LUNES Ť 3 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

Magdalena gómez

Más de lo mismo para los pueblos indígenas y el diálogo

El pasado primero de septiembre el presidente Fox se colocó la estrellita en cuanto al proceso de diálogo y al reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas. El mensaje es claro: considera que ya lo hizo todo y en su lógica a la otra parte sólo le queda aceptar las evidencias que le presenta el poder. Qué poco conoce a los pueblos indígenas y su historia de resistencia y dignidad.

En su discurso dio cuenta de que cumplió las tres señales de paz, que han sido liberados los presos zapatistas, que el Ejército se replegó de las siete posiciones. También señaló que él envió la iniciativa que se quería al Congreso, mismo que, finalmente, aprobó la reforma constitucional.

Pero como él gusta responder a las demandas "bien copeteadas", agregó que se han puesto en marcha programas de inversiones, y hablando por el Congreso anunció que están pendientes reformas a numerosas leyes secundarias que han de adecuarse a las modificaciones. No importa que los liberados aún no sean todos ni que estén en curso denuncias de comunidades y organismos de derechos humanos sobre reacomodos militares. Generoso, como es, expresó que "en nombre del pluralismo debemos reconocer que existen voces que es necesario escuchar; mientras tanto, hay que aceptar lo que el Constituyente Permanente ha decidido como reforma constitucional". A estas alturas resulta claro que el Presidente envió al Congreso la iniciativa Cocopa sin compartirla en su sentido más profundo, por ello, no puede valorar las razones del EZLN, el CNI y de numerosas organizaciones civiles nacionales e internacionales para rechazar los contenidos de tal contrarreforma. ƑQué significará escuchar?, Ƒpermitir que hablen y protesten? ƑCómo conciliar sus apreciaciones sobre el diálogo y la contrarreforma indígena con lo que llamó su "compromiso político y moral con la causa de los indígenas, convencido de que México no podrá ser, si los excluimos; México no podrá ser si no los escuchamos; México no podrá ser si no reconocemos que todos los mexicanos y las mexicanas tenemos derecho a un espacio digno bajo nuestros cielos"?

El asunto ha demostrado ser más complejo que ese juego retórico y la clase política dominante no parece dar cuenta de ello. Si alguien duda de que el derecho indígena para su plena realización requiere una profunda reforma del Estado debe observar la trayectoria de los pueblos indígenas en la lucha por su pleno reconocimiento. Dos de los tres poderes les han dado la espalda. El alzamiento del EZLN el primero de enero de 1994, les abrió la puerta para sentarse en la mesa con los representantes del Ejecutivo federal; ahí se logró la firma de los acuerdos de San Andrés (16 de febrero 1996) y su cumplimiento requería una reforma constitucional, cuya iniciativa tardó cinco años en presentarse. Así las cosas, el Legislativo ignoró un acuerdo firmado en nombre del Estado y sacó del armario los argumentos del zedillismo para redactar su propia reforma: la Cocopa mutilada. Ahora los pueblos indígenas combinan sus estrategias políticas y de movilización con la presentación de diversas acciones ante la Suprema Corte de Justicia. El tercero de los poderes en que está dividido el Estado, el cual hasta ahora no ha dado cuenta de sus posiciones sobre los pueblos indígenas. Porque si se revisan las resoluciones de esta instancia, pareciera que se trata de otro país. Uno en que no existen los indígenas.

Preocupa el nivel tan superficial para abordar este problema; en su primer año de gobierno el Ejecutivo está llegando a la posición de Zedillo. No se planteó la mínima reflexión sobre los costos políticos y sociales de la crisis del diálogo. Con esa posición felicitó de nuevo al Congreso en cuanto a la decisión que tomó con la reforma; ni siquiera acusó recibo ante el presidente de la Corte, ahí presente, de que conoce que existen controversias constitucionales pendientes de resolución. Tanto el Ejecutivo como el Congreso y las legislaturas estatales están emplazados por el Poder Judicial y para efectos políticos el Presidente dictaminó como cosa juzgada la contrarreforma indígena.

No le fue mejor en el primer Informe a la agenda de derechos humanos: nada de comisión de la verdad ni de liberar al general Gallardo ni a los campesinos ecologistas, presos en Guerrero, ni de esclarecer el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Sin olvidar Acteal, Aguas Blancas, El Charco.

Seguramente padecemos amnesia quienes esperábamos otras posiciones. Olvidamos que la hegemonía de la clase política está representada por el PRI y el PAN, los que, al menos en estas materias, juegan juntos. Mientras, afuera de los recintos oficiales se gesta un movimiento social e indígena que teje alianzas y define estrategias sin que exista un punto de encuentro y diálogo con el Estado. Porque el mensaje de este primero de septiembre fue que el cambio no pasó por Los Pinos.