VIERNES Ť 7 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Denuncia el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados a funcionarios estatales
Irregularidades e ilícitos en gastos del ramo 26
Ť Se detecta mediante auditorías el desvío de recursos en programas de empleo temporal
RENATO DAVALOS
Por primera vez en casi dos décadas el órgano fiscalizador del Poder Legislativo presentó denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra varios funcionarios, al encontrar severas irregularidades e ilícitos en el manejo de recursos de los programas de empleo temporal.
De acuerdo con los resultados de las auditorías por muestreo realizadas por el auditor superior de fiscalización, Gregorio Guerrero Pozas, a la Cuenta Pública de 1999 -penúltimo año del gobierno de Ernesto Zedillo-, se detectaron graves irregularidades e ilícitos en el rubro 26 del presupuesto, dedicado al combate a la pobreza extrema. En los programas de empleo temporal se encontraron facturas apócrifas, jornales que rebasaron los límites establecidos y el extravío de recursos que se presumía serían destinados a nóminas, como en los casos de Oaxaca, Hidalgo y Guerrero, tres entidades centrales en la canalización de recursos federales.
En el informe de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública de 1999 y al Fobaproa, que Guerrero Pozas presentará el próximo lunes a la Cámara de Diputados, se precisa que el órgano fiscalizador ha presentado por lo menos otras nueve denuncias ante la PGR por irregularidades detectadas en otras entidades.
En todas las entidades federativas el auditor superior de fiscalización realizó las auditorías por muestreo, debido a la dimensión de la tarea que hubiese implicado hacerlas a todo el ejercicio.
En 1999 Oaxaca ocupó el primer lugar por el monto de recursos que un estado recibió para el rubro 26. En este caso, según consta en la auditoría número 14 del programa de empleo temporal, se seleccionaron 27 obras de las casi 6 mil que se reportaron en la cuenta pública.
Al verificar si las obras se ejecutaron de acuerdo con lo programado, se determinó que seis no se realizaron y se comprobó la salida de dinero vía nóminas, que se presume se elaboraron únicamente con ese propósito. La denuncia de hechos presentada ante la PGR, de acuerdo con la muestra, implicó 3.5 millones de pesos.
Guerrero ocupó ese año el tercer lugar en cuanto al monto de recursos recibidos para el rubro 26. La muestra del auditor comprendió 11 obras y en todas se observó que se efectuaron pagos por jornales que rebasaron los montos establecidos en las reglas de operación, y se comprobaron gastos mediante facturas apócrifas. La denuncia presentada a la PGR incluyó en el muestreo un monto de 5.7 millones de pesos y varios funcionarios están involucrados.
En el caso de Hidalgo, quinto lugar en el monto de recursos destinados ese año, se revisaron 15 proyectos con un importe de 12 millones de pesos. En la auditoría se determinó que al 31 de diciembre de 1999 las entidades y dependencias no habían comprobado la totalidad del gasto del programa de empleo temporal, y que no se había reintegrado a la tesorería de la Federación el saldo de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos.
Se identificó que en siete casos no se cumplieron las especificaciones técnicas autorizadas y que las 15 obras presentaron deterioro por falta de mantenimiento.
Las nóminas mediante las que se pagó la mano de obra se presume que son apócrifas y se comprobó que en algunos casos el apoyo económico para los participantes rebasó el jornal máximo establecido en las reglas de operación.
La denuncia promovida ante la PGR contra varios funcionarios incluyó un monto de 5.1 millones de pesos.