MARTES Ť 4 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť En 10 días decidirán en Buenos Aires si lo procesan
No supe ni sospeché de irregularidades sobre venta de armas, declara Cavallo
AP, DPA Y REUTERS
Buenos Aires, 3 de septiembre. El ministro argentino de Economía, Domingo Cavallo, declaró hoy ante la justicia federal que "no conocí ni sospeché ninguna irregularidad" en decretos sobre ventas de armas que firmó la pasada década, cuando integró el gobierno del ex presidente Carlos Menem, y que posibilitaron el contrabando de material bélico a Croacia.
Según medios locales, el ministro contestó durante tres horas las 40 preguntas del juez Julio Speroni, negó cualquier responsabilidad en el escándalo, puesto que confió en que el destino de las armas eran el precisado en los decretos, y se mostró "incómodo" por haber comparecido en calidad de imputado.
El ministro no hizo declaraciones a la prensa, pero en un comunicado dijo haber explicado al magistrado que "en esos decretos no se hizo más que repetir las previsiones que desde 1984 contienen los decretos de ventas de armas" y que "hasta 1995 no conoció ni sospechó ninguna irregularidad que se proyectase o se hubiese ejecutado".
Los decretos, firmados por Menem y varios de sus entonces ministros, entre ellos el neoliberal Cavallo, establecían que unas 6 mil 500 toneladas de municiones, fusiles, cañones y pólvora estaban destinados a Panamá (que no tiene ejército) y Venezuela, cuando en realidad fueron a parar a Croacia y Ecuador.
Speroni tiene a su cargo una investigación paralela a la que realiza su colega Jorge Urso, quien en junio pasado dispuso la detención y procesamiento de Menem, como presunto jefe de una asociación ilícita, y además, emprendió una investigación sobre del destino de los cien millones de dólares obtenidos en la venta.
El magistrado --quien ya procesó al ex ministro Erman González y al jefe del ejército Martín Balza por esa causa- cuenta ahora con un plazo legal de diez días para decidir la situación de Cavallo, quien se presentó ante el juez sorpresivamente y sin que la prensa tuviera conocimiento de la situación. Si decide procesarlo, el juez deberá pedir el desafuero del funcionario, por el cargo que ocupa.
Por otro lado, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, y el subsecretario de Comunicación, Juan Pablo Baylac, denunciaron este lunes supuestas maniobras para establecer una conducción "paralela" a la del presidente Fernando de la Rúa, en la que involucraron a sectores del partido oficialista Unión Cívica Radical y de la oposición peronista de la provincia de Buenos Aires.
"Cuando se habla de quién puede ser el próximo ministro de Economía o quién puede ser jefe de gabinete (tras las elecciones legislativas de octubre), se está opinando sobre decisiones exclusivas del presidente", dijo Bullrich, mientras que Baylac sostuvo que sectores de la UCR y del peronismo de la provincia de Buenos Aires "tiene una visión de unidad tratando de construir una suerte de caballo de Troya".
El grueso de la UCR responde al líder partidario, el ex presidente Raúl Alfonsín, quien ha criticado la orientación económica neoliberal del gobierno así como el cambio de funcionarios radicales por allegados de Cavallo en importantes puestos económicos.