jueves Ť 6 Ť septiembre Ť 2001

Pierre CharasseŤ

Globalización: terreno para la delincuencia trasnacional

La criminalidad trasnacional organizada, la delincuencia financiera y la corrupción ocupan desde hace algunos años el primer plano de la actualidad de numerosos países. Gran número de reuniones internacionales aborda estas cuestiones, ya se trate de tráfico de droga, armas, seres humanos, delincuencia financiera, cibercriminalidad... El término "criminalidad trasnacional organizada" define de manera muy amplia un extenso campo de actividades ilegales, desde las más tradicionales hasta las más sofisticadas, pero también una "zona gris" de la economía, cuyo carácter lícito o ilícito es difícil de establecer jurídicamente, incluso si todo indica que las cantidades de dinero en juego, con frecuencia colosales, han sido indebidamente adquiridas.

Si la criminalidad ha existido siempre, lo nuevo en el contexto de la mundialización de los intercambios y flujos financieros es que el marco jurídico nacional o local se ha vuelto inadaptado para reprimir los delitos que tienen dimensión trasnacional, ya sea porque se produjeron en el territorio de varios Estados (como el tráfico de droga, de seres humanos...), ya sea porque los productos de la actividad ilícita se inyectan en los circuitos de la economía mundial gracias a los mecanismos de lavado de dinero.

La reacción de la comunidad internacional

La comunidad internacional se vio confrontada a principios de los años 80 con el aumento del narcotráfico, con un desarrollo espectacular del consumo de drogas tradicionales o sínteticas en los países industrializados. La ley del mercado funcionó perfectamente, pues la oferta se adaptó rápidamente a la demanda.

En 1998 Naciones Unidas adoptó la primera gran convención internacional de alcance universal para luchar contra esta plaga. Este texto es innovador desde varios puntos de vista, en especial cuando prevé la incriminación del delito de lavado de dinero. Los países del G-7, reunidos en 1989 en la Cumbre del Arco de París, consideraron que la liberalización de los intercambios no debería dejar la vía libre al desarrollo de la economía criminal. Se establecieron entonces medidas preventivas (en especial la obligación de los Estados de crear unidades de información financiera encargadas de recibir las "declaraciones de sospecha" de los bancos, para señalar las transacciones financieras sospechosas). El Grupo de Acción Financiera (Gafi), que reúne a los países de la OCDE, se creó en aquella ocasión para garantizar la puesta en marcha de una respuesta organizada de las principales potencias económicas del mundo.

A partir de los años 90, la caída de la URSS y del bloque socialista dio lugar a una transición brutal de la economía planificada a un capitalismo salvaje, en parte controlado por grupos mafiosos que se entregaron de lleno a una verdadera depredación económica en nombre de la libertad emprendedora, y disfrutaron plenamente los vacíos jurídicos creados por los cambios de régimen y del contexto internacional del liberalismo económico. La criminalidad trasnacional organizada se convertía a partir de entonces en un fenómeno mundial, sin fronteras. Existencias considerables de armas, que se volvieron inútiles, debido al fin de la guerra fría se esparcieron en las regiones del mundo en conflicto, particularmente en Africa, a cambio de diamantes, petróleo u otros bienes preciosos.

En 1995 la ONU organizó un importante congreso en Nápoles para reflexionar en las respuestas a la mundialización de la criminalidad. Los jefes de Estado de los países del G-7, reunidos en la Cumbre de Lyon de 1996, decidieron crear un grupo de trabajo para fortalecer su cooperación sobre estas cuestiones. Por su parte, la ONU terminó en diciembre de 2000 la negociación de la primera convención internacional contra la criminalidad trasnacional organizada (Convención de Palermo) y de tres protocolos adicionales sobre el tráfico de migrantes, seres humanos y armas. En julio de 2001 se llevó a cabo en la ONU la primera conferencia internacional sobre el tráfico de armas ligeras y de pequeño calibre. El objeto de estos esfuerzos internacionales consiste en fijar las reglas internacionales para establecer nuevos mecanismos de cooperación entre los Estados.

La actividad diplomática ha sido muy intensa durante estos últimos años. La mayor parte de las organizaciones internacionales (ONU, UE, OTAN, OCDE, OEA, OUA, Consejo de Europa, BM, FMI, OIT, OMC...) aborda estas cuestiones tratando de fijar marcos para una "regulación" de la mundialización que haga compatibles la libertad de transacciones económicas y la seguridad. Las grandes potencias mundiales, miembros del G-7 (o G-8 con la incorporación de Rusia), siguen desempeñando un papel de primer plano en la búsqueda de soluciones que, por lo mismo, son con frecuencia el reflejo de los intereses del mundo occidental. A gran número de Estados medianos o pequeños les cuesta trabajo seguir el ritmo intenso de las negociaciones internacionales que movilizan equipos cada vez más grandes de especialistas, juristas, economistas, diplomáticos.

ƑSe puede hablar de un fenómeno "gobal"?

Frente al desarrollo de numerosas formas de delincuencia, de las más violentas a las más sofisticadas, es preciso evitar la tendencia a la simplificación. Ciertos especialistas trataron de medir el impacto de la criminalidad en la economía mundial. Las estimaciones (entre 2 y 5 por ciento del producto mundial) dan idea del tamaño, pero la verdad es que resulta imposible medir con precisión transacciones que por definición son ocultas o están disimuladas. Circulan cifras fantasiosas, pero carecen de gran interés, a menos que se utilicen para sensibilizar a la opinión pública o para alimentar la prensa sensacionalista. A esta imposibilidad de aprehensión "global" se añade la extraordinaria heterogeneidad de los actos de delincuencia, desde el crimen sangriento clásico hasta la ingeniería financiera mafiosa de alto nivel o la cibercriminalidad. Resulta evidente que todos los actos cometidos al margen de las leyes tienen efectos variables, de acuerdo con los países, y no se pueden adicionar unos a otros.

Conviene también interrogarse sobre el concepto de "nueva amenaza" elaborado por ciertos especialistas: de acuerdo con esta concepción, a la amenaza militar, en especial nuclear, que realzaba la importancia del bloque comunista sobre el mundo occidental, le ha seguido una nueva amenaza igualmente peligrosa y ligada a la criminalidad trasnacional. Francia no comparte esta visión minimizada de una realidad compleja, en particular porque da la imagen de un mundo occidental próspero y "víctima" de la criminalidad importada de regiones del mundo políticamente inestables o susceptibles de crisis económicas o conflictos. Ahora bien, como responsables y víctimas se encuentran en todo el planeta, no se debe satanizar a ninguna región, a ningún país. La negociación de la Convención de Palermo puso en evidencia la voluntad común de todos los países de luchar en contra de la criminalidad trasnacional, pero también las diferencias de percepción entre los países industrializados, los países en transición y los países en desarrollo. De esta negociación surgió claramente que las causas socioeconómicas de ciertas formas de criminalidad (como la explotación de migrantes o el tráfico de mujeres y niños) no podían abordarse únicamente con respuestas evasivas propias del derecho penal. Estamos en el centro de problemas que el subdesarrollo, la vida precaria, la marginación, pero también la exaltación del dinero plantean al mundo entero, en un contexto en el que, bajo la presión del mercado y de actores no estatales, el papel de los Estados tiende a desaparecer y en las fronteras son cada vez más permeables.

La dimensión internacional de la corrupción

Ligada a la criminalidad, la corrupción se ha vuelto tema de preocupación en numerosos países, incluyendo los desarrollados. La cuestión apareció en las instancias internacionales a mediados de los años 90, por varias razones. Los cambios surgidos en Europa del este en un contexto de transición caótico y jurídicamente vago permitieron el desarrollo de prácticas de corrupción en gran escala que antes eran propias de ciertos países en desarrollo, al grado de provocar temor entre los inversionistas, incluso entre los menos preocupados sobre las condiciones de la firma de contratos. En los mismos años de la era poscomunista, los países desarrollados vieron cómo sus contribuciones a la ayuda pública para el desarrollo se estancaba o disminuía y comenzaron a mostrarse más atentos a las condiciones de utilización de los financiamientos internacionales, por parte de ciertos países particularmente afectados por prácticas de corrupción en gran escala. Por su parte, las empresas confrontadas con una competencia sin piedad en un mundo cada vez más competitivo llegaron a la conclusión de que el pago de cantidades "por debajo del agua" podía convertirse en un obstáculo más que en una ayuda en la negociación de ciertos contratos. Finalmente, en la mayor parte de países los ciudadanos han tomado conciencia de los daños causados por la corrupción, de las consecuencias nefastas de ésta sobre el civismo y la democracia, y exigen hoy día más transparencia de las administraciones y del poder político. Fue así como los países miembros de la OCDE firmaron un convenio en 1997 para prohibir a las empresas pagar cantidades "por debajo del agua" en las negociaciones comerciales internacionales.

Resulta claro que el problema de la corrupción es, ante todo, una cuestión que afecta a cada sociedad en lo más profundo. Las soluciones sólo pueden ser nacionales (reformas políticas, económicas, mejor repartición de la riqueza...). La cooperación internacional interviene cuando las posibilidades ofrecidas por la mundialización hacen imposible las soluciones en un marco estrictamente nacional. Este es el caso, por ejemplo, de la repatriación de fondos ilícitos producto de la corrupción, cuando se colocan en bancos extranjeros, o cuando se trata de pedir la extradición de un prófugo acusado de corrupción en su país. Se deben fijar reglas para que la ayuda judicial entre los Estados funcione de manera que no haya escapatoria posible para aquéllos que se han enriquecido en detrimento de su país.

Pero es importante que la lucha internacional contra la corrupción no desemboque en injerencias políticas o se utilice como arma de guerra económica entre empresas. La base de toda cooperación internacional es la definición precisa de infracciones reconocidas por todos los Estados, que permita una verdadera ayuda judiciaria. Pero el mundo es complejo y toda la encrucijada de las negociaciones futuras consistirá en encontrar pasarelas entre los diferentes sistemas jurídicos (esencialmente entre países de derecho continental y los países del common law), con respeto a las culturas políticas y jurídicas de cada uno. El peligro reside en que la lucha contra la corrupción se convierta en instrumento de presión política de los países más poderosos, que tratarían de imponer su propia visión de la democracia como única solución, desconociendo los contextos locales y el peso de su desarrollo. Habría en este método una tentación imperialista que el ministro francés de Relaciones Exteriores, Hubert Védrine, ha denunciado en varias ocasiones: Occidente no debe partir en cruzada contra el resto del mundo en nombre de cierta visión de la democracia y de los derechos humanos. No tiene que dar ninguna lección a nadie. El debate sobre los criterios para condicionar la ayuda al desarrollo es complejo.

La ONU entabló la negociación de una convención internacional de lucha contra la corrupción que permitirá a todos los Estados participar en la elaboración de normas jurídicas comunes compatibles con las especificidades de cada uno. En particular se planteará la cuestión de la evaluación de la corrupción en los diferentes países. La clasificación de países, del menos al más corrupto, efectuada sobre bases totalmente subjetivas por parte de ONG cuya legitimidad y representatividad son discutibles, es inaceptable. Este método es humillante para pueblos enteros y puede conducir al aislamiento de países que más necesitan ayuda. Francia privilegia en un marco intergubernamental los mecanismos de evaluación mutua, a cargo de varios países, efectuados sobre bases transparentes e indiscutibles.

La mundialización está lanzando numerosos desafíos a los Estados. Estos deben contribuir a la organización de un mundo que respete los principios de libertad, incluyendo la económica, pero garantizando al mismo tiempo la seguridad de los ciudadanos. La lucha contra la criminalidad y las nuevas formas de delincuencia es ahora y más que nunca competencia de los Estados: la cooperación internacional, que se ha vuelto indispensable debido a la integración de la delincuencia en la economía mundial, sólo tendrá sentido si se basa en mecanismos jurídicos cuyo fundamento sólo pueden ser Estados que asumen plenamente sus funciones reales de policía y justicia.

Francia y México, que comparten la misma preocupación de defensa de sus identidades y de sus valores en el contexto de la mundialización, pueden aportar una contribución esencial en el análisis de estos nuevos desafíos y en la búsqueda de soluciones realistas.

Ť Embajador de Francia, responsable de Cooperación Internacional contra la Criminalidad Trasnacional Organizada y la Corrupción