Ť Se firmaron en 1993, pero no han sido respetadas por EU, dicen legisladores

El Senado deja sin efecto cartas paralelas del TLC

Ť Productores agrícolas piden a legisladores revisar políticas del gobierno hacia su sector

ANDREA BECERRIL

Con el impulso de PRI y PRD el Senado de la República acordó ayer dejar sin efecto las "cartas paralelas" del Tratado de Libre Comercio (TLC), signadas en 1993, toda vez que no fueron ratificadas por esa cámara, no han sido cumplidas por Estados Unidos y lo único que han provocado es el desplome agropecuario del país y una severa crisis en la industria azucarera.

El acuerdo, que no tiene precedente en el Senado, ya que es la primera vez que ese órgano legislativo desconoce un convenio comercial, se tomó pese a la reticencia de la cúpula panista, que sin Diego Fernández de Cevallos no pudo detener a los priístas que finalmente se impusieron al formular la propuesta a partir de una intervención del senador del PAN, Gerardo Buganza.

La importancia de esa resolución, precisó al final el priísta Humberto Roque Villanueva, es que empuja al presidente Fox a adoptar una actitud enérgica frente a Estados Unidos, en defensa del agro mexicano.

 Dentro de lo convenido por las fuerzas políticas durante la sesión de ayer en el Senado, está el llamar a comparecer a los secretarios de Hacienda, Economía y Agricultura, Francisco Gil Díaz, Luis Ernesto Derbez y Javier Usabiaga, respectivamente, para que expliquen a los legisladores la forma poco clara en que se expropiaron los 27 ingenios.

La fuerte crisis del campo mexicano no sólo fue el centro del debate en tribuna. En un salón contiguo, representantes de una veintena de productores agrícolas agrupados en el Frente Nacional para la Defensa del Campo Mexicano, exigieron a los senadores intervenir para cambiar la política gubernamental hacia el agro, revisar el TLC y frenar las importaciones masivas de maíz, trigo, piña, leche, lácteos y otros alimentos, o de lo contrario habrá estallidos sociales.

Sesión sorpresiva

Parecía que la sesión de ayer sería de mero trámite y que el panista César Jáuregui -quien la presidió en ausencia de Fernández de Cevallos- la sacaría sin mayor problema. El PRI había puesto en la agenda el tema azucarero y el presidente de la Comisión de Agricultura, Lauro Díaz Castro, fue a la tribuna para cuestionar la forma sorpresiva en que el gobierno determinó expropiar 27 ingenios.

El priísta expuso que debió haber empezado por exigir de manera más resuelta a Estados Unidos que cumpla con los compromisos signados en el TLC en materia de azúcar, pues desde octubre del año pasado estaban obligados a permitir la entrada sin arancel de todo el excedente del dulce mexicano.

Sin embargo, "da la impresión de que resultó más fácil y menos comprometido para el gobierno mexicano acudir al decreto expropiatorio para no lastimar los intereses de Estados Unidos". Propuso luego un punto de acuerdo para citar a comparecer a los secretarios que tienen que ver con el problema.

El senador Rodimiro Anaya expresó a nombre del PRD respaldo a la propuesta priísta, señaló que su fracción estará pendiente para evitar "un nuevo Fobaproa que cargue a los mexicanos las facturas que son responsabilidad de unos cuantos empresarios y funcionarios corruptos"

La respuesta del PAN la dio el sinaloense Joaquín Montaño Yamuni. Sostuvo que el gobierno actuó bien, ya que el propósito de la expropiación fue "rescatar una industria de la que dependen 2 millones y medio de mexicanos, que se encuentra en la crisis más severa de su historia, con una deuda total de los empresarios azucareros de 25 mil millones de pesos con instituciones gubernamentales y la banca de desarrollo, así como otros 120 mil millones de pesos para pagar a los productores de caña".

El PRI, sin embargo, siguió remachando y por medio de la senadora tamaulipeca Laura Alicia Garza dijo que al parecer en esa decisión de privatizar los 27 ingenios hay intereses del gobierno foxista para favorecer a otro grupo de empresarios, algunos de ellos presumiblemente extranjeros.

La legisladora resaltó que se busca proteger los intereses de empresarios afines al gobierno, como la refresquera Coca Cola, que consume fructosa, frente a la Pepsi, que emplea sólo caña de azúcar y que forma parte del Grupo Caze de Enrique Molina Sobrino, a quien le expropiaron varios ingenios.

Gerardo Buganza, el panista veracruzano que sabe también mucho de la industria, subió a la tribuna para tratar de frenar las críticas. Insistió en que los industriales a los que el gobierno quitó los ingenios, sólo se dedicaron a sangrar la industria azucarera, "a ordeñarla", y señaló que una medida adicional de Fox debe ser obligar a que se respete el TLC, ya que Estados Unidos no ha cumplido con las cuotas de importación de azúcar mexicana. Para el 2001, explicó, significarían 530 mil toneladas del dulce que no han adquirido.

Genaro Borrego lo interrumpió para preguntarle si estaba planteando que en aras de que se cumpla el TLC se dejen sin efecto las "cartas paralelas". Buganza dio entonces una amplia explicación, señaló que esas cartas, signadas por los entonces secretarios de Comercio de México y Estados Unidos, Jaime Serra Puche y Michael Cantor, donde se establece la obligación de comprar los excedentes de azúcar, no fueron avaladas por el Senado de la República.

Y mientras Adalberto Madero daba cifras sobre los malos manejos de Molina Sobrino, y otros oradores del PRD subían a tribuna, la fracción priísta cabildeaba. Finalmente el senador José Bonilla Robles presentó un punto de acuerdo para "dejar sin efecto" esas "cartas paralelas", y "se establezca un panel que analice y corrija esa anomalía" en torno al azúcar, como punta de lanza para revisar el resto de los productos perjudicados por el TLC.

El panista Zermeño trató de evitar que la propuesta se votara "de urgente y obvia resolución", es decir, que se le diera trámite inmediato, y pidió que se turnara a comisiones para analizarla a fondo. "Es un asunto al que no se le debe dar largas", le replicó Bonilla Robles. Y Buganza, el legislador blanquiazul que dio la idea a los priístas, demandó esperar a fin de determinar "qué implica para el Ejecutivo una declaración del Senado en esos términos y cómo repercutirá en la negociación comercial entre ambos países.

"¿Qué no somos un súper Senado? ¿Qué no es nuestra función revisar los tratados y hacerlos respetar?", preguntó Bonilla y remató: "La solución del problema la tenemos nosotros". Ante el azoro de Zermeño, casi la mitad de la bancada panista aprobó el punto de acuerdo para hacer mayoría con priístas y perredistas.

También en el Senado, los integrantes del Frente Nacional para la Defensa del Campo Mexicano, constituido por organizaciones de productores de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, fueron recibidos por los senadores Leticia Burgos, del PRD; Jeffrey Jones, del PAN, y Jorge Doroteo Zapata, a quienes les demandaron que la Cámara de Senadores intervenga para que se frene la importación masiva de granos, oleaginosas y frutas que ha llevado a la ruina a los mexicanos.

"Perdónenme que se los diga, señores senadores, pero lo que el gobierno está haciendo a campesinos y ejidatarios es una chingadera", soltó Luis Alfonso Valenzuela, de una organización del Valle del Yaqui. Hubo el compromiso de los legisladores de apoyarlos y tramitarles, de entrada, una cita con el secretario de Gobernación, Santiago Creel.