José Antonio Rojas Nieto

Estrategia energética

Por los tiempos del Informe y de la edición de nuestro diario, no ha sido posible integrar en esta nota los comentarios que en materia energética probablemente formulara el Presidente de la República en su informe de ayer. Sin embargo, por el tratamiento que durante los últimos meses le ha dado a los asuntos energéticos -petróleo y electricidad, sobre todo-, no es posible asegurar que la renovación y el cambio de gobierno hayan permitido profundizar en el debate sobre el tema energético o hayan hecho posible el rediseño de una estrategia nacional de energía que, evidentemente, debiera tener el consenso de los mexicanos. No, al menos todavía no. Ojalá y el Presidente lo formulara ayer. No lo creo; me gustaría equivocarme, entre otras cosas porque es posible -de veras que lo es- avanzar en la transformación del sector energético, tomando como base algunos elementos clave de las industrias eléctrica y petrolera en torno a los cuales pudieran construirse consensos importantes. Me referiré a tres específicos:

Primero: en tanto organismo estatal que explota los recursos de hidrocarburos de propiedad nacional y permite la captación de la renta petrolera, Pemex debe ser reconocida como empresa de servicio público, capaz de garantizar el acceso de toda la población a los combustibles y energéticos básicos -gas licuado del petróleo y combustibles para el transporte colectivo, sin duda-, pero asimismo obligada a coadyuvar en mejorar la calidad del medio ambiente, la competitividad económica y el desarrollo regional.

Similarmente, en cuanto proveedoras de un insumo fundamental para el bienestar de la población -la electricidad-, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC) deben ser reconocidas como empresas de servicio público, también con la responsabilidad de garantizar, junto con Pemex, el mejoramiento de la calidad del medio ambiente, el impulso a la competitividad económica y el desarrollo regional. El Congreso de la Unión debiera reconocer a la CFE y LF este carácter sobre la base de ratificar constitucionalmente que con la propiedad de los hidrocarburos y el estatus nacional de la industria eléctrica se garantiza el derecho de todos los mexicanos a recibir el servicio público de los combustibles y la electricidad para su bienestar.

Segundo: para ello Pemex y CFE deberán contar con la autonomía y el fortalecimiento necesarios -de gestión y financiero- responsabilizándose ante el Congreso de la Unión a presentar un plan de desarrollo industrial de mediano y largo plazos, que prevea objetivos, metas, estrategias y políticas no sólo para cumplir su cometido constitucional, sino para incrementar su capacidad de concurrir en el mercado internacional con robustez, plan que será evaluado cada tres años.

Asimismo presentarán para aprobación del Congreso una propuesta razonada sobre los ámbitos en los que se trabajará en alianza y conjunción con el capital privado nacional o extranjero. Para todo ello Pemex y CFE deberán establecer una estrategia de mediano y largo plazos de renovación tecnológica y productiva, y de fortalecimiento laboral. En particular CFE deberá someter a aprobación del Congreso la selección de tecnologías y combustibles para su expansión y la de toda la industria eléctrica, la que deberá revisarse periódicamente sobre la base de la información nueva tanto de tecnologías como de recursos energéticos nacionales.

Tercero: urge reconocer que Pemex y CFE tienen una incuestionable capacidad financiera que les permitirá soportar robustamente su expansión. Sin embargo, en ambos casos esta capacidad debe rescatarse de dos vicios terribles: el sofocamiento fiscal de Pemex y el cargo del subsidio eléctrico en el presupuesto de CFE. Esto exige una estrategia de mediano y largo plazos de liberalización financiera creciente de estas dos empresas. En cinco años Pemex debiera reducir su peso relativo en los ingresos públicos y CFE recibir el volumen de recursos gubernamentales destinados a un subsidio eléctrico racionalizado, comprometiéndose ambas empresas a impulsar un severo programa de reducción de costos que, justamente, le garantizaría más recursos a Pemex y a CFE, y abatiría de manera importante el volumen real de recursos para subsidiar a los consumidores residenciales que realmente lo requieran.

Es evidente que más puntos debieran ser parte de una nueva estrategia de desarrollo energético. Estos tres pueden ilustrar cómo es que hay posibilidad de cambios graduales que nos permitan avanzar en nuestra transformación industrial sin perder soberanía ni abandonar algo que siempre debiéramos recordar, la fortaleza que la Constitución le otorga al Estado mexicano mediante el control nacional de estas dos industrias, siempre en beneficio de todos.