La expropiación, por razones de utilidad pública de 27 ingenios -y que representan casi la mitad de la industria azucarera en el país- pareciera marcar el fin del ciclo de expropiaciones, privatizaciones y rescates en que se ha visto envuelta buena parte de las industrias y las empresas de servicios en el país. A fines de los años 30, con el petróleo, se abrió un largo periodo de expropiaciones que culminó, en 1982, con la banca. A raíz de la llegada al poder de Miguel de la Madrid, en ese año, se inició una etapa contraria, guiada por los postulados neoliberales de adelgazamiento del Estado, en la cual se privatizó casi la totalidad del sector público de la economía: sólo Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se salvaron de la lógica de traspasar a manos privadas las propiedades de la nación.

Los bancos, las líneas aéreas, las carreteras y los ingenios, entre otras empresas privatizadas, no tardaron en hacer agua, ya fuera por la ineptitud administrativa de los nuevos propietarios, por su corrupción, por las subsecuentes crisis en las que los últimos gobiernos priístas arrojaron al país o por una combinación de esos tres factores. Llegaron, entonces, los inmorales programas gubernamentales de salvamento y rescate, por medio de los cuales se transfirió a particulares cuantiosas sumas del erario. La más escandalosa de esas operaciones fue, sin duda, el Fobaproa -más tarde, IPAB, gracias a las habilidades de simulación de los legisladores panistas-, un proceso de saqueo masivo de las arcas nacionales que, de no corregirse, seguirá siendo un enorme lastre para la economía durante muchos años. Al cabo de una década, y salvo contadas excepciones, los problemas en los segmentos privatizados del sector público han echado por tierra el dogma de que los empresarios privados son, por principio, administradores más eficaces y probos que el Estado.

En el caso de los ingenios, éstos fueron adquiridos mediante créditos estatales por quienes hasta ayer fueron sus propietarios. Los nuevos empresarios azucareros, en lugar de explotar adecuadamente tales industrias, optaron por depredarlas y saquearlas, hasta dejarlas en el punto de bancarrota que hizo impostergable la expropiación de la mitad de ellas.

Dejando de lado la paradoja de que haya sido un gobierno marcadamente pro empresarial el que ha debido recurrir al instrumento de expropiación, ésta resulta, sin duda, una medida adecuada en la perspectiva de iniciar un rescate real de la industria azucarera nacional y de empezar a resolver el explosivo problema social generado por la voracidad de los empresarios expropiados.

En este espíritu, resulta necesario que la administración pública de los 29 ingenios observe, por un lado, una estricta transparencia, a fin de no repetir la escandalosa conversión de deudas privadas en públicas y de dineros públicos en privados; por el otro, cabe esperar que el gobierno, como nuevo patrón y socio de los trabajadores cañeros, dé muestras de sensibilidad social, atienda y solucione, a la brevedad, las justas reivindicaciones de los cañeros y desactive, de esa forma, una de las más significativas señales de alarma de las muchas que se presentan en el agro en el momento presente.