JUEVES Ť 6 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť El ex dictador mantiene fuero parlamentario: juez
Rechazan detención preventiva a Pinochet por la Operación Cóndor
ENRIQUE GUTIERREZ CORRESPONSAL
Santiago, 5 de septiembre. El juez chileno Domingo Kokisch rechazó hoy dar orden de recluir en detención preventiva con fines de extraditar contra el ex dictador Augusto Pinochet, a solicitud de la justicia argentina, en el contexto de Operación Cóndor.
Kokisch argumentó en su resolución que Pinochet mantiene el fuero parlamentario en su calidad de senador vitalicio, por lo que no corresponde acceder a esa petición. Agregó que el desafuero que se aplicó al ex dictador el año pasado es sólo para efectos del caso Caravana de la muerte -que ejecutó a 75 opositores en el interior del país tras el golpe que encabezó en 1973- por lo que aún goza de inmunidad en cualquier otra causa que se le siga.
El juez argentino Rodolfo Canicoba, quien investiga la Operación Cóndor, un plan organizado por los régimenes militares de Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina en los años 70, pretende juzgar a Pinochet como jefe directo de la disuelta Dina, la policía secreta de la dictadura chilena y responsabilizarlo por todos los actos cometidos por dicha entidad.
El presidente Ricardo Lagos, por otra parte, negó hoy que su próxima gira a Europa encubra una intención de no estar en Chile para el 11 de septiembre, cuando se cumplen 28 años del golpe de Estado de 1973.
"Mi visita al exterior... es simplemente para aprovechar el tiempo. Suponer que el presidente está preocupado de pasar tal día en tal parte, por favor, me parece un buen chiste", dijo Lagos precisando que el 11 durante el día estara en Portugal, y sólo en la noche llegará a Londres.
Sobre los incidentes del Día de la Unidad Nacional, que el lunes cobraron la vida de un estudiante de 15 años que murió por una herida de bala y de un obrero que murió arrollado por un auto que trató de evadir pedradas de manifestantes, Lagos opinó que "la unidad no se establece por decreto, cuando hay situaciones que dividen a los chilenos, no tiene mucho sentido mantenerlas", es mejor "derogar aquello que en un instante se pensó que podía servir", en alusión a leyes de amnistía que beneficiaron a violadores de los derechos humanos.
En manifestaciones del lunes y martes se levantaron barricadas en Santiago y sus alrededores por parte de miles de personas que exigían castigo a las atrocidades cometidas durante el régimen pinochetista. La policía chilena informó hoy que se redoblará la vigilancia de aquí al día del aniversario del golpe para evitar nuevos actos de violencia.
A todo esto, diversos organismso sociales y de derechos humanos comenzaron una campaña denominada "caravana por la vida y la justicia", en memoria de las víctimas de la Caravana de la muerte.
En otro asunto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó a nombre de este organismo la pena cadena pepetua para seis militares, entre ellos un ex general y un ex coronel, autores del asesinato del líder sindical Tucapel Jimenez, en 1982.
Los acusados del asesinato son el ex mayor Carlos Herrera Jimenez; el ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, el general en retiro Arturo Alvarez Scoglia; el coronel Victor Pinto Pérez; el comandante Maximiliano Ferrer Lima y los suboficiales Miguel Letelier Verdugo y Manuel Contreras Donaire. Como cómplices están acusados el capitán Miguel Hernandez Oyarzo; el mayor Juan Carlos Arriagada; el dentista militar Jorge Leon Alessandrini y el soplón Julio Olivares.
Como encubridores aparecen mencionados el ex Auditor General del Ejército, Fernando Torres Silva; el ex abogado de ese organismo, coronel Enrique Ibarra; el jefe de operaciones de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), Alvaro Corvalan Castilla; el ex director de Inteligencia Militar, Hernán Ramirez Rurange, y el ex oficial Hernán Ramírez Hald, quien se retiró del ejército en octubre pasado tras ser sometido a proceso por este caso.