes precisiones:

1. En todo momento los pueblos y organizaciones indígenas hemos impulsado un debate serio y responsable, en donde no hemos partido de maximalismos del todo o nada como se puede observar en la prensa nacional de estos últimos años.

2. Los de San Andrés son acuerdos mínimos que los pueblos indígenas hemos aceptado por encima de mayores demandas de reconocimiento de derechos en aras de construir la paz, como puede comprobarse en el documento conocido como "Punto y seguido", emitido por el EZLN en febrero de 1996.

3. Derivado de estos acuerdos, la Cocopa --de la cual usted formó parte-- elaboró una iniciativa de ley que redujo aún más los derechos acordados. A pesar de ello, los pueblos y organizaciones indígenas hicimos nuestra esta iniciativa con la intención de crear puentes de diálogo nacional y construir la paz. Esto fue refrendado en el III Congreso Nacional Indígena, realizado en Nurio, Michoacán, el pasado mes de marzo con la participación del EZLN.

A pesar de esta voluntad de diálogo que los pueblos y organizaciones indígenas hemos mostrado, el Congreso de la Unión aprobó una contrarreforma constitucional en materia de derechos indígenas, que en realidad no hace ningún reconocimiento e ignora nuestras voces, excluyéndonos nuevamente. 

Por lo anterior, la ANIPA manifiesta lo siguiente: 

Rechazamos la contrarreforma indígena Bartlett-Cevallos-Ortega aprobada en el Congreso a espaldas de los pueblos indígenas.

No es posible tender puentes de diálogo y conciliación nacional cuando una de las dos partes --en este caso el gobierno federal-- ha incumplido su palabra de propiciar el reconocimiento constitucional de nuestros derechos como pueblos y en cambio aplaude la simulación, la mentira y la burla aprobada en el Congreso.

Las afirmaciones que usted y otros funcionarios del gobierno federal han hecho en el sentido de que la reforma aprobada crea condiciones que posibilitan el desarrollo de los pueblos indígenas son falsas. Olvidan que ya existe un conjunto de derechos sociales plasmados en la Constitución que obligan al Estado a garantizar el pleno desarrollo de nuestros pueblos, pero siempre han sido incumplidos.

El llamado a un acuerdo nacional que el Ejecutivo federal y los partidos políticos han sugerido es una burla más a los pueblos indígenas; al no reconocerse nuestros derechos, dicho acuerdo es sólo simulación.

Oscar Banda González, secretario de organización

Inconstitucional rescate de ingenios, señalan

Señora directora: Las obligaciones expresas del Estado en relación con la empresa privada, de acuerdo al capítulo económico constitucional y especialmente su artículo 25, son de apoyo e impulso "bajo criterios de equidad social y productividad... sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente". Asimismo señala que "la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional..."

Bajo estos términos explícitos, resulta inconstitucional la práctica de los gobiernos priístas y ahora del gobierno del cambio --de Fox y el PAN-- de tomar empresas privadas quebradas y sanearlas de sus deudas, asumiendo las pérdidas y errores con cargo a la sociedad y exonerar sin juicio sus posibles ilícitos. Luego volverlas a vender al capital privado, preferentemente extranjero, a precios mínimos y hasta con financiamiento como sucedió con la banca comercial y las carreteras escandalosamente a favor de unos seleccionados empresarios y capitalistas. 

Su "culpa" es que obviamente no cumplen con la equidad social, el interés público y el beneficio general a que obliga la ley. 

Hoy se llega a la modalidad de que el gobierno utilice la expropiación, aunque no sea "por causa de utilidad pública" (artículo 27), pretendiendo aplicar el mismo recurso histórico de la expropiación petrolera para tomar las acciones de 27 ingenios azucareros quebrados y hasta para privatizar una tierra ejidal a favor de una televisora.

Se les "olvida" que el gobierno sólo puede hacer lo que le está expresamente permitido, en cuanto a fondo y forma (artículo 124), y lo que no está permitido es un acto ilegal de autoridad que como tal debe ser corregido, lo que es materia de responsabilidad de la Contraloría federal.

Adalberto Saldaña Harlow, Raúl Jiménez, Jesús Campos Linas, María Luisa Campos, Ernestina Godoy, Estela Ríos, Oscar Alzaga, Margarita Alvarez, Jorge Fuentes, Berta Galeana y 20 firmas más

Sobre el paradero del Angel del silencio

Señora directora: En relación con las aseveraciones del director de Inspecciones y Registros del INAH, Dionicio Sabaleta López, en el periódico que usted dirige, este 6 de septiembre, expongo lo siguiente:

1. Aclaro que soy familiar directo de la familia Moncada, nieta de Jesús Tomás Moncada Moncada, hermano de José Moncada Moncada y media hermana de Manuel Moncada, sepultados en el panteón del Tepeyac (fosas 13 y 14), por si hay algún dolo en la declaración de Sabaleta López.

2. Me ha llevado casi dos años aclarar la situación legal de la autorización otorgada por el INAH para sacar la escultura Angel del silencio y la puerta de bronce del panteón, y es que éste es considerado monumento nacional histórico por determinación de la propia ley.

3. Sobre la versión de que Jaime Guillermo Gara Garza Magallanes es propietario de la escultura, la puerta de bronce y el mausoleo --como erróneamente lo señala Sabaleta López--, cabe señalar que el artículo 25 de la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas señala que cualquier acto traslativo de dominio sobre bienes declarados como monumentos históricos o artísticos debe contar con escritura pública. Por tanto, el monumento y la puerta están protegidos por la ley.

4. El permiso otorgado a Gara Garza Magallanes se presentó como pretexto para una restauración que no era necesaria como lo afirma el acta de verificación que levantó Miguel Angel Castañeda, perito del INAH, que asienta que no debían salir el Angel ni la puerta, pues lo único que necesitaban ambas piezas eran trabajos de limpieza que podían llevarse a cabo en el mismo osario del panteón (donde se encontró el monumento tirado y amarrado a unos palos para arrastrarlo). El permiso a que aludo fue concedido por 30 días para "restaurar" la escultura en una marmolería del DF, pero hasta la fecha no ha sido regresada. El permiso de exportación existe. Tiene fecha 12 de octubre de 1999, oficio 401-22D992, y fue negado por el director de Inspecciones y Registro en su declaración a La Jornada. Consta también la presentación de este oficio ante la PGR, firmado por el propio Sabaleta López y dirigido a Gara Garza Magallanes, Ahí se señala tres veces la palabra exportación, habiendo también exonerado la fianza que correspondía a este permiso. 

5. Sí como señala Dionicio Sabaleta éste es un caso de derecho privado, ¿qué hace el INAH en este asunto?

6. Respecto de que el Angel del silencio y la puerta de bronce no estaban desaparecidos ¿por qué calló el INAH durante un año y ocho meses y hasta el 6 de septiembre informa que estaban en Guadalajara?

Ma. Luisa Herrero Moncada

A las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, populares, estudiantiles y civiles de todo el país a la primera Convención Nacional Popular. La cita es el 8 de septiembre en el auditorio del SNTIMSS, calzada de Tlalpan 171 (Metro General Anaya) a partir de las 9 horas, así como a la marcha en repudio de la reforma fiscal que partirá del Zócalo a San Lázaro este 13 de septiembre a las 16 horas.

Responsables: Frente Nacional de Resistencia Contra la Privatización de la Industria Eléctrica, Movimiento de Unidad y Lucha Popular, SME y varias firmas más