MIERCOLES Ť 5 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Los incriminados, vinculados a la Operación Cóndor, son investigados en Argentina
Familiares de 12 desaparecidos durante la dictadura en Uruguay demandan a ex militares
Ť Si en Montevideo no pueden ser procesados, deben ser extraditados, según querellantes
STELLA CALLONI CORRESPONSAL
Buenos Aires, 4 de septiembre. Familiares de 12 uruguayos desaparecidos en Argentina en 1976 presentaron hoy en Montevideo una demanda penal contra ex militares y policías del régimen castrense que se impuso en Uruguay en 1973, involucrados en la Operación Cóndor, la coordinadora criminal entre los regímenes militares del Cono Sur.
Los incriminados, varios de los cuales han sido requeridos por los jueces que investigan el Plan Cóndor en Argentina, son los ex militares y ex policías José Nino Gavazzo, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Jorge Silveira, José Ricardo Arab, Ricardo José Medina, Hugo Campos Hermida, Juan Manuel Cordero, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente y José Felipe Sande.
La demanda también alcanza a todos aquellos que resulten involucrados en las "desapariciones forzadas" del bebé Simón Riquelo, así como de Gerardo Gatti, María Emilia Islas, Carlos Rodríguez, Cecilia Trías, Washington Cram, Ary Cabrera, Juan Pablo Errandonea, Juan Pablo Recagno, Alberto Mechoso, Rafael Lezama y Andrés Bellizzi.
Los delitos invocados son la privación de libertad, sustracción y retención de menores y asociación para delinquir, según informaron a La Jornada miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la PIT-CNT (Central de Trabajadores de Uruguay).
La demanda presentada incorpora información que ha salido a la luz en los últimos años sobre la Operación Cóndor, y explica que los desaparecidos fueron privados de su libertad en Argentina en el contexto de esa acción y que "hoy siguen siendo víctimas de un delito aberrante", como es el caso de los niños apropiados por los secuestradores.
Estos -dicen los familiares en su presentación- "se niegan a aportar la información necesaria para dar con su paradero y esa contumaz, atroz y torturante negativa constituye uno de los elementos esenciales de su acción criminal".
La demanda contiene el relato de cada una de dramáticas desapariciones, y sustenta que "la privación de libertad de las víctimas, que se extiende desde 1976 hasta hoy, encuadra en la noción de delito de lesa humanidad".
Los querellantes señalan que el Estado "está obligado a combatir esos delitos basándose en las normas de derecho internacional que deben ser cumplidas y que transforman en nulo cualquier tratado que esté en su oposición".
Desde 1986, un año después del regreso de la democracia, rige en Uruguay la ley de caducidad, que perdonó a los represores de la dictadura.
También se menciona que "en caso de que el Estado no pudiera juzgar a los autores de delitos de lesa humanidad, es su deber extraditarlos", dentro del esquema de que la comunidad internacional "acepta la jurisdicción universal como consecuencia necesaria de la existencia de crímenes contra la humanidad".
La conclusión a la que se llega es que el Estado uruguayo no cumplió con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 1992 aconsejó "la adopción de las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el periodo de facto".
Asimismo, la "Comisión para la Paz" conformada por el actual gobierno, no ha logrado hasta el momento el esclarecimiento de los hechos ni la individualización de los responsables, interpretándose "que la conducta criminal sigue ocurriendo".
De 139 uruguayos desaparecidos que cita un informe de PIT-CNT, la mayoría son plagios que ocurrieron en Argentina, entre ellos varios niños.