Ť Fueron interpuestos por cuatro comunidades

Bloquean jueces del DF amparos contra la reforma indígena

Ť Ni siquiera han acordado si admiten o no esos recursos

Ť Al recibirlos, debían haber resuelto si procedían o no

ROSA ROJAS

Los jueces que recibieron los amparos de cuatro comunidades indígenas del Distrito Federal contra la reforma constitucional en materia indígena, el pasado viernes 31 de agosto, ni siquiera habían acordado --hasta ayer-- si admiten o no estos recursos, ''cuando por ley estaban obligados a acordar al respecto el mismo día, y a determinar la suspensión de los actos reclamados'', aseveró el asesor de la Alianza de Pueblos Indígenas, Ejidos y Comunidades del Anáhuac, Carlos González.

Indicó que de acuerdo con el artículo 233 de la Ley de Amparo, cuando se trate de actos que puedan tener por efecto la privación de bienes agrarios los jueces deben suspender el acto reclamado ''de oficio y de plano'', en el mismo auto en que admitan la demanda o en el caso de que hagan una ''prevención'' (que puede llevar a solicitar alguna aclaración o trámite adicional al quejoso), otorgar la suspensión debido a que se trata de un amparo agrario.

González informó que el amparo interpuesto por San Mateo Tlaltenango lo tiene el juez segundo de distrito en materia administrativa, Miguel Angel Zelonka; el juez noveno, Alvaro Tovilla León, tiene el de San Nicolás Totolapan; el juez décimo formó el expediente 778/2001, y envió una prevención a Milpa Alta, pero sin admitir la demanda ni conceder la suspensión, en tanto que la solicitud de amparo de San Francisco Tlalnepantla está radicada en el juzgado tercero, donde no se sabe todavía qué juez llevará el caso: María Alejandra de León González o Anastasio Ochoa Pacheco.

Los jueces en cuestión ''tenían que haber resuelto de inmediato, porque los actos reclamados del Presidente de la República, el secretario de Gobernación, el Congreso de la Unión y los congresos estatales que aprobaron la reforma constitucional en materia indígena reducen sus derechos ya consagrados en la Constitución, y los pueblos quejosos corren el peligro de ser privados de sus tierras, montes y aguas'', enfatizó el dirigente de la Alianza de Pueblos Indígenas.