miercoles Ť 5 Ť septiembre Ť 2001

Luis Linares Zapata

El inasible pacto

De manera similar a como la economía del país no ha tocado fondo en su caída, los acuerdos políticos de base tendrán que seguir flotando asidos de grandilocuentes llamados presidenciales antes de que haya visos de discutirlos en serio. Tiempo adicional tomará dotarlos de viabilidad. La sociedad mexicana, profundamente dividida por clases, ingresos, regiones, razas o por actitudes ante la vida, condiciona a los partidos que responden a esas realidades. Llegar a un acuerdo requiere hablar y pactar en asuntos cruciales: justicia y equidad. Justicia para que se acerque, día a día, la práctica del estado de derecho y se pueda responder ante la ley en igualdad de circunstancias. En equidad para que las distintas oportunidades estén al alcance de cualquiera. O que, al menos, se trabaje con rigor en la tendencia hacia la inclusión de todo ciudadano en el disfrute del desarrollo.

Pero de esos enunciados, por generales y generosos, no se disiente ni pueden constituir la materia de los acuerdos. El problema emerge en cuanto se llega al segundo escalón que los explicita, los hace operables y los califica en sus particularidades. Aquí y ahora la libertad en la democracia, la justicia y la equidad remiten a temas y acuerdos concretos, precisos, como la llamada ley indígena, la revisión integral de la Constitución -que no es otra que la reforma del Estado-, a la reforma fiscal, la comisión de la verdad y, en menor escala, pero también trascendentes, a la reforma eléctrica y a las modificaciones a la ley del trabajo, entre otras minucias adicionales.

Así, la equidad toma cuerpo y movimiento en la trama que las leyes fiscales deben tener para que el costo de financiar al gobierno no se recargue en el magro ingreso de las mayorías depauperadas. Para que les permita una vida digna o, mientras ello se obtiene, pueda detenerse la continuada erosión en sus condiciones de vida. Esto obliga a formular acuerdos entre partidos y sociedad para que no se concentre más el ingreso y la miseria disminuya como un punto de partida. No como resultado de los programas de combate a la pobreza (copeteado famoso), el egoísmo de la filantropía o el voluntarismo altruista, sino como resultante del empleo remunerador, los precios de los productos o servicios (públicos y privados) y el ordenamiento justiciero de los demás factores que inciden en el proceso productivo: inflación, ahorro, subsidios, intereses, migración, tratados comerciales, inversiones, distintas tecnologías o capacitación. Así entendida, la reforma fiscal tendría que ser reformulada para dar cabida y desatar un proceso de redistribución que siga esos cruciales pormenores y no pretenda imponer una línea de pensamiento y práctica que a muchos daña en beneficio de unos cuantos.

Para pactar no puede imponerse un punto de vista que responda a los intereses y rituales consagrados que perpetúan las disparidades y las exclusiones. Ello implica trabajar, en muchos órdenes, en sentido contrario a las formas y maneras tradicionales de hacer las cosas. Se lleva demasiado tiempo concentrando el ingreso, sacando del mercado a millones y sumiendo en la miseria a otros tantos con similares o idénticos programas hacendarios como el que Fox envió al Congreso. Reformular la propuesta es condición indispensable para que los partidos participen en los acuerdos y para que la sociedad pueda respaldarlos con sus actos, opinión y votos. Recalar en los pagadores de siempre no hará otra cosa que acentuar el castigo a las capas poblacionales que ya lo sufren e imposibilitar la negociación y el arreglo de fondo, tal y como se solicitó, de nueva cuenta, en el Congreso.

El actual es un gobierno que, como la sociedad, está dividido. El tono empleado por Fox en su Informe reconoce parte de esta realidad. El Presidente llegó a rendir cuentas con las manos vacías, atribulado por su cara experiencia de que la simpatía popular no es la palanca privilegiada para la gobernación y el cambio prometido. La respuesta de Paredes reclamó, con mesura que presagia anuencia para la transacción, su corresponsabilidad, como partido y Congreso, en el diseño del Estado. Esta división partidaria y de poderes requiere de la participación de todos los implicados. Es un punto básico hasta hoy no reconocido a cabalidad. No obstante, se pretende seguir dictando la línea a seguir desde el poder burocrático, en los medios masivos y desde los centros de interés que de ello se benefician. De continuar con tal postura, Fox y el PAN dejarán con muy pocas posibilidades al PRI y al PRD para entrarle con su parte al llamado. La ley indígena es ejemplar de los acuerdos parciales entre facciones partidarias. Las pretendidas modificaciones constitucionales se achicaron en sus alcances y reivindicaciones y están siendo peleadas en la Suprema Corte de Justicia por innumerables actores y afectados. Las incomprensiones panistas a reconocer en toda su amplitud las distintas autonomías junto a los atavismos de los líderes y hasta campesinos del PRI (CNC), que les cercenaron el ser sujetos de derecho público y la titularidad sobre sus territorios, llevó al proceso legislativo a chocar con una parte sustantiva del Estado: sus pueblos indios. ƑQué pacto puede hacerse con tantos millones de mexicanos fuera de los derechos que reclaman? Sobre todo cuando ellos, con precisión inaudita, son los que integran el grueso de la miseria y la exclusión. El pacto, para constituirse como piedra angular de todo un proceso transformador de la República, tiene que navegar sobre la participación activa de la sociedad con todos sus matices, partes y ambiciones. De no ser así se caerá en los estira y afloje permanentes, en los inicios con futuro incierto y en las crisis recurrentes. Los avatares de la incipiente democracia que nos rodea.