EXPROPIACION AZUCARERA

Ť Gil Díaz responsabiliza a "gobiernos anteriores" de propiciar el desorden del sector

Los 27 ingenios intervenidos, "un hoyo negro financiero" para el presupuesto federal: SHCP

Ť Se negoció con créditos públicos para favorecer a empresarios que ordeñaron el dinero

Ť Los adeudos que asume la administración foxista serán cargados a fondos de Sagarpa

VICTOR CARDOSO Y ROBERTO GARDUÑO

Los 27 ingenios azucareros expropiados se convirtieron en "un hoyo negro financiero" para el presupuesto federal, sostuvo el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien responsabilizó a gobiernos anteriores de haber autorizado la privatización de esa industria con un "alto riesgo moral" porque se negoció con créditos públicos para favorecer a empresarios dedicados a "ordeñar" el negocio en su beneficio particular.

La confirmación del proceso expropiatorio ocurrió en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos y estuvo a cargo de los secretarios Francisco Gil, Javier Usabiaga, Francisco Barrio y Luis Ernesto Derbez de Hacienda, Agricultura, Contraloría y Economía, respectivamente, quienes explicaron los fundamentos de la decisión del presidente Vicente Fox Quesada, porque de no haber sido así se habría incurrido en "una enorme irresponsabilidad del gobierno".

El último acto de expropiación avalado por un decreto presidencial ocurrió el primero de septiembre de 1982, cuando José López Portillo nacionalizó la banca. Pero los últimos actos de esa naturaleza, sin que se llegaran a reconocer como expropiatorios, fueron la intervención de 11 instituciones bancarias que pasaron a ser administradas por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y después la "recuperación" de las autopistas concesionadas.

Con lo que ocurrió ayer surge la interrogante: si el valor de los activos es "tremendamente" menor a los pasivos, ¿con recursos de quién se van a pagar los adeudos que asume el gobierno con el acto expropiatorio?, plantearon los reporteros a los funcionarios, y sólo se respondió: "pensamos que vamos a recuperar entre 90 y 95 por ciento del valor de los activos, porque no es propiamente un gasto, sino un adelanto en un proceso productivo" que va a ser cargado al presupuesto de la Sagarpa como deuda, pero "dentro del tope de endeudamiento, no vamos a violar el tope de endeudamiento".

El costo, entre mil y 3 mil mdp

El saneamiento de los 27 ingenios tendrá un costo de entre mil y 3 mil millones de pesos, aunque para recuperarlos se buscará hacer efectivas las garantías personales que los accionistas de los ingenios entregaron por adeudos a la Secretaría de Hacienda, al IMSS, a la Comisión Nacional del Agua, al FIRA y a algunas instituciones de la banca privada.

Entre los argumentos que los funcionarios colocaron sobre la mesa destaca el deteriorado valor de los activos de los ingenios, porque es "extremadamente" menor al monto de las deudas contraídas por los propietario privados: "Dudo mucho que al final del proceso tengamos que pagarle algo a algún accionista de estos ingenios. Por el contrario, buscaremos que paguen sus adeudos", adujo Francisco Gil.

Javier Usabiaga informó que el presidente Vicente Fox giró instrucciones a las secretarías de Agricultura y de Hacienda para "constituir una entidad paraestatal que cuente con una administración profesional, eficaz, honesta, y cuyo objetivo sea el manejo de los bienes expropiados. Dichas acciones se harán respetando los derechos de los trabajadores de las empresas, en términos de la legislación laboral".

Larga reunión preparatoria

Una vez que la noticia corrió como reguero de pólvora entre los distintos sectores del país, los secretarios Gil, Usabiaga, Barrio y Derbez abandonaron el despacho del presidente Fox, donde sostuvieron una larga reunión para establecer la estrategia gubernamental ante la citada expropiación.

Pasadas las 13 horas, los cuatro llegaron al salón Adolfo López Mateos, donde rindieron una amplia explicación. Usabiaga advirtió que de continuar las cosas como hasta ayer "existen altas probabilidades de que un cierto número de ingenios con un fuerte porcentaje de participación en la producción del país no cuenten con los recursos necesarios para la reparación de las fábricas que garanticen el eficaz y oportuno procesamiento de más de 20 millones de toneladas de caña" de la zafra que se inicia en noviembre próximo.

El encargado de la Sagarpa adelantó que la PGR mantiene las líneas de investigación para identificar aquellas operaciones irregulares de las empresas acusadas de propiciar el hoyo negro en la asignación de recursos públicos. Y por añadidura, explicó Usabiaga, la expropiación representa un "deslinde de las decisiones erróneas del pasado".

De las investigaciones que fincó la PGR contra algunos de los ahora ex propietarios de los ingenios, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, puntualizó que las indagatorias tienen que ver con las exportaciones que fueron una simulación, porque se proporcionaron documentos falsos relacionados con transportes inexistentes, corrupción de funcionarios de adunas y de algunas secretarías de Estado.

"Lo que está en este momento en el trámite jurídico por parte de la PGR involucra a diversos actores, tanto del sector público como del sector privado", dijo Gil Díaz.

Los responsables del "riesgo moral"

De esa afirmación que concierne al ámbito judicial, el titular de la Secretaría de Hacienda explicó los porqués de la expropiación. Primero las deudas, la ausencia de liquidez y la irresponsabilidad gubernamental en "administraciones anteriores":

"No solo están involucradas las deudas con Finasa (Financiera Nacional Azucarera); también hay deudas cuantiosísimas con la Comisión Nacional del Agua, deudas con Hacienda, deudas con el IMSS, en algunos casos con bancos y deudas con tenedores de papel en el extranjero. La cantidad de deuda excede con mucho el valor de los activos de la mayor parte de estos (27) ingenios...

"Los ingenios no sólo tienen un problema de liquidez, también tienen un problema de solvencia. Y en esta circunstancia hubiera sido una enorme irresponsabilidad del gobierno seguir aportando recursos; no se podía responsablemente estar aportándole dinero a este hoyo negro financiero".

Los malos manejos de los gobiernos federales anteriores también salieron a flote, porque, "se plantea un reordenamiento, una restructuración de esta parte de la industria, que está con activos depreciados, con falta de inversión en los últimos años, con ingenios que están en pésimas condiciones, lo cual es muy fácil de entender porque la mayor parte fueron privatizados mediante préstamos que el propio gobierno le otorgó a los compradores de estos ingenios. Se privatizaron desde el principio con un riesgo moral muy importante, entendido como el que tuvieron los accionistas, toda vez que no aportaron patrimonio propio, lo aportaron en muy pequeñas cantidades y se dedicaron a ordeñar estos negocios. Esta era una situación que no podíamos permitir que continuará", argumentó Gil Díaz.

El encargado de la hacienda federal reconoció que "sí hay una responsabilidad del gobierno", porque privatizó dentro del citado riesgo moral. "Lanzar los ingenios a gente del sector privado, que no aportó capital, sino en su mayoría simplemente utilizó créditos para comprar, habla de una industria que realmente no fue privatizada, sino que se puso en manos de operadores que tenían todo el incentivo para ordeñarla".

La primera voz en la conferencia de prensa la llevó el secretario de Hacienda. No obstante, el titular de Economía, Luis Ernesto Derbez, aseguró que la expropiación de los ingenios "no representa ningún viraje" en la política económica del gobierno federal ni afectará los flujos de inversión extranjera directa al país.

Con su estilo habitual, el secretario Gil Díaz retomaba una y otra vez la palabra que le pasaba el secretario Usabiaga. Insistió en que se mantienen las investigaciones judiciales en la PGR y si surgen más irregularidades se formularán más acusaciones de las que ya se siguen contra ex funcionarios y empresarios.

Para el gobierno federal, agregó Gil Díaz, no existió otra alternativa más que la expropiación: "¿Por qué? La alternativa hubiera sido, nuevamente entregarle a un sector, a este grupo (los propietarios de los 27 ingenios), recursos que como en el pasado se han aprovechado en un porcentaje importante para ser extraídos en beneficio de los deudos, en lugar de estar apoyando al sector, es decir han estado ordeñando esos recursos en beneficio personal y no invirtiéndolos en maquinaria, en reconversión, en productividad, en producción... tenemos que hacer un corte y resolver el problema".

En relación con la indemnización a los empresarios expropiados, insistió en que los pasivos exceden "ampliamente" el valor de los activos. "Por supuesto que el decreto prevé la indemnización, pero ésta se tiene que hacer sobre bases netas. En los casos en que el valor de los activos exceda el valor de los pasivos, pues habría un pago a los propietarios, en otros casos lo que se va hacer es seguir tratando de cobrar las cantidades que se le adeudan al gobierno".

El contralor Francisco Barrio Terrazas explicó que los funcionarios suspendidos por acciones de corrupción son de niveles medios porque se detectó que ellos fueron los que firmaron "los actos de gobierno, fueron del nivel de director general, y no podemos actuar más que en contra de quien personalmente aparece como responsable de esos actos", aunque pudieran haber sido acordados u ordenados por una jerarquía superior, "eso, judicialmente no tiene ningún valor".

El secretario Usabiaga adelantó que los grupos interesados en adquirir los ingenios expropiados --cuya venta se realizará en un plazo máximo de 18 meses-- "son los azucareros que existen en México, los cuales han demostrado su interés en ampliar sus capacidad productiva".

Al cuestionarle del origen de la expropiación, el titular de la Sagarpa dijo: "Esta decisión se ha venido contemplando desde hace algún tiempo. Sin embargo, el Presidente de la República decidió esperar a que pasara su primer Informe de Gobierno para dar esta noticia, para que no hubiese otro tipo de complicaciones o interpretaciones equivocadas".