VIERNES Ť 7 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Rangel Domene dice desconocer los recursos que son blanqueados por instituciones financieras
Penas más severas por lavado de dinero, pide la ABM
Ť Apremia al trabajo conjunto entre banca y autoridades nacionales e internacionales
Ť Niega que sólo en países en desarrollo se practique ese ilícito; "hay que desterrar dogmas"
ROBERTO GONZALEZ AMADOR
El presidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM), Héctor Rangel Domene, se manifestó por reformas legales que hagan más severas las penas para castigar el lavado de dinero, pero dijo desconocer el monto de recursos de procedencia ilícita que son blanqueados en el sistema financiero nacional.
"Llama la atención la imprecisión sobre el monto de los recursos lavados en el sistema financiero internacional. Las variaciones son asombrosas, pues van desde los 100 mil millones de dólares hasta el billón de dólares al año", señaló Rangel Domene al inaugurar el tercer seminario de prevención de lavado de dinero, organizado por la ABM.
El representante de los banqueros consideró que la divergencia de cifras sobre la magnitud del blanqueo de fondos ilícitos "indica que se desconoce el tamaño del problema al que nos enfrentamos y que en consecuencia podríamos estar dirigiendo mal nuestros esfuerzos" para combatirlo.
Hace un año, el propio Rangel Domene citó cifras del organismo independiente Transparencia Internacional para calcular en 30 mil millones de dólares el monto de recursos de procedencia ilegal que son lavados cada año en el sistema financiero nacional, aunque ayer se negó a aportar cualquier cifra.
En un discurso ante especialistas en el tema de instituciones nacionales y extranjeras, el presidente de la ABM comentó ayer que resulta "urgente" el trabajo de equipo entre banca y autoridades locales e internacionales para facilitar la prevención e identificación de operaciones ilegales en los sistemas financieros, de forma que se puedan rastrear y se aplique el peso de la ley a los responsables "en donde quiera que se encuentren".
"Es fundamental fomentar la cooperación internacional sin caer en las contradicciones comunes entre el discurso y el combate real del lavado de dinero. Las contradicciones surgen especialmente cuando se toman acciones unilaterales de algunos países desarrollados que fustigan a otras naciones sobre lo que debe hacerse en la materia o llevan a cabo operaciones encubiertas que ponen en entredicho el esfuerzo de cooperación", manifestó.
Rangel Domene llamó la atención sobre la percepción existente en círculos políticos y académicos de que en los países menos desarrollados, donde hay mayor corrupción, se lleva a cabo una parte importante del lavado de dinero. Sin embargo, dijo, estudios especializados demuestran que también en las naciones más desarrolladas existe una gran corrupción, pues de otra forma no sería posible que la economía informal represente en Italia 26 por ciento del producto interno bruto (PIB); en Canadá, 14 por ciento; en Alemania 13 por ciento y en Estados Unidos 10 por ciento del PIB.
"Es necesario reconocer la complejidad del fenómeno, es indispensable abandonar dogmas y adoptar un análisis más dinámico y flexible; que reconozcamos que en un sistema de mercado mientras haya demanda habrá oferta".
En ese sentido, consideró que penas más severas y mayor efectividad en la persecución de los delitos podrían servir como incentivos negativos para quienes en una "economía del crimen" realizan un "análisis costo-beneficio, en el que desafortunadamente el último es frecuentemente mayor que el primero".
Héctor Rangel Domene expuso que en México no es fácil perseguir a los delincuentes por el delito de lavado de dinero "porque no es fácil comprobarlo y se requiere una mejor tipificación de la ley" para hacer más eficiente el combate de este ilícito.
En el mismo foro, José Antonio Meade, director general de banca y ahorro de la Secretaría de Hacienda, indicó que el sistema financiero nacional es ahora menos vulnerable al lavado de dinero, aunque no pudo apoyar su afirmación con ninguna cifra o dato comparativo.
Ť Entre ellas las operaciones irregulares de Cabal Peniche en Banca Cremi
Estudiarán legisladores si se aplican 165 auditorías
Ť La mayoría corresponde a ejercicios en el último año de gobierno de Ernesto Zedillo
Ť Hacienda, Sedena, Armada y Lotería en la mira Ť En la lista están tres universidades
CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO
Además del acuerdo para investigar todas las operaciones irregulares de Banca Cremi, sobe todo aquellas en las que participó Carlos Cabal Peniche pero que no fueron utilizadas como elementos para su extradición, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados considera auditar el destino de 34 mil 600 millones de pesos y verificar la transferencia de obligaciones y operaciones del Fobaproa al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Como parte de la revisión del ejercicio de los recursos federales, los legisladores definirán el miércoles la pertinencia de iniciar un total de 165 auditorías, 108 de las cuales corresponden a la administración federal en el 2000 -el último año de gobierno de Ernesto Zedillo- y el resto a diversos estados.
Las propuestas de revisión del uso de recursos públicos fue planteada a los diputados por el auditor superior de la Federación, Gregorio Guerrero Pozas, como programa de trabajo, en el que se destaca el análisis de los Proyectos de Inversión con Registro Diferido en el Gasto (Pidiregas), que conforma parte de la llamada "deuda oculta" contratada por las administraciones priístas y que ha preocupado al gobierno panista.
IFE, UNAM, Pronósticos...
Entre otras auditorías, se plantea revisar el gasto del Instituto Federal Electoral (IFE) en lo relativo, entre otros, al Programa de Promoción del Voto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos e instituciones de educación superior, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) -primera que no sólo aceptó la necesidad de revisar el uso de los recursos públicos asignados a esta casa de estudios, sino que incluso pidió la auditoría-, la Universidad Veracruzana y la de Hidalgo.
Parte del esquema de auditorías consiste en revisar la asignación de permisos para la instalación y operación de poco más de 700 estaciones de televisión y radio, además del refrendo de 123 concesiones en operación.
La Auditoría Superior de la Federación también propone examinar a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública en tres capítulos: servicios generales, adquisición y distribución de billetes de lotería instantánea y evaluación financiera y operativa de las acciones de esta institución. Simultáneamente se pretende revisar la evaluación operativa y financiera de Pronósticos Deportivos.
Además entrarían en este programa los egresos presupuestales de la Secretaría de la Defensa Nacional, referidos a materiales y suministros en la comandancia de la decimoprimera Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, así como a la Secretaría de Marina, en lo que toca a la adquisición de equipo para seguridad pública.
Otros sectores que serán sujetos de este programa son el Instituto de Capacitación Fiscal, en cuanto a su desincorporación; la liquidación de Altos Hornos de México y los programas Punto Final del Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (Finape) y del Programa de Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos para la Vivienda.
Se plantean seis auditorías a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en cuanto a la construcción de la carretera Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán; reconstrucción y conservación de las carreteras Ciudad Obregón-Hermosillo, Hermosillo-Nogales, Ciudad Valles-Tampico, Tuxpan-Tampico y Coatzacoalcos-Salina Cruz, en San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz; proceso de desincorporación vía venta de 15 por ciento de los títulos representativos del capital social del Grupo Aeroportuario del Centro Norte; los contratos de cesión parcial de derechos para la ocupación de áreas, construcción y operación de terminales marinas e instalaciones portuarias en el puerto de Ensenada.
La dependencia con mayor número de auditorías propuestas es la de Hacienda. Entre otras la evaluación financiera y operativa de los Pidiregas; proceso de desincorporación vía liquidación del Instituto de Capacitación Fiscal; proceso de desincorporación vía liquidación de Altos Hornos de México; programa Punto Final sobre el Programa para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (Finape), y programa Punto Final sobre el Programa de Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos para la Vivienda; cuentas de balance-pasivo del traspaso de patrimonio de los Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura al Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Créditos para Amortización de Deuda Interna, y los activos no monetarios administrados por la Tesorería de la Federación.