viernes Ť 7 Ť septiembre Ť 2001
Silvia Gómez Tagle
De la violencia a la reconciliación en Chiapas
a nueva ley de derechos indígenas ciertamente no contribuye al proceso de paz, ni en Chiapas ni en otras zonas indias, además de que en los últimos meses se han agudizado circunstancias adversas que propician la inconformidad social, como la crisis en el campo, la recesión económica o "falta de crecimiento", el desempleo creciente, la ausencia de una política social, la falta de seguridad pública, entre muchas más que se podrían seguir enumerando.
Sin embargo, en Chiapas se ha logrado arrancar un proceso de conciliación entre los actores en conflicto que merece celebrarse después de seis años de violencia. Sobre todo si se piensa que todavía en diciembre se daban a conocer investigaciones de la Procuraduría General de la República que apuntaban a la existencia de 19 grupos civiles armados, cuatro de ellos, al menos, de corte paramilitar (Reforma, 7/12/00, p. 26Ű). Estos grupos han sido los responsables de crímenes tan sangrientos como la masacre de Acteal y de un alto porcentaje de las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el estado del sureste. Según informes del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) desde 1995 la actuación de los paramilitares ha dejado más de 200 muertos y alrededor de 15 mil desplazados.
Todos los grupos paramilitares han proliferado sin que hasta el momento se hayan emprendido acciones contundentes para desarticularlos. La ineficacia de la justicia queda en evidencia cuando el 11 de octubre de 2000 fueron detenidos once integrantes de Paz y Justicia, entre ellos sus dos principales dirigentes: el ex priísta Samuel Sánchez y el ex militar Marcos Albino Torres, quienes son liberados el 21 de abril de 2001, porque la justicia consideró que "no existían suficientes elementos probatorios en su contra" (La Jornada, 22/4/01, p. 31). A pesar de la alternancia en el gobierno tanto federal como local, la mayor parte de estos grupos siguen activos en sus comunidades.
El 19 de abril "unos encapuchados" asesinaron en el municipio de Venustiano Carranza a ocho campesinos del grupo priísta Alianza San Bartolomé de los Llanos. El gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, reconoció que ese grupo se encuentra en la lista de paramilitares; en tanto, Vicente Fox pidió "dejar bien claro" que este hecho no se relaciona con el conflicto indígena o con el EZLN (La Jornada, 21/4/01, p.3). Pero tampoco se han tomado medidas para desarmar a los grupos paramilitares creados durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
Por esto resulta tan significativo que Pablo Salazar haya logrado un acuerdo de no agresión entre las partes en conflicto, para que retornen a Acteal y a sus comunidades los indígenas de la organización Las Abejas (el 22 de diciembre de 1997 paramilitares ejecutaron a 45 indígenas).
El pasado 12 de agosto la comisión de los desplazados se reunió con el gobernador para discutir las garantías de seguridad con que deberían contar para retornar a sus comunidades. El gobierno del estado se comprometió a gestionar entre los actores del conflicto, es decir, con los presuntos paramilitares, los priístas, Las Abejas y las bases del EZLN, un pacto de no agresión (La Jornada, 14/8/01, p. 6). Así, el 28 de agosto 333 indígenas (62 familias), que durante cuatro años permanecieron desplazados, retornaron a sus comunidades. Las Abejas fue acompañada a su comunidad por el gobernador, funcionarios de su gabinete y el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Felipe Arizmendi. Antonio Vázquez, dirigente de Las Abejas, aseguró que aún permanecen desplazados mil 944 indígenas, pertenecientes a este grupo y a las "bases de apoyo zapatistas". Estos últimos se encuentran refugiados en Polhó, pero con ellos no hay interlocución; no obstante, señaló: "así como mostramos respeto por la decisión de quienes desean regresar, también lo haremos con aquéllos que deciden resistir" (La Jornada, 29/8/01, p. 14).
En el contexto de otras cuestiones urgentes que aquejan al país, esta noticia ha merecido escasos comentarios; por ello considero necesario destacar su importancia, no solamente por lo que implica como esperanza de paz para Chiapas, después de seis años de guerra de baja intensidad, sino porque representa un modelo viable de negociación entre fuerzas, no sólo con diferencias políticas, sino que han vivido enfrentamientos armados con consecuencias terribles, como la matanza de Acteal.
La negociación entre fuerzas políticas adversas no sólo es posible, sino deseable; podría decirse que es la única forma de construir una democracia. Por esto el ejemplo de Chiapas es significativo en momentos en que un pacto resulta indispensable, incluso a nivel nacional, para sacar al país de la parálisis en que se encuentra.